El juicio contra Héctor Espinosa y su esposa comienza con graves acusaciones de malversación y lavado de activos, que sacuden la PDI chilena.
Chile06 de octubre de 2025
Elena Carvajal
Comenzó uno de los juicios más esperados y controversiales en el ámbito policial del país. Héctor Espinosa, quien se desempeñó como director de la Policía de Investigaciones (PDI), y su esposa, María Magdalena Neira, se enfrentan a serias acusaciones que podrían llevarlos a pasar décadas tras las rejas.
La Fiscalía Oriente ha solicitado un total de veinte años de prisión en contra de Espinosa: diez años por el delito de malversación de caudales públicos, cinco por falsificación de instrumento público y cinco por lavado de activos. En el caso de su cónyuge, Neira podría enfrentar un mínimo de cinco años y un día de presidio.
La saga de este oscuro capítulo de la PDI comenzó en 2016, cuando el Banco de Chile llevó a cabo una revisión de sus cuentas y detectó la “sospechosa” actividad de Espinosa y Neira. Según el banco, ambos registraron reiterados depósitos en efectivo en sus respectivas cuentas corrientes, lo que levantó las alertas correspondientes. Lo que inicialmente pudo parecer un hecho aislado, se convirtió en el comienzo de una investigación multinivel que envolvió tanto a la institución bancaria como a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El reporte financiero elaborado por el banco se entregó a la UAF en 2017, pero no fue sino hasta finales de 2020 que fue remitido al Ministerio Público. Durante este tiempo, las irregularidades sólo aumentaron. Espinosa, quien fue director de la PDI entre 2014 y 2018, es acusado de haber “malversado” un total de $146 millones de fondos públicos, colocando en riesgo la integridad y la imagen de la institución policial.
Las acusaciones formuladas en contra de Espinosa son alarmantes. Se alega que el exdirector falsificó una declaración jurada que debía presentar anualmente ante la Contraloría, la cual valida los gastos reservados de la PDI. En un intento por ocultar sus acciones ilegales, se utilizó dinero obtenido de manera ilícita para hacer depósitos en sus cuentas y después emitir cheques a constructoras para la compra de bienes raíces, específicamente departamentos.
Estos depósitos en efectivo ocurrieron entre 2015 y 2017, un período que coincidió con el estallido del escándalo del Megafraude de Carabineros, un caso que también involucra a altos funcionarios del cuerpo policial chileno y que ha generado un profundo cuestionamiento sobre la ética y la responsabilidad de quienes están al mando de las instituciones del Estado.
La Fiscalía no se ha mostrado indulgente en sus peticiones. Para Espinosa, no sólo se plantea la posibilidad de pasar dos décadas en prisión, sino que también se han impuesto multas que ascienden a más de 200 UTM, es decir, alrededor de $15 millones chilenos. En el caso de María Magdalena Neira, las consecuencias son igualmente severas. La Fiscalía pide, además, el comiso de dos inmuebles que se presume fueron adquiridos con las ganancias ilícitas.
Este caso no sólo afecta a los acusados, sino que pone en jaque la imagen de la PDI, una entidad que históricamente se ha visto como el bastión de la investigación y la seguridad en Chile. La credibilidad de la institución se ha visto empañada, poniendo en duda la transparencia y la ética de sus dirigentes. La sociedad civil observa con detenimiento el desarrollo del juicio, preguntándose si habrá justicia y si las instituciones del Estado serán capaces de regenerarse tras estos escándalos.
La noticia ha desatado una serie de reacciones en la población y en el ámbito político. Algunos han destacado la necesidad de reformas dentro de instituciones públicas para prevenir situaciones similares en el futuro. Mientras tanto, otros han expresado su desconfianza hacia el sistema judicial en general, cuestionando la efectividad de las investigaciones y las penas que se aplican a los funcionarios públicos.
El juicio se desarrolla en un contexto donde la expectativa es alta y la sociedad exige respuestas claras sobre cómo garantizar que situaciones similares no se repitan. La PDI, por su parte, ha manifestado que está comprometida con la transparencia y la rendir cuentas ante la ciudadanía.
El juicio está programado para extenderse durante varias semanas, y se espera que presenten pruebas testimoniales y documentales que sustenten las acusaciones de la Fiscalía. Con un caso tan delicado, cada paso puede tenerimplicaciones significativas. Tanto los acusadores como los defensores de Espinosa y Neira saben que se juega mucho más que su libertad; el destino de la PDI y la confianza del público están en juego.
¿Qué delitos se le imputan a Héctor Espinosa?
Héctor Espinosa enfrenta acusaciones de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.
¿Qué sanciones podrían recibir Espinosa y su esposa?
Espinosa arriesga hasta 20 años de prisión y multas significativas, mientras que su esposa podría enfrentar cinco años de presidio.
¿Cómo comenzó la investigación contra Héctor Espinosa?
La investigación se inició tras un reporte del Banco de Chile que detectó depósitos en efectivo sospechosos en las cuentas de Espinosa y Neira.
¿Qué montos están involucrados en este caso?
Se estima que el monto defraudado por Espinosa asciende a $146 millones chilenos.
¿En qué contexto se desató este caso?
El caso viene a agregar más tensión al clima de desconfianza generado por el Megafraude de Carabineros, que también involucra a altos funcionarios de la policía chilena.
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