The Times en Español
Un grupo de 65 migrantes deportados desde Estados Unidos en febrero, en su mayoría asiáticos, se encuentran en busca desesperada de un país que los acoja en la capital de Panamá. Procedentes de un total de 112 deportados enviados a Panamá por la administración de Donald Trump, han sido autorizados para abandonar temporalmente el albergue en Darién, provincia fronteriza con Colombia, donde estaban alojados desde hace dos semanas. Tras un viaje en autobús de cinco horas, llegaron al terminal de autobuses de Albrook en la capital, quedando a su suerte.
Un pequeño grupo de migrantes con hijos, gracias a Unicef, ha sido alojado en un hotel de Ciudad de Panamá por una semana; sin embargo, el resto debe gestionar por sí mismos alojamiento y comida en la capital, careciendo de recursos económicos. Mientras tanto, deben emprender gestiones para encontrar un país que los reciba.
A raíz de la política de deportaciones implementada por la administración Trump, la mayoría de los migrantes en Panamá y otras naciones centroamericanas están realizando el camino inverso hacia Sudamérica, en contraposición al flujo usual hacia el norte. El gobierno panameño ha otorgado un permiso inicial de 30 días, extendible hasta un máximo de 90 días, para que los 112 migrantes puedan salir del albergue de San Vicente y solicitar visas para otros países. En caso de no abandonar el país en el plazo estipulado, serán sujetos a expulsión o deportación.
Los migrantes deportados provienen de diferentes países como Irán, Camerún, China, Nepal, Afganistán, Vietnam, Etiopía, entre otros, mostrando preocupación por posibles represalias al retornar a sus lugares de origen. En medio de la incertidumbre y la falta de recursos, se evidencia la necesidad de asistencia y apoyo para estas personas en una situación tan vulnerable.
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