Victor Manuel Arce Garcia
Washington D.C., Estados Unidos, – En una move audaz que combina política y economía, el expresidente Donald Trump ha revelado que más de 15.000 personas se han inscrito para obtener la tarjeta dorada, un registro migratorio exclusivo que promete residencia permanente y un camino hacia la ciudadanía estadounidense a cambio de $5 millones. Anunciada en febrero de 2025, la tarjeta ha suscitado reacciones diversas en un momento de creciente escrutinio sobre las políticas migratorias del país.
Trump celebró el interés en su plataforma Truth Social, afirmando que los fondos recaudados podrían “equilibrar nuestro presupuesto y fortalecer a Estados Unidos”. Estos fondos, estimados en $75.000 millones si se venden un millón de tarjetas, se presentan como una solución para el déficit nacional, que supera los $36,2 billones.
La tarjeta dorada sustituye al programa EB-5, que a lo largo de 30 años ofreció residencias a inversionistas extranjeros que cumplían con ciertos criterios, como la creación de empleos. La nueva iniciativa simplifica este proceso al eliminar el requisito de empleos, generando preocupaciones sobre la transparencia y el lavado de dinero. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, destacó que están diseñando el programa para atraer a “ciudadanos globales de primera clase”.
La tarjeta, decorada con la imagen y firma de Trump, es promocionada como una “green card plus”, que no solo otorga residencia, sino también privilegios fiscales para ingresos generados fuera de EE. UU. La creación de un sitio web oficial, Trump Card, ha facilitado el pre-registro, y se espera que los tiempos de procesamiento se reduzcan a dos semanas, en contraste con los 7,5 años promedio actuales.
El surgimiento de la tarjeta dorada se produce en un clima de fuertes tensiones migratorias en Estados Unidos. Mientras Trump intensifica las redadas contra inmigrantes indocumentados, la tarjeta dorada se presenta como una vía rápida para los ricos. Activistas en ciudades como Los Ángeles han criticado la iniciativa, señalando que representa un “sistema de dos niveles” donde los pobres enfrentan deportaciones mientras los ricos obtienen privilegios.
Algunos defensores argumentan que la tarjeta podría generar ingresos significativos para el país. Sin embargo, analistas como Roberto Aguilar advierten que los ingresos también podrían abrir la puerta a abusos financieros, lo que podría socavar la credibilidad del sistema migratorio.
Programas similares de visa dorada se han implementado en países como España y Portugal, aunque con resultados mixtos. España planea eliminar su programa debido a preocupaciones sobre la asequibilidad de la vivienda, un reto que podría enfrentar EE. UU. si no se implementan controles adecuados. Clara Martínez, experta en políticas migratorias, enfatiza que “el modelo de Estados Unidos podría enfrentar los mismos desafíos”, especialmente en términos de seguridad y regulación de ingresos.
Trump ha afirmado que la tarjeta dorada no requerirá la aprobación del Congreso, una afirmación que ha sido cuestionada por expertos legales. Laura Sánchez, abogada de inmigración, señala que “cualquier cambio en políticas migratorias está sujeto a intenso escrutinio legal”, lo que podría poner en jaque la iniciativa. Este enfoque también ha sido criticado, dado que parece contradecir la narrativa de “América Primero”, priorizando a los más ricos.
El lanzamiento de la tarjeta dorada por parte de Trump no solo representa un cambio en las políticas migratorias; también refleja un enfoque hacia la maximización de ingresos mientras se establece una imagen de poder económico. En un contexto de creciente desigualdad y polarización social, esta iniciativa podría ser vista como un símbolo de las contradicciones de la era Trump.
Un aspecto crítico es que la eliminación de requisitos como la creación de empleos podría socavar los beneficios reales para las comunidades locales. Además, la falta de claridadSobre el uso de los fondos recaudados genera dudas sobre si contribuirán realmente a la reducción del déficit nacional.
La tarjeta dorada pone a EE. UU. en competencia con otros países que ya ofrecen residencias por inversión, pero también expone la crítica a una política que favorece a los ricos en un momento de creciente desigualdad. Si bien los $75.000 millones proyectados por las inscripciones iniciales son significativos, su impacto a largo plazo en la economía y la cohesión social de EE. UU. es incierto.
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