La aprobación de una nueva ley sobre permisología se presenta como un alivio para la inversión en Chile, en medio de críticas sobre su impacto ambiental.
01 de julio de 2025
Elena Carvajal
Santiago, Chile - Martes, En un contexto marcado por la urgencia de revitalizar la economía, el presidente de la Comisión de Economía, diputado Víctor Pino, valoró la reciente aprobación del proyecto de permisos sectoriales. Esta iniciativa pretende agilizar los trámites para ejecutar proyectos de inversión, garantizando que se consideren los riesgos asociados, sin que ello implique un debilitamiento de las normativas de protección ambiental.
“La aprobación del proyecto de autorización de la ley marco de permisos sectoriales es una buena noticia para el país”, comenzó Pino, añadiendo su expectativa de que, a mediano y largo plazo, se reflejen los beneficios esperados en la economía chilena, la creación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Según el diputado, “necesitamos destrabar los proyectos de inversión que hoy hacen tanta falta para reactivar nuestra economía”.
El proyecto, que fue despachado a ley por la Cámara de Diputadas y Diputados, busca no solo una mayor eficiencia administrativa, sino también certidumbre para los inversionistas, un factor crítico para atraer capitales tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, el camino hacia la aprobación no ha estado exento de controversias. La crítica más común se ha centrado en posibles riesgos ambientales, tema que ha suscitado un intenso debate en el ámbito político.
“Las críticas de algunos parlamentarios son totalmente injustificadas”, argumentó Pino, señalando que este proyecto se refiere exclusivamente a permisos sectoriales, lo cual no afecta la normativa medioambiental vigente. “Están mezclando peras con manzanas”, enfatizó el diputado, recordando que hay otra legislación en el Senado que aborda específicamente los permisos medioambientales y que aún no avanza.
La ley de permisos sectoriales tiene como finalidad adaptar los procesos administrativos a diferentes niveles de riesgo, facilitando así la ejecución de proyectos en sectores como la construcción, la energía y la infraestructura. Esto implica la creación de procedimientos más dinámicos que reduzcan los tiempos de espera, un desafío significativo en una administración pública generalmente saturada de trámites.
Pino destacó que “este proyecto no desregulará ni debilitará los mecanismos existentes de protección ambiental ni los derechos de la ciudadanía”. Se espera que la nueva ley, al mejorar el ambiente de inversiones y proyectos, fomente el crecimiento económico, tan necesario en estos tiempos post-pandemia.
El diputado hizo un llamado a sus colegas que critican el proyecto, animándolos a informarse adecuadamente y evitar desinformar a la ciudadanía. “Este es un proyecto muy esperado por quienes invierten en nuestro país”, subrayó Pino, aludiendo a la importancia de generar oportunidades laborales para quienes más lo necesitan en el actual contexto económico.
La aprobación de esta iniciativa puede constituir un punto de inflexión en la estrategia económica del país. Según reportes de expertos en economía, Chile enfrenta desafíos considerables en su camino hacia la recuperación post-COVID-19. La transformación de la permisología podría ser el catalizador que propicie una oleada de inversiones en sectores críticos.
Ana Rodríguez, experta en desarrollo económico y sostenibilidad, expresó su apoyo al proyecto, pero también alertó sobre la importancia de mantener un balance entre desarrollo y medio ambiente. “La clave está en encontrar un equilibrio entre la agilidad en los trámites y la protección de nuestros ecosistemas”, comentó Rodríguez.
La aprobación de la ley de permisos sectoriales se inscribe en un contexto más amplio de reformas en Chile, un país que ha vivido una serie de cambios legislativos y sociales desde las protestas de 2019. Esto refleja un intento del gobierno por construir puentes entre sectores económicos y sus críticos, especialmente en un momento en que la desconfianza ha sido palpable.
Desde una perspectiva política, esta iniciativa podría servir como un termómetro de las capacidades del gobierno para enfrentar las críticas, generar consensos y promover reformas que, aunque necesarias, son a menudo percibidas como riesgosas en términos ambientales. No obstante, si se implementa adecuadamente, podría anclarse como un modelo de desarrollo sostenible que propicie un crecimiento inclusivo en el país.
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