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Una comisión sugiere disolver la Secretaría General de Gobierno para reducir el gasto fiscal en un contexto de crisis económica.
07 de septiembre de 2025
Elena Carvajal
Santiago, Chile – En medio de una creciente presión por parte de la ciudadanía y diversas instituciones, una comisión de expertos ha propuesto la eliminación de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), un ministerio clave en la actual administración de Gabriel Boric. Esta medida busca no solo simplificar el gasto fiscal, sino también reestructurar funciones que podrían resultar redundantes en tiempos de crisis económica. Sin embargo, el Ejecutivo se ha mostrado cauteloso ante cambios tan radicales en la recta final de su mandato.
Convocada por el Ministerio de Hacienda, esta Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público ha elaborado un conjunto de 34 iniciativas orientadas a ahorrar hasta US$2 mil millones anuales, un recorte que representa aproximadamente el 0,6% del PIB. El informe, presentado el 5 de septiembre de 2025 al ministro de Hacienda, Mario Marcel, destaca el déficit fiscal y el aumento exasperante de la deuda pública como factores críticos que demandan reformas urgentes.
La deuda pública en Chile ha alcanzado el 42% del PIB, y los expertos subrayan que el aumento de la población de edad avanzada conllevará un incremento significativo en los costos de salud y pensiones, haciendo que la optimización de recursos sea imperativa. Entre las propuestas que han suscitado debate se encuentra la sugerencia de transferir las funciones de la Segegob al Ministerio del Interior, lo que se argumenta permitiría "reducir costos de coordinación y simplificar la administración".
En el ámbito de la educación, el informe propone focalizar la gratuidad universitaria en estudiantes vulnerables y establecer límites de edad para acceder a estos beneficios. Asimismo, se recomienda revisar la operación del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y la Fundación Prodemu, con el objetivo de integrar estas entidades en organizaciones existentes como el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). Se estima que estas medidas podrían alcanzar un ahorro cercano a $590 mil millones.
En el sector salud, la recomendación incluye la modernización de la gestión hospitalaria y la optimización de compras de insumos a través del sistema ChileCompra. Según el informe, el gasto en gratuidad superó los $2 billones en 2024, con proyecciones de un crecimiento real del 129% para 2029. Se enfatiza la necesidad de una focalización socioeconómica, argumentando que "los recursos deben ser dirigidos hacia los sectores que realmente los necesitan".
Fundada en 1973, la Segegob ha sido adaptada a la democracia y se encarga de coordinar la comunicación del Ejecutivo, así como de promover la participación ciudadana. Actualmente, bajo el liderazgo de Camila Vallejo, el ministerio cuenta con un presupuesto de $27.863 millones, además de otros $11.905 millones dirigidos al Consejo Nacional de Televisión (CNTV).
En términos de personal, la Segegob emplea a 482 funcionarios, con un gasto en salarios que asciende a $16.982 millones anuales. La Secretaría de Comunicaciones (Secom) y la División de Organizaciones Sociales (DOS) son dos de sus divisiones principales, encargándose de la vocería y de promover consultas ciudadanas, respectivamente.
Críticas han surgido en torno a la gestión de la Segegob, siendo denunciados casos de nepotismo y conflictos de interés, como la contratación de Fiona Bonati, quien renunció por irregularidades en licencias médicas.
Ante la propuesta de eliminación de la Segegob, el gobierno ha optado por una postura cautelosa. Camila Vallejo ha señalado que, aunque el informe cuenta con recomendaciones valiosas, no implica necesariamente la disolución del ministerio sino más bien una reestructuración de funciones. "Deben llevarse a cabo discusiones amplias antes de implementar cambios significativos", añadió en una reciente rueda de prensa.
Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, también se mostró reticente a la disolución de ministerios, argumentando que "no está dentro del programa de Gobierno", lo que refleja una tensión interna dentro del oficialismo. Esta dinámica sugiere que la recta final del mandato se caracterizará por un esfuerzo por mantener la cohesión en un ambiente político delicado y preeleccionario.
La situación económica de Chile enfrenta una serie de desafíos. Desde la pandemia y una desaceleración económica, el déficit fiscal ha crecido, estableciendo un umbral que limita la capacidad de reacción del gobierno ante crisis futuras. Los expertos advierten que, sin ajustes fiscales, el Estado podría estar al borde del colapso, como lo subrayó Sergio Granados, exdirector de Presupuestos: "Hemos llegado a un límite".
Además, el informe de la comisión reitera que es necesario revisar las exenciones tributarias pendientes y fomentar la digitalización de compras públicas como oportunidades para generar ahorros adicionales y optimizar el gasto.
La propuesta de eliminar la Segegob no solo es una cuestión de ahorro, sino que tiene profundas implicaciones políticas en un país polarizado. Disolver un ministerio liderado por una figura emblemática como Camila Vallejo podría ser interpretado como un debilitamiento del gobierno en un contexto donde la participación ciudadana y la comunicación efectiva son críticas.
Los sindicatos y organizaciones civiles han expresado su preocupación por cómo esa medida podría impactar la participación ciudadana, una inquietud que no debe ser subestimada en un periodo donde la desconfianza en las instituciones está en aumento.
El futuro de la Segegob y el conjunto de reformas propuestas por la comisión de expertos se convierten en un tema central no solo para la administración de Gabriel Boric, sino para la economía y la política chilena en general. Con varios caminos por explorar, desde una profundización en la austeridad fiscal hasta una reconfiguración institucional, el gobierno se enfrenta a buscar un equilibrio entre eficiencia y estabilidad en los meses que quedan de su mandato.
Las decisiones que se tomen no solo afectarán el ámbito económico, sino también la percepción común sobre la legitimidad y efectividad de la comunicación gubernamental en un país que aún lidia con las secuelas del estallido social de 2019.
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