Falta de inversión en Atacama: Diputada Cid critica al gobierno por mal uso de recursos

Copiapó, Chile — La diputada Sofía Cid Versalovic, representante de la región de Atacama, ha encendido un debate sobre la gestión de recursos públicos tras el reciente informe de la Contraloría que señala un alarmante mal uso de más de $1,5 billones en el Estado. Cid ha expresado su indignación al cuestionar cómo es posible que se pierdan tales cantidades de dinero mientras Atacama enfrenta necesidades urgentes en sectores vitales como la salud, la educación y la seguridad.

“¿Cómo explican que se pierdan $1,5 billones mientras faltan escuelas, centros de salud y seguridad?”, inquirió Cid, un llamado a la acción que resuena en una región que ha enfrentado históricamente la carencia de infraestructura básica.

Necesidades críticas en Atacama

La diputada subrayó que las deficiencias en salud y educación son visibles. “En Atacama, seguimos esperando soluciones concretas. La reparación de colegios del SLEP contempla $72.210 millones para 14 establecimientos y otros $25 mil millones para 33 centros educativos. Con una parte de los fondos mal gestionados, esas obras ya podrían estar terminadas. Los niños no pueden seguir estudiando en escuelas con techos dañados o sin servicios básicos”, destacó Cid.

El llamado de atención no solo se limita a la educación. En salud, la situación es igualmente preocupante. La construcción del Centro Oncológico de Copiapó, con un costo proyectado de más de $67 mil millones, avanza a un ritmo que deja mucho que desear, lo que retrasa la atención a pacientes que requieren tratamiento. “Con mejor gestión, ese centro ya estaría atendiendo pacientes, y podríamos haber avanzado en instalaciones similares en Vallenar o Chañaral”, afirmó Cid.

La lucha por una atención médica adecuada

Los testimonios de pacientes son desgarradores. Por ejemplo, en Chañaral, la esperada apertura de un centro de diálisis ha sido pospuesta por años. Cid recordó que algunos pacientes deben trasladarse largas distancias para acceder a tratamientos que deberían estar disponibles en su propia comunidad. “Eso también se podría haber resuelto con una fracción de estos recursos”, subrayó la parlamentaria.

Además, la carencia de servicios críticos no se detiene en la atención oncológica. La diputada mencionó la necesidad urgente de una Unidad de Angiografía en el Hospital Regional, una solicitud que ha hecho desde 2019. En lo que va del año, ya se han solicitado más de 1.500 procedimientos, y con un costo aproximado de $5.000 millones, Cid sostiene que es una inversión asequible dentro del desorden fiscal detectado. Subrayó la importancia de contar con esta unidad: “Una angiografía a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No tenerla disponible en la región es inaceptable”.

Seguridad en la región: una cuestión desatendida

La falta de seguridad también fue un tema recurrente en la intervención de Cid. En la Ruta 5 Norte, las cámaras de seguridad no están conectadas a las fuerzas de orden, lo que limita su efectividad. “Mientras en el sur hay sistemas conectados a Carabineros que han ayudado a capturar delincuentes, en Atacama seguimos con cámaras que no graban bien y no sirven en los operativos. La seguridad también es una urgencia, no un lujo”, enfatizó.

Cid propuso la implementación de equipos con tecnología de registro biométrico, como el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS). “Este sistema está siendo esperado por la PDI, y lo ideal es que esté operativo en la entrada norte de la región para realizar registros biométricos de quienes ingresan. Esto es clave para enfrentar de manera más efectiva el crimen organizado y mejorar la seguridad”, argumentó.

La diputada también se refirió a la reciente aprobación de un proyecto para dotar a la región de un helicóptero y una unidad aeropolicial, con una inversión de más de $11.000 millones. “Este helicóptero tiene que estar operando y al servicio de la región. No puede quedarse parado mientras la delincuencia avanza”, criticó Cid.

La historia de promesas incumplidas

La situación actual no es nueva para los habitantes de Atacama. En 2018, Cid estuvo al frente de una Comisión Investigadora que examinó el uso de $500 millones de dólares prometidos para la reconstrucción tras los aluviones en la región. Los hallazgos fueron alarmantes: la plata no fue trazable y no se utilizó como se había prometido. “Lo que pasó con la reconstrucción fue grave, y hoy vemos que los errores siguen. Si no se ordena el gasto público, vamos a seguir desperdiciando oportunidades para mejorar la vida de las personas”, advirtió Cid.

Propuestas para el futuro

La diputada anunció que su compromiso va más allá de las críticas. Está decidida a impulsar varias acciones desde el Congreso, que incluyen la creación de fondos regionales con trazabilidad obligatoria. También solicitó que los informes de la Contraloría se publiquen cada año, con un detalle por región y servicio. Por otra parte, propuso el desarrollo de alianzas público-privadas para avanzar en proyectos de salud, como la Unidad de Angiografía.

“Tenemos las ideas, tenemos las necesidades, y está la plata. Lo que falta es gestión y orden. No podemos seguir esperando mientras los recursos se pierden en la burocracia o la mala administración. Debemos reiniciar el Estado”, concluyó Cid.

Análisis Político

La crítica de la diputada Sofía Cid no solo se enmarca en un reclamo local, sino que pone de relieve una crisis de gestión a nivel estatal que trasciende a la región de Atacama. En un contexto donde la ciudadanía exige respuestas efectivas ante problemas tan sensibles como la salud y la educación, el papel del gobierno se vuelve aún más crucial.

Las palabras de Cid resuenan con un eco de frustración colectiva. La indignación ante la mala administración de recursos es un sentimiento que comparten otras regiones del país. A medida que avanza el tiempo, el riesgo es evidente: si el Estado no rectifica su rumbo y se compromete a una administración eficiente y transparente, el descontento social podría intensificarse, desembocando en protestas y demandas aún más urgentes.

La promesa de un gasto fiscal responsable es una expectativa que no se ha materializado. Este tipo de noticias podría dañar la credibilidad del actual gobierno y afectar su agenda política. La reconstrucción de la confianza requiere más que declaraciones; implica cambios tangibles y la implementación de un sistema que asegure que los recursos sean utilizados para mejorar la vida de las personas, no para nutrir la burocracia excesiva.

La propuesta de Cid por una mejor trazabilidad de los fondos y la creación de alianzas público-privadas puede ser una solución viable. Sin embargo, el tiempo dirá si estas iniciativas son suficiente para transformar una realidad que ha permanecido inconclusa durante demasiado tiempo.

Tribunal sobresee a Felipe Berríos por prescripción de denuncia de abuso sexual