Victor Manuel Arce Garcia
Las negociaciones entre los trabajadores del sector público y el gobierno para el reajuste salarial de 2026, junto con el bono de término de negociación, continúan sin resolverse. Iniciadas el 26 de noviembre, las discusiones han puesto de relieve un tema clave: el reajuste de salarios en un contexto económico incierto, que afecta tanto a empleados públicos como a la administración actual.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), representante de los empleados públicos, presentó un pliego con sus demandas, entre las que destaca un incremento salarial real del 2%. Este aumento debería sumarse a la inflación anual, actualmente en un 3,4%, lo que llevaría el reajuste total a aproximadamente 5,4%. Además, solicitan un bono de término de negociación de $300,000 para quienes ganan hasta $987,000 líquidos, y $200,000 para quienes superen esa cifra.
En la última jornada de negociaciones, el gobierno propuso un reajuste en dos etapas que incluye un aumento real, pero omite el bono de término de negociación. Esto ha generado descontento entre los empleados, quienes sienten que las ofertas del gobierno, aunque abordando aspectos laborales como la jurisdicción de tribunales del trabajo y las condiciones de teletrabajo, no satisfacen sus necesidades inmediatas.
El proceso de negociación sigue en marcha, con una próxima reunión para discutir temas no económicos, como la estabilidad laboral. Los trabajadores esperan que sus exigencias se tomen en cuenta de forma seria y prioritaria. La culminación de estas negociaciones será fundamental, especialmente en un año electoral, ya que impactará tanto a los salarios como al futuro del empleo público en el país.
La ciudadanía y el sector público observan con atención cómo se desarrollan estas conversaciones, que no solo determinarán las condiciones laborales, sino que también reflejarán el compromiso del gobierno con un enfoque progresista en su último año de mandato.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
