Por primera vez desde febrero, un periodista de Associated Press (AP) ingresó a un evento en la Casa Blanca el martes, en medio de la controversia por el uso del término “Golfo de México” frente a la directiva de la administración Trump de llamarlo “Golfo de América”. Sin embargo, AP sigue excluida del grupo de prensa oficial.
Estados Unidos15 de abril de 2025
The Times en Español
Washington D.C., Estados Unidos - Un reportero de Associated Press (AP) asistió el martes a un evento vespertino en la Sala Este de la Casa Blanca, marcando la primera vez que el medio logra presencia en un acto oficial desde que la administración del presidente Donald Trump le prohibió el acceso en febrero de 2025. La restricción, que afectó eventos clave como conferencias de prensa en el Despacho Oval y viajes en el Air Force One, se originó por la negativa de AP a adoptar el término “Golfo de América”, impulsado por Trump mediante una orden ejecutiva, en lugar del histórico “Golfo de México”.
Según Axios, aunque el periodista de AP pudo ingresar al evento del martes, el medio permanece excluido del grupo de prensa oficial de la Casa Blanca, conocido como el “press pool”, que cubre los eventos presidenciales más restringidos y comparte información con otros medios. Este desarrollo llega un día después de que el lunes se informara que un reportero y un fotógrafo de AP fueron bloqueados de una conferencia de prensa en el Despacho Oval, a pesar de una orden emitida el 8 de abril por el juez federal Trevor McFadden, designado por Trump, que obligaba a la Casa Blanca a restaurar el acceso de AP a eventos abiertos a la prensa.
La disputa comenzó cuando Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de enero de 2025, renombrando el Golfo de México como “Golfo de América” para resaltar su importancia económica para Estados Unidos. AP, cuya guía de estilo es utilizada por medios globales, decidió mantener el nombre histórico, argumentando que el cambio solo tiene validez dentro de EE.UU. y que su audiencia internacional reconoce “Golfo de México” tras 400 años de uso. En respuesta, la Casa Blanca, liderada por la jefa de gabinete Susie Wiles, el vicejefe Taylor Budowich y la secretaria de prensa Karoline Leavitt, restringió el acceso de AP, calificando su decisión como “desinformación” y una falta de respeto a la autoridad presidencial.
El caso ha generado un intenso debate sobre la libertad de prensa y el derecho del gobierno a condicionar el acceso de los medios según su línea editorial. AP demandó a tres altos funcionarios de la Casa Blanca el 21 de febrero, argumentando que la prohibición violaba la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y la Quinta Enmienda, que garantiza el debido proceso. La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Washington D.C., acusó a la administración de “discriminación por punto de vista” al castigar a AP por su decisión editorial.
El 24 de febrero, el juez McFadden negó la solicitud de AP para una orden de restricción temporal, argumentando que el medio no había demostrado una alta probabilidad de éxito en el caso y que las restricciones en “áreas privadas” como el Despacho Oval eran una prerrogativa presidencial. Sin embargo, el juez expresó preocupación por la legalidad de la prohibición, advirtiendo que la jurisprudencia era “uniformemente desfavorable” para la Casa Blanca y ordenando una audiencia acelerada para el 20 de marzo.
El 8 de abril, McFadden dio un giro al caso al otorgar a AP una orden preliminar que prohibía a la administración restringir su acceso a eventos abiertos a la prensa, calificando la exclusión como “contraria a la Primera Enmienda”. En su fallo de 41 páginas, el juez destacó que la prohibición había causado un “daño significativo y concreto” a AP, erosionando su capacidad para informar en tiempo real y dejándola en desventaja frente a otros medios. “Si los reporteros de AP no están en la sala cuando ocurre la noticia, difícilmente pueden ser los primeros en reportarla”, escribió McFadden, subrayando que los periodistas de AP “no pueden hacer preguntas desde fuera de una puerta cerrada”.
A pesar del fallo, la Casa Blanca apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. el 9 de abril, y el lunes 14 de abril se reportó que un reportero y un fotógrafo de AP fueron nuevamente bloqueados de un evento en el Despacho Oval. La administración argumentó que no está obligada a cumplir la orden judicial mientras la apelación esté pendiente, una postura que ha sido criticada por grupos de defensa de la prensa como una afrenta a la libertad de expresión.
El acceso limitado de AP al evento del martes en la Sala Este, sin formar parte del grupo de prensa oficial, sugiere un cumplimiento parcial por parte de la Casa Blanca, que continúa desafiando el espíritu de la orden de McFadden. La exclusión del “press pool” limita la capacidad de AP para compartir información en tiempo real con otros medios, un rol que ha desempeñado durante más de un siglo como parte de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA). La WHCA, junto con medios como Reuters y organizaciones como el Instituto Knight de la Primera Enmienda, han respaldado a AP, calificando la prohibición como “inaceptable” y “un ataque alarmante a la libertad de prensa”.
El incidente del lunes, cuando AP fue bloqueada de una conferencia de prensa en el Despacho Oval, y el caso del martes, cuando se permitió un acceso limitado, reflejan la tensión en curso. Posts en X han destacado la controversia, con usuarios como @RAbruzzese calificando la exclusión de AP como “típico populismo represor” y @mazzoned señalando que la disputa revela un intento de la Casa Blanca de “reescribir las reglas de interacción” con la prensa.
La prohibición de AP se enmarca en una relación históricamente tensa entre Trump y los medios. Desde su primer mandato, Trump ha calificado a la prensa como “el enemigo del pueblo” y ha tomado medidas contra outlets críticos, como la revocación de la acreditación de Jim Acosta de CNN en 2018, que fue revertida por un juez. En 2025, la administración ha intensificado estas acciones, incluyendo el cierre de Voice of America y Radio Free Asia, la amenaza de retirar fondos a NPR y PBS, y demandas de la Comisión Federal de Comunicaciones contra ABC, CBS y NBC.
La insistencia de Trump en renombrar el Golfo de México, junto con otros cambios como revertir el nombre de Denali a Monte McKinley, refleja un esfuerzo por imponer su narrativa en el discurso público. Mientras que AP cedió en el caso de McKinley, argumentando que el cambio era válido dentro de EE.UU., mantuvo su postura sobre el Golfo de México por su reconocimiento internacional. Esta decisión ha convertido a AP en un símbolo de resistencia frente a lo que algunos analistas, como Shawn McCreesh del New York Times, han comparado con el “lenguaje orwelliano” de la administración.
La disputa trasciende el caso de AP y plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre el poder presidencial y los derechos de los medios. La Primera Enmienda prohíbe al gobierno restringir la libertad de expresión, y la jurisprudencia, como el caso Sherrill v. Knight (1977), establece que el acceso a la Casa Blanca no puede negarse arbitrariamente ni basarse en el contenido editorial. La orden de McFadden refuerza este principio, pero la apelación de la Casa Blanca y su incumplimiento parcial sugieren que el conflicto está lejos de resolverse.
Organizaciones de defensa de la prensa han advertido que la exclusión de AP podría sentar un precedente peligroso, permitiendo al gobierno castigar a medios por decisiones editoriales. “Castigar a los periodistas por no adoptar una terminología impuesta por el Estado es un ataque alarmante a la libertad de prensa”, afirmó Aaron Terr, de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión. La WHCA, por su parte, celebró el fallo de abril, pero expresó preocupación por la continua exclusión de AP del “press pool”.
El acceso limitado de AP al evento del martes en la Casa Blanca es un pequeño avance en un conflicto que pone en juego principios fundamentales de la democracia estadounidense. La decisión de la administración Trump de ignorar parcialmente una orden judicial refleja una estrategia deliberada para desafiar los límites del poder presidencial frente a la prensa. Aunque la presencia de un reportero en la Sala Este podría interpretarse como un gesto de distensión, la exclusión de AP del “press pool” demuestra que la Casa Blanca mantiene su postura de control sobre el acceso mediático.
Este caso no solo afecta a AP, sino que envía un mensaje a todos los medios: la administración está dispuesta a usar su autoridad para moldear el discurso público, incluso a costa de violar derechos constitucionales. La apelación en curso ante la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. será crucial para determinar si la Casa Blanca puede seguir restringiendo a AP sin consecuencias. Mientras tanto, la resistencia de AP, respaldada por la comunidad periodística, subraya la importancia de proteger la independencia editorial en un contexto de creciente hostilidad hacia la prensa.
La comparación con el “1984” de Orwell, aunque evocadora, no es exagerada. La insistencia en renombrar el Golfo de México y castigar a quienes no lo acatan refleja un intento de reescribir la realidad a través del lenguaje. En un país que se enorgullece de su libertad de expresión, este episodio es un recordatorio de que los derechos de la prensa deben defenderse activamente, especialmente cuando el poder busca imponer su narrativa.
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