Irmina Herrera
El alarmante fenómeno del grooming se ha vuelto cada vez más prominente en la sociedad digital actual. Un reciente estudio de la Defensoría de la Niñez revela que un 71% de las adolescentes en Chile ha experimentado contactos sexuales inapropiados a través de internet. Este preocupante dato subraya la urgencia de abordar la violencia sexual digital, que afecta, en especial, a mujeres jóvenes en el país.
La directora de Estudios de la Defensoría de la Niñez, Pamela Meléndez, presentó los resultados obtenidos en la "Encuesta de Polivictimización de niños, niñas y adolescentes 2023" a la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados. Durante la presentación, Meléndez enfatizó que un 47% de las adolescentes de entre 15 y 18 años y un 32% de niñas de 12 a 14 años han sido víctimas de abuso sexual digital a través de mensajes y fotos íntimas solicitadas por adultos.
Meléndez señaló que el 25% de los adolescentes de 16 años han sido contactados recientemente en línea con preguntas sexuales o intentos de chat inapropiados, una práctica que se clasifica como grooming. Esta modalidad no solo refleja una violación de los derechos de los menores, sino que también pone de relieve la necesidad de una intervención legislativa adecuada.
La encuesta resalta una importante diferencia de género: el 71% de las adolescentes reportó haber recibido estos mensajes en algún momento de su vida, mientras que solo el 15% de los adolescentes hombres experimentó lo mismo. Esta disparidad señala que las mujeres jóvenes son el grupo más afectado por estas prácticas.
Las cifras reveladas por la Defensoría son inquietantes y muestran que un 28% de las niñas y adolescentes ha sufrido acoso sexual en línea, un problema que, según Meléndez, requiere una reforma integral del Código Penal. Actualmente, la propuesta de ley busca aumentar las penas y expandir la definición de grooming para incluir cualquier comunicación sexual indeseada a menores de 14 años.
Además, se han sugerido modificaciones para abordar el embaucamiento, la falsedad de identidad y la explotación de inteligencia artificial por parte de los potenciales infractores. La Defensoría enfatiza que las empresas tecnológicas y de contenido deben colaborar en la investigación y el resguardo de evidencias de interacciones sospechosas.
El subprefecto Gerardo Raventos, jefe de la Brigada de Cibercrimen metropolitano, corroboró la creciente preocupación sobre este tipo de delitos, informando sobre la detención de 74 personas desde abril. Estas detenciones han sido cruciales en la lucha contra el material de abuso sexual infantil. Raventos también categoriza a quienes almacenan material ilícito como pedófilos, mientras que aquellos que inician comunicación con menores son considerados pederastas, una distinción vital en el campo legal.
La realidad expuesta por la Defensoría de la Niñez exige una acción inmediata no solo por parte de las organizaciones gubernamentales, sino también de la sociedad en su conjunto. La violencia sexual digital particularmente afecta a las mujeres jóvenes y debe ser abordada con la seriedad que merece.
Este fenómeno de grooming pone de relieve no solo la fragilidad de las redes de protección infantil en un contexto digital, sino que también ante un vacío legal que facilita la impunidad. La Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados ahora enfrenta el desafío de implementar cambios que beneficien a los jóvenes y fortalezcan su protección.
La falta de medidas adecuadas para sancionar estos actos delictivos puede considerarse un fracaso del estado, lo que podría repercutir en una creciente presión social sobre la política de seguridad pública. Con el aumento de casos de abuso sexual digital, la defensora de la Niñez ha planteado un llamado a la acción en el ámbito legislativo para promover un compromiso más robusto por parte de las empresas tecnológicas en la lucha contra estos delitos, donde la falta de regulación puede fomentar la impunidad.
En un mundo donde el acceso a internet se ha vuelto universal, es imperativo que los legisladores consideren no solo la reforma del Código Penal, sino también la creación de un marco regulatorio que garantice un entorno seguro para todos los menores.
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