Irmina Herrera
El Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local (INJPL) ha emitido una advertencia sobre las consecuencias del proyecto de ley que propone eliminar la capacidad de los tribunales para ordenar notificaciones a través de Carabineros. Este proyecto, actualmente en la discusión del Senado (boletín N°15.905-25), plantea un riesgo significativo para el acceso a la justicia, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso.
De acuerdo con el INJPL, el 75% de los Juzgados de Policía Local se encuentran en zonas rurales, donde la disponibilidad de receptores judiciales, notarios o funcionarios municipales es escasa o, en muchos casos, inexistente. Francisco Ríos, presidente del INJPL y juez de Lampa, subraya que “Carabineros cumple un rol irremplazable” para asegurar la llegada de las notificaciones y, con ello, el funcionamiento de los procesos judiciales.
Patricio Thomas, vicepresidente del INJPL, revela que actualmente gestiona alrededor de 150 causas electorales prioritarias que requieren notificaciones en domicilios rurales. “Después de consultar con el comisario de Carabineros y otros actores, nadie parece estar disponible para llevar a cabo esta función”, sostiene.
“Lo dramático es que, de no recibir una respuesta positiva, deberá archivar esas causas”, alerta Thomas. Esta situación subraya un riesgo de impunidad si se elimina la facultad de notificar a través de Carabineros. Sin notificaciones válidas, muchas demandas y citaciones en causas de Policía Local y de familia quedarían sin efecto, lo que vulneraría el derecho de las víctimas a acceder a la justicia.
La propuesta legislativa ignora el hecho de que en muchas localidades apartadas, los jueces carecen de los recursos humanos y logísticos necesarios para desempeñar estas tareas. “Se asume que notarios y funcionarios municipales pueden reemplazar a Carabineros, pero en la práctica, estos profesionales son casi inexistentes en muchas comunas rurales", agrega Ríos.
“Eliminar esta herramienta no solo sobrecargará a tribunales ya debilitados, sino que también generará un vacío operativo que Carabineros actualmente puede cubrir”, precisa Ríos.
El INJPL hace un llamado al Parlamento y al Ejecutivo para que reconsideren el impacto de este proyecto. “Es fundamental liberar a Carabineros de responsabilidades administrativas en las grandes ciudades, pero sin desproteger a las zonas rurales, donde su labor es esencial para garantizar el acceso a la justicia”, enfatiza Ríos.
Las dificultades para garantizar las notificaciones judiciales son acentuadas en varias comunas de Chile donde no hay oficinas de Correos de Chile. En aquellos lugares que tienen estas oficinas, muchas veces no llevan a cabo la distribución domiciliaria, limitando el servicio al radio urbano. Por ejemplo, localidades como Río Hurtado, Paihuano, Til Til, Lago Verde, Puerto Cisnes, y Tortel reflejan esta realidad.
"Sin el apoyo de Carabineros, las notificaciones judiciales en estas comunidades serían prácticamente imposibles de llevar a cabo”, concluye Ríos.
Este debate sobre el rol de Carabineros en funciones no policiales es válido; sin embargo, una transición apresurada y sin soluciones claras puede tener consecuencias devastadoras para las comunidades rurales y los sectores más vulnerables. La eliminación de esta facultad no solo socavaría el acceso a la justicia, sino que podría llevar a un retroceso en la garantía de los derechos fundamentales.
El INJPL mantiene que “las notificaciones judiciales son una garantía mínima para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a defensa”. Ante esta situación, “si Carabineros se retira de dicha función, el Estado debe asegurar un mecanismo eficiente y accesible para las notificaciones”, alertando que, de no hacerlo, se pone en riesgo el sistema judicial.
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