Elena Carvajal Gorosábel
La preocupación por la infiltración de organizaciones criminales en el sistema penitenciario chileno ha llevado a diputados republicanos a solicitar la implementación de un Censo Carcelario Nacional. Este pedido surge tras la reciente detención de un líder del Tren de Aragua en Valparaíso, quien operaba bajo una identidad falsa, evidenciando la necesidad urgente de garantizar la seguridad y la integridad del sistema judicial en Chile.
En medio de un creciente desafío que representa la criminalidad transnacional, varios diputados de la Bancada Republicana, entre ellos Catalina Del Real, Stephan Schubert y Sofía Cid, han elevado sus voces al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Justicia. Su principal preocupación se centra en la presencia inquietante de grupos criminales como el Tren de Aragua, Los Espartanos y Los Pulpos, que operan sin un control efectivo de su identidad y posible involucramiento en actividades ilícitas.
"Es imprescindible que Chile adopte medidas claras y concretas para fortalecer la seguridad en nuestras cárceles y proteger a los ciudadanos", indicó Del Real.
Los diputados han propuesto un Censo Carcelario Nacional que permita verificar la identidad real de todos los internos mediante herramientas biométricas. Este enfoque abarca:
Además, se sugiere cruzar esta información con bases de datos internacionales, incluyendo Interpol y registros de países limítrofes. "Esto no solo permitirá identificar estructuras criminales operando dentro de las cárceles, sino que también será fundamental para entender el origen de los internos", puntualizó Cid.
Un caso que ilustra la problemática es el de Junior Misael Castillo Betancourt, un destacado líder del Tren de Aragua que fue detenido en Valparaíso bajo una identidad falsa. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, mencionó que se encuentran investigando "sujetos de interés similares", subrayando la urgencia de una estrategia integral para enfrentar esta situación.
La diputada Sofía Cid también ha destacado la alarmante situación en la cárcel de Copiapó, en la región de Atacama. Allí, se ha registrado un incremento en la actividad criminal vinculada a organizaciones delictivas. "Debemos saber cuántos internos son extranjeros, cuántos están en situación irregular y cuántos deberían ser expulsados del país", enfatizó.
Por su parte, Stephan Schubert, presidente de la Comisión de Inteligencia, enfatizó: "Dada la complejidad de la situación dentro de las cárceles, es fundamental contar con un diagnóstico claro sobre la composición de la población carcelaria. La falta de información sobre los internos representa un riesgo que no podemos ignorar".
El llamado a un censo carcelario se alinea con un creciente reconocimiento de la necesidad de resolver estos desafíos. Los parlamentarios esperan que el Gobierno actúe con prontitud y que se implementen medidas eficaces para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos chilenos. "Un censo sería una herramienta esencial, no solo para nuestra seguridad, sino también para la soberanía institucional", concluyó Del Real.
La propuesta de un Censo Carcelario Nacional refleja la urgencia de abordar las vulnerabilidades en el sistema penitenciario chileno. En un contexto donde la infiltración de organizaciones criminales es cada vez más prevalente, se hace imperativo que las autoridades prioricen la transparencia y la seguridad pública. A medida que este debate avanza, será crucial observar cómo el Gobierno chileno responde a estas preocupaciones, que son cada vez más relevantes en el clima actual de inseguridad y criminalidad.
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