Felipe Olivares Vergara
Chile enfrenta hoy una de sus crisis más profundas y, sin embargo, más silenciosas: el desplome de la natalidad. Mientras la agenda pública se concentra justificadamente en las urgencias de seguridad y crecimiento, los datos demográficos nos advierten que el futuro del país se está estrechando. En este escenario, el hecho de que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, haya definido como prioridad el apoyo a la maternidad, abre una ventana necesaria para elevar el nivel de una discusión que es, ante todo, una cuestión de Estado.
Las cifras del INE ofrecen una radiografía ineludible. En 2024 se registraron apenas 154.441 nacimientos, situando la tasa de fecundidad en 1,03 hijos por mujer. Es el nivel más bajo de nuestra historia, muy lejos del umbral de 2,1 necesario para el reemplazo generacional. Como ha planteado el antropólogo Pablo Ortúzar, este fenómeno no se explica exclusivamente por el costo de vida, sino por un cambio cultural hacia una "estrategia de inversión intensiva" en el individuo. Bajo esta lógica, si el éxito requiere una preparación total y competitiva, postergar o descartar la familia aparece como la única decisión racional para no arriesgar las expectativas profesionales.
Sin embargo, a este diagnóstico cultural debemos sumar barreras estructurales que hoy asfixian cualquier proyecto familiar. La precariedad en el empleo juvenil y las dificultades de acceso a la vivienda actúan como muros infranqueables para quienes desean dar el paso. Por ello, aunque el apoyo a la maternidad es un paso indispensable, el éxito de cualquier política pública depende de una pieza que aún no termina de encajar: la corresponsabilidad efectiva. En su momento, liderazgos como el de Soledad Alvear desde el Servicio Nacional de la Mujer ayudaron a instalar una agenda clave de autonomía y protección. El desafío hoy es ampliar ese legado incorporando con decisión al padre en la ecuación. No se trata solo de un discurso de equidad, sino de una necesidad práctica para que la crianza deje de ser un sacrificio que penaliza casi exclusivamente la trayectoria de la mujer.
Para que formar una familia en Chile deje de ser un acto de heroísmo personal, necesitamos cambios de fondo. Desde mi perspectiva, esto requiere una agenda interministerial liderada por las carteras de Mujer, Hacienda y Trabajo que garantice el acceso universal a salas cuna y fortalezca los mecanismos de conciliación laboral efectiva. Un paso audaz en esta dirección sería implementar un plan piloto de permiso postnatal no renunciable y no transferible del padre de, por ejemplo, ocho semanas. Diseñado bajo un modelo de financiamiento solidario que no traslade el costo a las pymes, un piloto de este tipo permitiría generar evidencia y normalizar que el cuidado es una tarea compartida. Solo rompiendo la inercia cultural y legal que hoy aísla al hombre del cuidado inicial, podremos generar un entorno donde la decisión de tener hijos sea vista como un proyecto viable y no como un riesgo para el desarrollo individual.
Si estamos discutiendo las prioridades que definirán las próximas décadas, la pregunta es ineludible: ¿seremos capaces de construir las condiciones para que volver a creer en la familia sea posible? Al final del día, una política de natalidad bien entendida no es solo una ayuda a los padres; es la hoja de ruta para asegurar la viabilidad de nuestra sociedad en el largo plazo.
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