La diputada Karen Medina busca crear un registro nacional de funcionarios públicos involucrados en fraudes, como respuesta a un escándalo de licencias médicas.
29 de mayo de 2025
Irmina Herrera
Santiago, Chile – En medio de un clima de desconfianza hacia la administración pública, ahondado por el reciente escándalo de licencias médicas, la diputada Karen Medina (Indep-DC) ha presentado un ambicioso proyecto de ley que propone la creación de un Registro Nacional de Funcionarios Públicos sancionados por fraude al Fisco. Esta iniciativa no solo tiene la finalidad de castigar a los responsables de delitos de corrupción, sino que también introduce un modelo de inhabilidad perpetua, mediante el cual quienes incurran en actos de corrupción no podrán volver a ocupar cargos públicos.
La propuesta de Medina surge en un momento crítico para la administración pública chilena, pues tras investigaciones recientes se han detectado irregularidades en más de 12,500 casos de uso indebido de licencias médicas, implicando a aproximadamente 8,000 funcionarios públicos. Mario Marcel, Ministro de Hacienda de Chile, ha alertado sobre esta situación, que ha sido objeto de reproche por parte de la ciudadanía. La indignación popular se hace eco en la percepción de que estos actos constituyen un abuso desmedido de recursos que pertenecen a todos los chilenos.
El uso fraudulento de licencias médicas, en ocasiones incluso para viajes al extranjero, revela una práctica deshonesta que desencadena un daño considerable a la credibilidad del Estado. Así, la propuesta de Medina toma forma como un acto necesario para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones estatales.
El objetivo principal del proyecto de ley es establecer un registro público que contenga todos los nombres de funcionarios que hayan sido sancionados, desvinculados o que hayan renunciado a sus cargos tras incurrir en conductas fraudulentas. Medina enfatiza que esta acción no solamente tiene un enfoque punitivo, sino que también está diseñada para prevenir futuros abusos. A través de un marco legal estricto que imponga una inhabilidad perpetua, se busca asegurar que los responsables no tengan la oportunidad de reinsertarse en la administración pública.
En palabras de Medina, “La creación de este Registro Nacional de Funcionarios Públicos Sancionados por Fraude al Fisco es un paso significativo hacia la mejora de la administración pública y la recuperación de la confianza ciudadana”. Al mismo tiempo, las sanciones propuestas actúan como un mecanismo disuasorio que podría cambiar las conductas de aquellos que contemplan prácticas deshonestas.
El registro propuesto por Medina sería una base de datos accesible al público, donde se incluya información detallada sobre los funcionarios sancionados, incluso aquellos que hayan renunciado tras investigaciones administrativas. Esta transparencia es fundamental para generar un ambiente que promueva la rendición de cuentas. Adicionalmente, la inhabilidad perpetua asegura que las personas que cometen delitos conmocionen las bases de la administración pública no puedan reincidir en otras instituciones del Estado.
El hecho de que esta información sea pública también busca poner en evidencia el impacto que las malas decisiones de algunos tienen no solo en el Estado, sino también en la confianza de los ciudadanos. “Es plata de todos los chilenos”, insistió Medina, reafirmando su compromiso con el uso adecuado de los recursos públicos.
Desde la perspectiva de The Times en Español, la presentación del proyecto de Karen Medina representa un paso significativo hacia la lucha contra la corrupción en Chile. Sin embargo, es importante destacar los desafíos que enfrentará esta propuesta, tanto en su implementación práctica como en su aceptación política.
Un elemento fundamental a considerar es el concepto de inhabilidad perpetua, que podría ser visto como una forma de castigo desproporcionado y potencialmente lesivo para los derechos laborales. Cuestionamientos sobre la privacidad de los involucrados y el potencial daño a sus carreras profesionales pueden generar resistencia en ciertos sectores.
No obstante, el clamor ciudadano por mayor transparencia y rendición de cuentas es cada vez más fuerte, y la magnitud del escándalo de las licencias médicas expone serias fallas en los controles internos del Estado. Esta situación resalta la importancia de fortalecer no solo mecanismos sancionatorios, sino también procesos de auditoría y supervisión que prevengan futuras irregularidades.
La propuesta de Medina está alineada con un deseo colectivo de depurar las instituciones públicas chilenas, buscando enviar un mensaje claro de que la corrupción será combatida de forma activa. Sin embargo, el verdadero éxito de esta iniciativa dependerá de la habilidad de Medina y otros proponentes para construir consensos políticos que equilibran la necesidad de transparencia, con la protección de los derechos individuales.
La creación de un Registro Nacional de Funcionarios Públicos Sancionados por Fraude al Fisco podría transformarse en un hito en la historia del combate a la corrupción en Chile y en un ejemplo para otras naciones. Las repercusiones de este proyecto no solo afectarán a quienes estén implicados en conductas fraudulentas, sino que también tendrán un impacto significativo en la relación entre el Estado y la sociedad civil.
La ciudadanía estará atenta a cómo el Congreso Nacional maneje la propuesta de Karen Medina y cómo esta se traduzca en eficacia práctica para restaurar la confianza en las instituciones chilenas.
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