La pesca de la jibia es esencial para múltiples familias de Lebu y otras ciudades vecinas, donde los habitantes han construido su sustento en torno a la captura de este recurso.
14 de junio de 2025
Periodista Digital The Times en Español
Lebu, Chile - La diputada Karen Medina (Indep-DC) y las autoridades locales están levantando la voz en un llamado urgente al Gobierno para que responda a la crisis que enfrenta la pesca artesanal en la región del Biobío, a raíz de la reciente regionalización de la captura de la jibia. Esta cepa marina ha sido parte fundamental de la economía costera, y su gestión está generando incertidumbre y preocupación en las comunidades que dependen de esta actividad.
La pesca de la jibia es esencial para múltiples familias de Lebu y otras ciudades vecinas, donde los habitantes han construido su sustento en torno a la captura de este recurso. En su declaración, la diputada Medina expresó que "el problema que tiene la jibia hoy día, al estar regionalizada, no es un problema que afecte sólo a Lebu, sino que es un problema de la región del Biobío". Esta cita resalta la amplitud del impacto que la decisión del Gobierno tiene sobre la comunidad.
La diputada, junto con la alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado, mantuvieron reuniones con representantes de pescadores y comunidades afectadas, y se coincidió en que se necesitan "acciones urgentes". Esta urgencia viene tras el aumento en la competencia y la dificultad de sostener un modelo de pesca sustentable que beneficie a todos.
Medina y Tiznado han solicitado al Presidente Gabriel Boric que use su facultad para promulgar un decreto que permita la declaración de la jibia como un recurso migratorio, lo que podría facilitar su gestión a nivel central y ofrecer una solución más equitativa a los pescadores artesanales.
Además de la solicitud de un decreto inmediato, la diputada Medina ha impulsado una propuesta legislativa para reformar el marco normativo que regula la pesca de la jibia. La intención es lograr un acceso más justo y sostenible a este recurso tan valorado.
"Hemos presentado este proyecto, que sabemos que es la medida a largo plazo y necesitamos mejoras urgentes. Por eso, junto a nuestros trabajadores, nuestros pescadores artesanales de Lebu, y la alcaldesa, vamos a seguir sumando todas las autoridades de la región de manera transversal", enfatizó la diputada Medina.
Las preocupaciones de los pescadores se reflejan en declaraciones como la de Juan Carlos, un pescador local, quien afirma: "La jibia es nuestra vida. Sin ella, cientos de familias se quedan sin trabajo. Necesitamos que el Gobierno nos escuche y actúe pronto". Este testimonio pone en evidencia cómo la cuestión de la jibia está profundamente entrelazada con la cultura y el modo de vida de las comunidades.
La regionalización ha traído consigo desafíos significativos. Las restricciones en la captura pueden llevar a que las cuotas de jibia se distribuyan de manera desigual, perjudicando a los pescadores artesanales en favor de grandes empresas pesqueras. Esta dinámica de mercado puede conducir a una competencia desleal que amenaza la viabilidad de la pesca artesanal, fundamental en el contexto social y económico de la región.
La solicitud de la diputada Medina ha recibido el respaldo de distintas fuerzas políticas y sociales de la región. La unión de voces en favor de un cambio inmediato indica una preocupación generalizada por el futuro de la pesca artesanal en el Biobío, y subraya la necesidad de que el Gobierno actúe con rapidez para proteger un recurso vital.
Medina concluyó reafirmando su compromiso con la defensa del sector pesquero y su determinación de trabajar junto con otros actores para alcanzar una solución que garanticen la sostenibilidad de la pesca artesanal y el sustento de las familias que dependen de ella.
"Continuaremos luchando juntos, y no cesaremos hasta conseguir un cambio sustancial que proteja a nuestro mar y a nuestras familias", afirmó.
La crisis en torno a la jibia puede ser vista como un microcosmos del gran desafío que enfrenta el Gobierno de Gabriel Boric en la gestión de recursos naturales y la sostenibilidad de las comunidades más vulnerables. Al buscar una solución a este problema, el Ejecutivo puede sentar un precedente en cuanto a políticas pesqueras en Chile.
Con la presión que ejercen los grupos de interés y la creciente vocalización de las comunidades afectadas, el Gobierno se enfrenta a una encrucijada entre el desarrollo económico y la protección de los medios de vida locales. La capacidad del Gobierno para abordar esta problemática con rapidez y efectividad será crucial no sólo para la región del Biobío, sino también para el futuro de la gestión de los recursos marítimos en el país.
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