Victor Manuel Arce Garcia
La diputada Marlene Pérez, representante del Biobío y miembro independiente de la UDI, ha marcado nuevamente diferencias con su partido al criticar abiertamente los beneficios que reciben los expresidentes de Chile. Durante una reciente intervención, la legisladora enfatizó que las dietas vitalicias y las asignaciones son un “privilegio inaceptable” en un contexto donde la ciudadanía clama por mayor austeridad.
Pérez no dudó en señalar que la administración del presidente Gabriel Boric contradice la narrativa que se ha sostenido sobre los "privilegios" que disfrutan ciertos sectores. "Los expresidentes deben adecuarse a los tiempos que corren. Si hablamos de beneficios, estos deberían aplicarse después de la jubilación, al igual que cualquier chileno", expuso la diputada, quien añade que debería establecerse un mecanismo que permita renunciar a la dieta vitalicia.
La parlamentaria recordó que, de acuerdo a la Constitución chilena, específicamente en los artículos 30 y 62, a los expresidentes se les otorga una renta equivalente a la de un ministro de Estado. Sin embargo, Pérez aclaró que las asignaciones adicionales que perciben no cuentan con respaldo legal.
"Las asignaciones adicionales no están regladas y no tienen habilitación en ninguna ley. Esta conclusión fue clara en la Comisión de Constitución. Ni la Ley Orgánica del Congreso ni la Ley de Presupuesto permiten el uso de fondos fiscales para estos fines", afirmó. A pesar de la falta de soporte legal, la legisladora indicó que se siguen otorgando recursos públicos a los exmandatarios, lo cual considera “fuera de norma”.
De forma contundente, la diputada expuso: "No estoy de acuerdo en que se mantengan los pagos de cerca de 10 millones de pesos en asignaciones, además de la dieta vitalicia. Esto es un despropósito, especialmente cuando la gran mayoría de los chilenos trabaja hasta los 65 años o más para conseguir pensiones modestas".
A lo largo de su discurso, Pérez subrayó que la Presidencia de la República debería entenderse como un servicio público y no como un beneficio personal. “Entiendo que hay que dar dignidad al cargo de un expresidente, pero ese aporte no debería llegar a tales extremos”, indicó, sugiriendo que quienes han ocupado estos altos cargos ya cuentan con redes y contactos suficientes.
Pérez enfatizó que, aunque es vital asegurar cierto nivel de dignidad y respeto hacia el exmandato, “un beneficio puede existir, pero no en esta magnitud. Es simplemente excesivo”.
Las declaraciones de la diputada llegan en un momento en que la población chilena enfrenta una creciente preocupación por la desigualdad y la distribución de recursos. El contraste entre los beneficios percibidos por los exmandatarios y las realidades económicas que viven muchos ciudadanos subrayan un debate esencial sobre la equidad y la justicia social en el país.
La crítica de Pérez a la rentas vitalicias de los exmandatarios se suma a un creciente clamor de la ciudadanía que exige a sus representantes más responsabilidad y transparencia, especialmente en tiempos de crisis.
En síntesis, la postura de Marlene Pérez no solo refleja una disidencia interna en su partido, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre los valores que guían a la clase política chilena en la actualidad.
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