El 7° Juzgado de Garantía de Santiago admite querella por fraude en licencias médicas falsas

Santiago, Chile – En un fallo que podría definir la lucha contra el fraude al fisco, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago admitió el 27 de mayo de 2025 una querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón. Este caso, que trata sobre la falsificación y el mal uso de licencias médicas, fue impulsado por un informe de la Contraloría que reveló un escándalo masivo: 25.078 funcionarios públicos realizaron 59.575 viajes al extranjero mientras estaban en licencia médica, generando un perjuicio económico que podría alcanzar los 3.000 millones de dólares.

Marco del Escándalo: Un Informe Revelador

El informe de Contraloría, publicado en mayo de 2025, expuso un esquema organizado de fraude que involucraba datos del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Según el análisis, un impactante 69% de las licencias cuestionadas fueron emitidas por Fonasa, mientras que el 31% restante correspondió a isapres. El promedio de días de reposo incumplidos fue de 17,7 días.

Casos Impactantes

Los detalles se tornan aún más alarmantes al conocerse que entre los 25.078 funcionarios, había 125 que realizaron entre 16 y 30 viajes al exterior durante sus licencias, y 51 que superaron los 31 viajes. La situación se agravó con la participación de 250 médicos del sistema de salud pública que supuestamente utilizaron licencias fraudulentas para laborar en clínicas privadas, comprometiendo aún más la atención en el sistema de salud pública.

Investigación de la Fiscalía Metropolitana

La Fiscalía Metropolitana Oriente, bajo el liderazgo del Fiscal Nacional Ángel Valencia, ha abierto una investigación de oficio para identificar responsabilidades penales tanto de funcionarios como de médicos involucrados. Además, tanto la Corte Suprema como el Ministerio Público han comenzado indagaciones internas, y la Contraloría ha decidido ampliar su fiscalización para incluir también los viajes realizados dentro de Chile.

El Rol de Luis Mariano Rendón

Luis Mariano Rendón ha asumido un papel central en este proceso. Con una trayectoria vinculada al activismo en derechos humanos y la probidad, su querella se basa en el artículo 239 del Código Penal (que tipifica el fraude al fisco) y el artículo 111 del Código Procesal Penal. La motivación de Rendón no es solo castigar a los responsables, sino también fortalecer los mecanismos de control para prevenir futuros fraudes. “La salud pública es un pilar de la democracia,” enfatiza, destacando que el uso indebido de las licencias compromete gravemente los recursos destinados a los más vulnerables.

Impacto en la Confianza Ciudadana

Este escándalo ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones públicas. La abogada Lilia Jerez, académica de la Universidad de Santiago, explicó que el mal uso de licencias constituye una violación de la probidad administrativa, lo que puede acarrear severas sanciones. “El incumplimiento del reposo médico vulnera el derecho de Fonasa e isapres a fiscalizar,” subrayó.

Expertos como Sebastián Pavlovic, exsuperintendente de Salud, han criticado la falta de inversión en sistemas de fiscalización, mientras que el exministro Álvaro Erazo aboga por modernizar los controles que aseguran tanto el uso efectivo de los recursos públicos como el respeto al derecho al descanso de los trabajadores honestos.

Medidas Propuestas para Prevenir Futuros Fraudes

En respuesta a la crisis, el Gobierno ha promulgado una ley que endurece las penas para aquellos médicos que emitan licencias médicas fraudulentas, además de implementar un registro digital unificado que permita cruzar datos en tiempo real entre Fonasa, isapres y la PDI, con el objetivo de prevenir futuros abusos.

Análisis Político: The Times en Español

Desde la perspectiva política, el escándalo de las licencias médicas falsas revela una crisis estructural en la gestión pública chilena. Este caso pone de relieve no solo los fallos en la fiscalización, sino que también desafía la ética pública en un contexto donde la salud pública ha enfrentado críticas por su precariedad. La acción de Rendón para forzar la admisión de la querella demuestra el potencial de la sociedad civil para exigir transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, también pone de manifiesto la lentitud del sistema judicial chileno para abordar cuestiones de probidad.

Políticamente, el Gobierno se enfrenta a un reto considerable. Deberá equilibrar la implementación de sanciones con la necesidad de recuperar la confianza ciudadana que ha sido severamente comprometida. Aunque la creación del Comité Nacional de Ausentismo y los sumarios administrativos son pasos en la dirección correcta, son insuficientes si no se acompañan de reformas estructurales más profundas. Por su parte, la oposición ha tratado de aprovechar el escándalo para criticar la gestión del Gobierno, pero hasta el momento sus propuestas han carecido de soluciones concretas más allá de la presentación de querellas adicionales.

Del lado del periodismo, este escándalo tiene la capacidad de resonar con el sentimiento de justicia social de la población. La narrativa que expone la corrupción de funcionarios públicos y médicos al abuso de un sistema creado para proteger a los trabajadores conecta con una ciudadanía que enfrenta listas de espera y carencias en el acceso a la salud pública. La querella de Rendón, al centrarse en defender los recursos estatales, enmarca el caso como una lucha por la equidad, un tema particularmente relevante para audiencias preocupadas por la justicia social.

La querella de Luis Mariano Rendón, admitida por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, representa un punto de inflexión en la lucha contra el fraude en el sistema de licencias médicas. Este caso no solo busca castigar a los culpables, sino también fortalecer la transparencia y proteger la salud pública, fundamentos cruciales de la democracia chilena. A medida que avanza la investigación, será vital la presión ciudadana y mediática para asegurar que este asunto no quede en el olvido, reafirmando la necesidad de responsabilidad y honestidad en la gestión gubernamental.