El dictamen contó con tres votos a favor emitidos por los magistrada María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Pedro Pierry y Julio Pallavicini, quienes acogieron los argumentos esgrimidos por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -a través de un recurso de queja- que acusó a los tres miembros de la Undécima Sala del tribunal de alzada capitalino de haber cometido “falta o abuso” al confirmar la decisión del Consejo para la Transparencia en 2018.

No obstante, los ministros que votaron en contra, Sergio Muñoz y Carlos Aránguiz, precisaron que la Ley de Acceso a la Información Pública “no es posible” de relativizar ni menos sus alcances, ya que la entrega de los datos en nada afectan los intereses estratégicos de la nación.

“De modo alguno, la información que se ordena entregar con la seguridad de la Nación o con la defensa nacional, (…) se trata de antecedentes de índole administrativo que jamás podrían develar información de inteligencia (…)”, explicó Muñoz, según Radio Bío Bío.

Aránguiz, por su parte, señaló que las Fuerzas Armadas pueden y deben ser fiscalizadas “pues no existe motivo alguno que impida requerir de las mismas los antecedentes que fueren del caso, en relación a esta materia”.

El fallo de la Suprema significa un golpe al dictamen que publicó la Contraloría en julio de 2019, donde señalan que los viajes al extranjero debían ser publicados en la agenda pública, sobre todo aquellos que dicen relación con la Ley del Lobby.