Un grupo de diputados, liderado por Gaspar Rivas, presentó un proyecto de reforma constitucional para reemplazar el criterio de suelo por el de sangre en la otorgación de la nacionalidad chilena. La iniciativa, que busca frenar la "crisis migratoria" y sus impactos, exige que al menos uno de los padres sea chileno para otorgar la nacionalidad por nacimiento.
15 de abril de 2025
The Times en Español
Santiago, 15 de abril de 2025 – En medio de un contexto marcado por la inmigración y sus desafíos, el diputado independiente Gaspar Rivas, junto a los parlamentarios Agustín Romero (Partido Republicano), Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) y Sergio Bobadilla (UDI), presentó el 14 de abril de 2025 un proyecto de reforma constitucional que busca modificar los criterios para otorgar la nacionalidad chilena. La iniciativa propone reemplazar el principio de ius soli (derecho de suelo), vigente en la Constitución, por el ius sanguinis (derecho de sangre), estableciendo que, para ser chileno por nacimiento, al menos uno de los padres debe ser ciudadano chileno, además de nacer en el territorio nacional.
El proyecto surge como respuesta a lo que los parlamentarios describen como una "crisis migratoria" que, según ellos, ha generado tensiones en servicios públicos y alterado la "idiosincrasia chilena". En palabras de Rivas, Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, la reforma busca evitar que "incivilidades" como "fiestas a todo volumen hasta altas horas de la madrugada en días de semana o convertir la vereda en un quincho para asados" se integren a la cultura nacional en el futuro. "No queremos que los nuevos chilenos sean una carga para el Estado, sino un aporte a la sociedad", afirmó.
Según Rivas, estas medidas buscan garantizar que los nuevos ciudadanos compartan los valores culturales chilenos y no representen una presión adicional para los recursos públicos. "Es fundamental que quien opte a la nacionalidad chilena no solo hable el idioma, sino que entienda nuestra cultura y pueda mantenerse sin ayudas fiscales", destacó.
El diputado Agustín Romero, copatrocinador del proyecto, ilustró la motivación con una anécdota: "Unos vecinos de Quilicura me consultaban: ‘¿Cómo es posible que una persona que cruce la frontera tenga la guagua en Chile y después entre primero al Jardín Infantil, a la Sala Cuna, que mi hija?’". Romero subrayó que la reforma busca responder a las demandas de los ciudadanos que perciben una competencia desigual por servicios básicos. "Es una discusión que tenemos que abrir: ¿qué tipo de nacionalidad queremos conceder y cómo queremos que funcione nuestro país?", añadió.
Por su parte, Roberto Arroyo y Sergio Bobadilla reforzaron la necesidad de priorizar un vínculo cultural y sanguíneo con Chile. Arroyo argumentó que la nacionalidad no debería ser un "accidente geográfico", sino un reflejo de la identidad chilena. Bobadilla, en tanto, enfatizó que el proyecto es "transversal", al reunir apoyo de sectores de centro, derecha y ultraderecha, incluyendo a Republicanos, el Partido Social Cristiano y la UDI.
Contexto migratorio y controversia
Chile ha experimentado un aumento significativo de la inmigración en la última década, con un flujo notable de ciudadanos de países como Venezuela, Haití, Colombia y Perú. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2023 los extranjeros representaban cerca del 8% de la población, concentrados principalmente en regiones como Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá. Este fenómeno ha generado tensiones en servicios como salud, educación y vivienda, así como debates sobre integración cultural y seguridad.
El proyecto de Rivas y sus colegas se enmarca en un discurso crítico hacia la migración, que ha ganado fuerza en sectores conservadores. Sin embargo, la propuesta ha desatado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y expertos legales. Amnistía Internacional Chile advirtió que el cambio al ius sanguinis podría dejar a niños apátridas, especialmente a hijos de migrantes indocumentados que no puedan acreditar la nacionalidad de sus países de origen. "Esto contravendría tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que Chile ha ratificado”.
El proyecto fue ingresado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, donde comenzará su discusión en las próximas semanas. Dado que se trata de una reforma constitucional, requiere un quórum de dos tercios en ambas cámaras (Cámara de Diputados y Senado) para ser aprobada, lo que plantea un desafío significativo en un Congreso fragmentado. Analistas estiman que, aunque la iniciativa cuenta con apoyo en sectores de derecha, podría enfrentar resistencia en el centro y la izquierda, especialmente por sus implicaciones en derechos humanos.
El diputado Rivas, consciente de las críticas, defendió la propuesta como una respuesta a las demandas ciudadanas. "Más allá de lo que digan algunos sobre derechos humanos o discriminación, esto es lo que los chilenos están reclamando. Representamos a nuestros votantes, y ellos quieren un país ordenado, con una nacionalidad que refleje nuestra identidad", afirmó.
El proyecto de reforma constitucional presentado por Rivas, Romero, Arroyo y Bobadilla refleja una corriente global de endurecimiento frente a la migración, pero su enfoque basado en el ius sanguinis plantea serios interrogantes éticos y prácticos. Si bien los parlamentarios buscan responder a preocupaciones legítimas sobre la presión en servicios públicos y la integración cultural, el lenguaje utilizado –que tilda ciertas costumbres de "incivilidades"– y la idea de que los migrantes son una "carga" refuerzan estereotipos que dificultan un debate constructivo.
El cambio al criterio de sangre, lejos de resolver los desafíos migratorios, podría agravar problemas como la apatridia y la exclusión social, afectando especialmente a niños nacidos en Chile que quedarían sin nacionalidad. Además, la exigencia de "pruebas fehacientes" de conocimiento cultural para la naturalización introduce un nivel de subjetividad que podría derivar en arbitrariedades. En un país con una historia de migración diversa, desde los europeos en el siglo XIX hasta los latinoamericanos en la actualidad, esta propuesta parece desentenderse de la riqueza que la pluralidad ha aportado a la identidad chilena.
El verdadero desafío para Chile no radica en restringir la nacionalidad, sino en diseñar políticas migratorias integrales que combinen control fronterizo con integración efectiva. Proyectos como este, aunque populistas, corren el riesgo de polarizar aún más a la sociedad y desviar la atención de soluciones estructurales. La discusión en el Congreso será una prueba de fuego para medir si Chile opta por la inclusión o por un nacionalismo excluyente.
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