El directorio nacional del INJPL muestra su apoyo a la jueza Roxana Varas, víctima de hostigamiento, y demanda que se garantice la autonomía judicial en Chile.
Chile15 de agosto de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
El Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local (INJPL) ha expresado su firme respaldo hacia la magistrada Roxana Varas de Caldera, quien ha denunciado haber sido blanco de hostigamiento durante años. Este acoso ha tenido consecuencias serias en su salud y en su capacidad para ejercer funciones jurisdiccionales de manera independiente.
La jueza Varas expuso su situación ante el directorio del INJPL, presentando pruebas que incluyen resoluciones favorables de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó y un informe de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), que evidencian el grave impacto que ha tenido este hostigamiento en su vida laboral y personal.
En una declaración unánime, el directorio del INJPL insistió en que el caso de la jueza Varas debe servir como un llamado de atención a las instituciones gubernamentales a fin de garantizar la independencia judicial, particularmente en los Juzgados de Policía Local.
El directorio subraya que “muchos tribunales locales operan sin los recursos suficientes o las condiciones mínimas necesarias para cumplir con su labor”. Este déficit, combinado con el comportamiento inapropiado de algunos funcionarios y usuarios, pone en riesgo no solo la dignidad de los jueces, sino también la autonomía judicial, que se erige como un pilar fundamental en cualquier Estado democrático de Derecho.
La situación de la jueza Varas no es aislada. El INJPL enfatiza que muchos Juzgados de Policía Local operan enfrentando severas limitaciones en recursos. “El actuar impropio de ciertas autoridades municipales contribuye a un ambiente donde la independencia del poder judicial se ve amenazada”, declaró un portavoz del INJPL.
En su declaración, el INJPL también denunció la “actitud persecutoria” sostenida por algunos sectores del poder político local. Este comportamiento no solo compromete la salud de la jueza Varas, sino que también infringe seriamente la separación de poderes en el país. La situación se vuelve aún más compleja al considerar que, a diferencia del sistema judicial tradicional, los Juzgados de Policía Local son administrados por múltiples entidades municipales que carecen de una regulación uniforme.
El INJPL no se ha quedado en la mera expresión de apoyo. Ha anunciado su intención de elevar los antecedentes del caso de la jueza Varas a las máximas autoridades del país, apelando para que se implementen medidas concretas que aseguren la plena independencia de los tribunales locales, conforme a lo estipulado en la Constitución chilena.
La vulneración de las garantías constitucionales y la exposición al hostigamiento sistemático son, en palabras de la institución, "inaceptables en un contexto democrático". Este tipo de presiones afectan no solo a las personas directamente involucradas, sino que también erosionan la confianza pública en el sistema judicial, vital para la cohesión social y el respeto a la ley.
La independencia judicial es un tema crucial en cualquier democracia. La reciente declaración del INJPL invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de proteger a los jueces de cualquier tipo de presión que comprometa su capacidad de decidir de manera imparcial.
La jueza Varas es un claro ejemplo de cómo el hostigamiento puede actuar como un mecanismo de control sobre la judicatura. La falta de recursos y el acoso continuo ponen en peligro el derecho de los ciudadanos a recibir una justicia justa y oportuna.
El informe de la ACHS menciona que el hostigamiento ha impactado severamente en la salud de la jueza Varas, generando un círculo vicioso donde el estrés y la presión psicológica minan su capacidad de trabajo. “Un juez que no está en plenitud de sus facultades no puede impartir justicia de forma efectiva”, advirtió un experto en derecho.
Las presiones externas pueden llevar a que los jueces actúen de manera defensiva, afectando su autonomía y, en consecuencia, la calidad de las decisiones que toman. Esto crea un ciclo perjudicial donde la falta de un ambiente de trabajo adecuado se traduce en decisiones judiciales potencialmente erróneas o sesgadas.
El respaldo del INJPL a la jueza Varas marca un hito importante en la defensa de la independencia judicial en Chile. Este caso podría sentar un precedente que inspire otras magistradas y magistrados a alzar la voz frente a situaciones similares.
El INJPL ha dejado claro que “no tolerará ningún tipo de acoso” y que todos los jueces en Chile deben ejercer su labor sin miedo a represalias o persecuciones. La promesa de llevar este asunto ante instancias superiores es un paso adelante en la búsqueda de justicia y respeto por la autonomía judicial.
La situación de la jueza Varas ejemplifica los desafíos que enfrenta la judicatura chilena. La comunidad judicial, junto con la ciudadanía, debe unirse para exigir condiciones dignas que permitan a los jueces ejercer su labor sin restricciones.
La independencia judicial no es solo un asunto de los jueces; es un derecho de todos los ciudadanos que buscan un sistema judicial eficiente y libre de influencias externas. La lucha por la autonomía de los jueces es, en última instancia, una lucha por un Chile más justo y equitativo.
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