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Por las lesiones encontradas en el cuerpo del joven, peritos han establecido que fue arrojado al lecho del Río Tinguiririca cuando aún estaba vivo. Y, además, que mantenía hemorragia intracraneal.
Chile05 de junio de 2025La trágica muerte de Francisco Javier Albornoz Gallegos, un carismático y apasionado químico farmacéutico de 21 años, ha dejado atónito a Chile. Su cadáver fue descubierto el 3 de junio de 2025, después de doce días de intensa búsqueda en la región de O’Higgins. Las circunstancias de su fallecimiento son estremecedoras: fue arrojado vivo a una quebrada junto al río Tinguiririca, en el mirador Lo Moscoso, lo que ha llevado a la Fiscalía Oriente a investigar este horrendo hecho como un posible crimen de odio. Dos hombres han sido detenidos en relación con el caso: Christian Alexander González Morales, médico ecuatoriano de 31 años, y José Miguel Baeza Cortés, un chef chileno de 41 años.
Francisco salió de su hogar en el sector de Metro Santa Ana, Santiago, la noche del 23 de mayo de 2025, con destino a Plaza Egaña, Ñuñoa, para una cita a través de una aplicación de encuentros. Según la fiscal Carolina Núñez, el encuentro con los detenidos incluía el consumo de drogas recreativas, posiblemente relacionado con el fenómeno conocido como “chemsex”. Su último mensaje en Instagram reclamaba una “noche de aventuras” y fue seguido por un silencio alarmante; su celular dejó de emitir señal horas después.
Preocupada por su falta de comunicación, su familia denunció su desaparición al día siguiente. La Policía de Investigaciones (PDI) inició una búsqueda exhaustiva, rastreando las últimas ubicaciones de su teléfono en Ñuñoa y extendiendo la investigación a O’Higgins. Finalmente, tras un prolongado periodo de angustia, González se presentó ante la Fiscalía de Ñuñoa, brindando información que condujo a los detectives al mirador, donde se halló el cuerpo de Albornoz, semidesnudo y envuelto en una sábana, con evidentes signos de violencia extrema y traumatismo severo.
La autopsia reveló un dato escalofriante: Francisco estaba vivo cuando fue arrojado al río, con lesiones que sugerían que había caído desde una altura considerable y signos de asfixia mecánica, lo que indica que sucumbió horas después de la caída.
La Fiscalía Oriente, en colaboración con la PDI, ha calificado este macabro suceso como un homicidio calificado con posibles motivaciones de crimen de odio. Los detenidos, González Morales y Baeza Cortés, fueron arrestados el 4 de junio en operativos realizados simultáneamente en Santiago y Rancagua. Ambos hombres, vinculados laboralmente a la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa y a Codegua, habrían trasladado a Albornoz a una vivienda en Placilla, donde probablemente ocurrió el ataque.
La fiscal Núñez ha aclarado que “los antecedentes apuntan a un acto premeditado”. La investigación ha revelado mensajes en los dispositivos móviles de los sospechosos y muestras de material biológico en el vehículo de uno de ellos. En la residencia de Baeza, se encontraron indicios de un intento de destruir evidencia, incluidas prendas y objetos personales potencialmente vinculados al crimen. Asimismo, se están analizando grabaciones de cámaras de seguridad en Plaza Egaña y el mirador, junto con datos de geolocalización que situarían a los sospechosos en la zona donde fue hallado el cadáver.
La hipótesis principal del caso indica que Francisco fue atacado durante o después del encuentro, posiblemente tras una discusión relacionada con la homofobia, y luego trasladado al río para ocultar su cuerpo.
Este crimen ha provocado una profunda indignación en Chile, especialmente en la comunidad LGBTIQ+, que ha clasificado el hecho como un posible crimen de odio. Organizaciones como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la Fundación Iguales han clamado por una investigación exhaustiva y castigos ejemplares para los responsables. La repercusión en las redes sociales ha sido contundente, con hashtags como #JusticiaParaFrancisco y #NoMásHomofobia que han ganado tracción, coincidiendo con manifestaciones en diversas ciudades, incluido Santiago.
La madre de Francisco, María Gallegos, expresó su dolor en una vigilia, señalando: “Mi hijo no merecía esto. Era un joven lleno de sueños.” Estas palabras han resonado en toda la nación, que todavía enfrenta desafíos en la lucha contra la discriminación y la violencia de género.
El mes del Orgullo, que debería ser un momento de celebración, ha quedado manchado por este trágico suceso. Activistas han convocado a una marcha para el 21 de junio en la Plaza Baquedano, exigiendo mayores protecciones legales y el fortalecimiento de la Ley Zamudio, que penaliza la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Según el Movilh, en 2024 se reportaron 1,456 casos de agresiones homofóbicas en Chile, lo que representa un incremento del 12% con respecto al año anterior.
La muerte de Francisco Albornoz no es un incidente aislado, sino un reflejo de la fragilidad de la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Chile. Desde una perspectiva política, este crimen expone la inacción del sistema legislativo para actualizar y hacer cumplir normativas que efectivamente combatan los crímenes de odio. La Ley Zamudio, promulgada en 2012, ha sido criticada por su ineficacia y su deficiente aplicación.
Aunque el gobierno del presidente Gabriel Boric ha promovido políticas progresistas, como el matrimonio igualitario, la falta de recursos destinados a fiscalías y fuerzas de policía especializadas en delitos de odio limita la efectividad de las respuestas ante casos como el de Albornoz.
Además, este trágico suceso evidencia la vulnerabilidad de quienes utilizan aplicaciones de citas; un ámbito donde la falta de regulación permite que personas con intenciones maliciosas actúen sin temor a consecuencias. La ausencia de iniciativas estatales para educar sobre el uso seguro de estas plataformas es un desafío que aún está por abordar. Este crimen podría presionar al Congreso a agilizar proyectos de ley que endurezcan las sanciones por crímenes de odio y fomenten la educación sobre diversidad desde las aulas.
Desde un ángulo periodístico, el caso de Francisco Albornoz resalta por su impacto social, capaz de desencadenar un debate público explosivo. La historia de este joven profesional, víctima de un crimen brutal, capta la atención de diversas audiencias, desde la comunidad LGBTIQ+ hasta aquellos preocupados por la seguridad ciudadana.
La cobertura mediática debe encontrar un equilibrio entre la sensatez hacia la familia doliente y la responsabilidad de visibilizar las problemáticas estructurales que rodean el caso. Es crucial manejar con cuidado detalles como el “chemsex” para no estigmatizar ni a la víctima ni a la comunidad LGBTIQ+ en general.
La investigación en curso ofrece oportunidades para un periodismo que dé seguimiento, proporcionando actualizaciones sobre las audiencias judiciales y resultados de la autopsia. Integrar testimonios de activistas, expertos en criminología y familiares enriquecería la narrativa, mientras que el análisis de datos, como las estadísticas de crímenes de odio, otorgaría un enfoque más profundo. La cobertura debe evitar el sensacionalismo y centrarse en la exigencia de justicia y la prevención de futuras tragedias.
La muerte de Francisco Albornoz es una tragedia que va más allá de lo individual y coloca en el centro del debate nacional la seguridad, la inclusión y la justicia en Chile. A medida que la Fiscalía Oriente continúa investigando los hechos, la sociedad clama por respuestas y acciones concretas que eviten que casos como este se repitan. La memoria de Francisco, un joven con un futuro lleno de promesas, debe servir como un llamado a construir un país donde la diversidad sea no solo respetada, sino también protegida.
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