Uber arremete contra Chile: carta al embajador en EE.UU. denuncia "peligros" de nueva ley de transporte

Washington D. C.  – La polémica en torno a la nueva legislación que regula las aplicaciones de transporte en Chile ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad. En un movimiento inesperado, Uber Technologies Inc., la gigante estadounidense de movilidad, ha enviado una carta al embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, expresando "preocupaciones urgentes" sobre los efectos de la Ley N.º 21.553, conocida popularmente como la "Ley Uber". Esta normativa, que busca regular el funcionamiento de plataformas como Uber y  Cabify en el país sudamericano, ha sido objeto de críticas tanto por parte de las empresas tecnológicas como de los conductores que dependen de estas aplicaciones para su sustento. La misiva, firmada por Andrew Byrne, vicepresidente de Políticas Públicas Globales de Uber, fue enviada el pasado 8 de abril y pone de manifiesto una escalada en las tensiones entre la compañía y el gobierno chileno, liderado por Gabriel Boric.

La Ley 21.553, aprobada en 2023 y cuyo reglamento fue recientemente tomado en razón por la Contraloría General de la República el pasado 4 de abril de 2025, establece una serie de requisitos para las empresas de aplicaciones de transporte (EAT). Entre estos se incluyen la inscripción en un registro electrónico, la exigencia de licencias profesionales para los conductores, seguros obligatorios y la entrega de información detallada sobre los viajes a las autoridades. Sin embargo, Uber ha centrado su crítica en lo que considera una amenaza directa a la privacidad de sus usuarios y conductores. En la carta, Byrne subraya que la normativa obliga a la recopilación y transmisión de datos personales "altamente sensibles", como el género de los usuarios, datos de ubicación precisa y marcas de tiempo de los viajes, sin que existan, según la empresa, "garantías adecuadas ni limitaciones claras sobre la finalidad de dicho uso".

"Como empresa que facilita millones de viajes diarios, reconocemos nuestra importante responsabilidad en la protección de los datos personales tanto de pasajeros como de conductores", escribe Byrne en el documento dirigido al embajador Valdés. "Con esta responsabilidad en mente, le escribo para expresar nuestra seria preocupación por la reciente aprobación de la Ley N.º 21.553". La misiva no solo busca alertar sobre los supuestos riesgos de la legislación, sino que también parece ser un intento de internacionalizar el conflicto, llevando el debate más allá de las fronteras chilenas y colocando presión diplomática sobre el gobierno de Boric.

El trasfondo de esta controversia no es nuevo. Desde la llegada de Uber a Chile en 2014, las plataformas de transporte han operado en un limbo regulatorio, enfrentándose a la oposición de los taxistas tradicionales y a la falta de un marco legal claro. La Ley 21.553, que entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, representa el primer esfuerzo significativo por parte del Estado chileno para formalizar este sector. No obstante, la implementación del reglamento ha generado reacciones encontradas. Mientras el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, ha defendido la norma como un avance hacia la seguridad y la transparencia, tanto las empresas como los conductores han expresado su descontento. Un estudio del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales estimó que hasta un 88,9% de los conductores actuales podrían quedar fuera del sistema debido a los nuevos requisitos, lo que equivaldría a unas 35.992 personas afectadas.

La carta de Uber al embajador Valdés no solo critica la ley, sino que también insinúa posibles consecuencias más amplias. Aunque no se mencionan acciones legales específicas, el tono del documento sugiere que la compañía podría estar evaluando recurrir a instancias internacionales para proteger sus intereses. Este enfoque no es inédito: en 2015, Uber presentó una denuncia contra España ante la Comisión Europea por restricciones similares, argumentando que violaban normativas comunitarias. En el caso chileno, la empresa parece estar apelando a la sensibilidad del gobierno respecto a su relación con Estados Unidos, un socio comercial clave, al dirigirse directamente al embajador en Washington.

El gobierno chileno, por su parte, ha intentado calmar las aguas. El ministro Muñoz ha destacado que se han introducido flexibilizaciones al reglamento, como la ampliación de la antigüedad máxima de los vehículos de 7 a 10 años y la posibilidad de que los conductores operen con licencias no profesionales durante un periodo de transición de 12 meses. Sin embargo, estas medidas no parecen haber satisfecho a Uber, que insiste en que las disposiciones sobre datos personales representan un "peligro" tanto para su modelo de negocio como para la confianza de sus usuarios.

Este enfrentamiento pone en evidencia las dificultades de regular un sector que, aunque ha transformado la movilidad urbana, también ha generado tensiones sociales y económicas. Para muchos chilenos, las aplicaciones de transporte son una fuente vital de empleo, especialmente para inmigrantes y personas en situación de precariedad laboral. Sin embargo, la falta de regulación previa permitió abusos, como la ausencia de seguros adecuados o la explotación laboral por parte de las plataformas. La Ley 21.553 busca equilibrar estas dinámicas, pero el costo podría ser alto, tanto en términos de empleo como de innovación tecnológica.
 

Desde The Times en español, hemos seguido de cerca la evolución de la "Ley Uber" en Chile, un tema que refleja los desafíos globales de regular las economías digitales. En notas anteriores, como "La ‘ley Uber’ enciende a los conductores en Chile" (20 de enero de 2024), advertimos sobre el impacto potencial de la normativa en el empleo y la resistencia de los conductores a un marco percibido como rígido. La carta de Uber al embajador Valdés, revelada hoy, 24 de abril de 2025, confirma que las tensiones no solo persisten, sino que se han intensificado, llevando el debate a una esfera internacional.

El enfoque de Uber, al apelar al embajador en Estados Unidos, parece una estrategia calculada para presionar al gobierno chileno en un momento de sensibilidad diplomática. Sin embargo, su énfasis en la privacidad de los datos podría ser más un argumento táctico que una preocupación genuina, dado que la compañía ha enfrentado críticas por su manejo de información en otros mercados. Por otro lado, el gobierno de Boric enfrenta el desafío de demostrar que puede regular sin ahogar la innovación, un equilibrio que hasta ahora no ha logrado convencer ni a las empresas ni a los trabajadores.

En retrospectiva, notas como "‘Ley Uber’ en Chile: desde cuándo funcionará y qué impacto tendrá en el precio de las aplicaciones" (15 de enero de 2024) subestimaron la capacidad de Uber para escalar este conflicto. La situación actual sugiere que Chile podría convertirse en un caso de estudio sobre cómo las multinacionales tecnológicas desafían la soberanía regulatoria de los Estados. Desde The Times en español, instamos a un análisis más profundo sobre si la Ley 21.553 protege realmente a los ciudadanos o si, por el contrario, cede ante intereses corporativos disfrazados de defensa de la privacidad.

Invitamos a nuestros lectores a seguir explorando este y otros temas en The Times en español, donde continuaremos desentrañando las complejidades de la actualidad global.

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