Victor Manuel Arce Garcia
La Fundación Defendamos la Ciudad, liderada por su Director Ejecutivo Jorge Bustos, presentará este lunes 20 de octubre a las 11 hrs una solicitud formal ante la Contraloría General de la República. La finalidad es solicitar una auditoría independiente sobre los procesos tarifarios eléctricos desde 2017 y establecer la legalidad de los decretos supremos emitidos sin el proceso de Toma de Razón entre 2017 y 2024.
La solicitud se basa en antecedentes técnicos que evidencian un grave error metodológico en el cálculo de tarifas por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Este error, relacionado con la duplicación del ajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC), ha generado un sobrecosto estimado de 115 millones de dólares, impactando a millones de consumidores.
Además, se destaca que la Ley N.º 21.185, promulgada en noviembre de 2019, consolidó una deuda tarifaria basada en cálculos incorrectos, sin la exigencia de auditorías previas. Se argumenta que la falta de Toma de Razón en los decretos tarifarios emitidos durante este periodo constituye una irregularidad que podría invalidar dichos actos administrativos.
La Fundación solicita a la Contraloría:
La Fundación Defendamos la Ciudad reafirma su compromiso con la transparencia institucional y exhorta a las autoridades a actuar con urgencia ante este error que afecta directamente el patrimonio de millones.
El problema de los errores tarifarios eléctricos no es nuevo, pero su magnitud y consecuencias han llevado a la Fundación a actuar. Desde 2017, el sistema tarifario presenta deficiencias que ponen en riesgo la economía de las familias. Con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores, la Fundación invita a la ciudadanía a permanecer informada sobre estos eventos.
Los errores en los cálculos han derivado en pagos injustos por parte de los usuarios, con un sobrecosto que, como se mencionó, supera los 115 millones de dólares. Esta situación ha generado desconfianza en un sistema que debería ser transparente y justo.
Expertos en derecho administrativo han señalado que la falta de Toma de Razón podría generar la nulidad de varios de estos decretos. Como indica el abogado especializado en energía, "un acto administrativo sin el respaldo necesario carece de legitimidad y puede ser impugnado".
Es imperativo que se implementen soluciones efectivas. Una correcta regulación y auditoría puede restaurar la confianza en el sistema. Las voces de los consumidores deben ser escuchadas, y es vital que se realicen cambios desde las entidades competentes.
La Fundación Defendamos la Ciudad no solo busca justicia para los consumidores, sino también un cambio estructural que evite que errores similares se repitan en el futuro. La situación actual demanda atención y acción por parte de las autoridades para restablecer la confianza en el sistema eléctrico.
¿Qué es la Toma de Razón?
Es un proceso administrativo que valida decretos y actos, asegurando que cumplen con la ley.
¿Cómo afectan estos errores a los consumidores?
Generan un sobrecosto económico que se traduce en tarifas más altas de lo que deberían pagar.
¿Qué puede hacer un consumidor afectado?
Puede presentar reclamaciones ante las autoridades correspondientes, exigiendo la revisión de su factura.
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