Partido Comunista crítica decisión del Tribunal Calificador de Elecciones que excluye a su líder del padrón electoral, lo que frena su candidatura a diputado.
12/09/2025
Irmina Herrera
La reciente decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de inhabilitar a Daniel Jadue como candidato a diputado ha generado una fuerte respuesta del Partido Comunista de Chile (PC). La medida se tomó tras una denuncia presentada por el abogado de Renovación Nacional (RN), Marcelo Brunet, quien alegaba que Jadue debería ser excluido debido a su formalización en el caso Farmacias Populares.
El fallo, tomado en un contexto de división, ha sido calificado por el PC como una violación de los derechos humanos de su líder. En un comunicado, el partido enfatiza que "no se están respetando los derechos humanos de Daniel Jadue" y que la decisión se basa en "un acto administrativo del Ministerio Público" que carece de un juicio formal y condena.
La reacción del PC refleja una creciente tensión entre el partido y sectores de la oposición, específicamente la derecha chilena. Desde el PC, se afirma que "la derecha ha demostrado que le teme al veredicto popular", sugiriendo que el temor a enfrentar a Jadue en las urnas está impulsando a la oposición a recurrir a instancias judiciales para eliminarlo del circuito electoral.
Jadue, que había sido presentado como un candidato fuerte en las próximas elecciones, ahora se enfrenta a un futuro incierto. Aunque no existen canales judiciales dentro de Chile para apelar esta decisión, el PC no descarta la posibilidad de que su líder busque asistencia en organismos internacionales. En su comunicado, el partido subrayó que "respetan el orden institucional que nos rige" pero reafirmaron su apoyo a Jadue en su derecho de "recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
La situación se complica en un contexto electoral donde la figura de Jadue ha alcanzado prominencia. Este episodio subraya una dinámica política agitada, donde las decisiones judiciales y la política parecen entrelazarse de maneras cada vez más complejas.
La controversia en torno a la candidatura de Daniel Jadue no es un hecho aislado. En los últimos años, Chile ha experimentado una transformación política significativa, marcada por la búsqueda de cambios en el sistema y la lucha por mayores derechos sociales. Jadue, un destacado exalcalde de Pudahuel, ha sido un defensor de reformas profundas en el sistema de salud y políticas sociales, lo que lo ha ganado tanto adeptos como detractores.
La oposición a Jadue ha utilizado este tipo de estrategias para apuntalar una imagen de inestabilidad política y de falta de ética en los líderes de izquierda. Sin embargo, sus partidarios creen que este tipo de ataques buscan limitar la voz de quienes representan a las comunidades más vulnerables de Chile.
Enfocados en responder a la situación actual, varios líderes del PC han hecho hincapié en que "es inadmisible que se utilicen estrategias judiciales para influir en el proceso electoral". La frase resalta una crítica profunda hacia el uso de la ley como herramienta para deslegitimar a candidatos populares, en un contexto donde se espera que las decisiones sean tomadas por el electorado y no por los tribunales.
La respuesta del PC también incluyó un llamado a la solidaridad y la movilización de las bases, apuntando a que "el pueblo debe ser quien decida". Este llamado a la acción refleja la urgencia con que el partido contempla la situación, intentando reactivar el respaldo popular en favor de su figura más visible, que ahora enfrenta serias barreras.
A medida que se desarrolla este conflicto, los ojos de la ciudadanía están puestos en las posibles repercusiones. La decisión del Tricel no solo afecta a Jadue, sino que podría sentar un precedente peligroso para otros candidatos en situaciones similares. Se avecinan decisiones complicadas y tensiones adicionales en el contexto electoral que se avecina.
Si bien el PC asegura que explorará todas las vías legales posibles para revocar esta decisión, la comunidad política se mantiene atenta a la evolución de los acontecimientos. La cuestión de hasta qué punto la judicialización de la política será aceptada seguirá siendo un tema de análisis y discusión en los públicos y privados debates chilenos.
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