La última cuenta pública de Gabriel Boric presenta un balance de promesas incumplidas en temas críticos como empleo, deuda y marihuana.
Chile01 de junio de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile – El presidente Gabriel Boric hizo sus declaraciones ante la nación el 1 de junio de 2024, en un momento donde Chile atraviesa desafíos significativos en diversos frentes. En su Cuenta Pública, Boric se comprometió a alcanzar importantes avances en áreas críticas: economía, empleo, deuda pública, reformas legislativas y la legalización de la marihuana con autocultivo. Sin embargo, al llegar a mayo de 2025, un análisis exhaustivo revela que muchas de estas expectativas no se han materializado, generando un coro de críticas que provienen de la oposición, la ciudadanía y plataformas como X. Este incumplimiento de promesas, en un contexto de baja aprobación presidencial, plantea serios desafíos para el cierre de su mandato. A continuación, revisamos las principales promesas incumplidas, centrándonos en la legalización del cannabis y el autocultivo, además de un análisis político que resalta las implicancias de estos resultados.
La falta de resultados ha sido un tema recurrente desde la presentación de la Cuenta Pública 2024. Las esperanzas que generaron sus anuncios contrastan con la realidad de los progresos, dejando en evidencia la brecha entre lo prometido y lo logrado.
Boric prometió que, para el final de su mandato, la economía chilena crecería más allá del promedio de los últimos ocho años, con la creación de 700 mil empleos. Sin embargo, datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelan que, hasta abril de 2025, solo se han creado 524 mil empleos. Esto deja en una situación complicada no solo la promesa de generación de empleo, sino también una tasa de desempleo que llegó al 8,8%, superando las expectativas del mercado de un 8,6%. Esta situación se ve agravada por el crecimiento económico que se ha mostrado por debajo de las proyecciones inicialmente esperadas, afectado por factores externos y una gestión cuestionada.
Uno de los compromisos más críticos fue frenar el aumento de la deuda pública. A pesar de las promesas, la deuda alcanzó el 41,7% del PIB, el nivel más alto desde el retorno a la democracia, según informes del Banco Central. Ante esta realidad, el gobierno se ha visto obligado a reconocer que trasladará la meta fiscal a la próxima administración, incumpliendo así un compromiso que se consideraba fundamental.
En su discurso, Boric anunció el envío de una reforma tributaria destinada a financiar el gasto público de forma responsable. A pesar de estas declaraciones, en abril de 2025, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que el proyecto de reforma tributaria está "suspendido indefinidamente". Este revés representa una pérdida significativa en términos de confianza en la gestión de las finanzas públicas.
Boric también se comprometió a digitalizar 200 permisos para finales de 2024, aumentando de 30 a 146 en ese lapso. Sin embargo, este objetivo no se ha alcanzado, y la reforma a los permisos sectoriales—diseñada para agilizar la inversión—no ha podido convertirse en ley. La modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) permanece estancada, lo que afecta aún más la percepción de la efectividad del gobierno.
En el ámbito de la salud, Boric prometió que siete hospitales (Alto Hospicio, San Antonio, Casablanca, Curicó, Lonquimay, Villarrica y Quellón) estarían operativos en 2024. A pesar de que algunos han sido concluidos, enfrentan atrasos en equipamiento y en la habilitación del personal necesario, lo que impide que estos hospitales operen de manera plena.
En un contexto de debates éticos intensos, el presidente había anunciado un proyecto de la eutanasia, que fue identificado como una prioridad, sigue estancado en el Senado, faltando avances significativos y generando críticas por la inacción legislativa.
Boric reafirmó su compromiso con la "legalización del cannabis" y el autocultivo, promoviendo un enfoque de prevención y reducción de daños. En su programa de gobierno (Apruebo Dignidad, p. 214), se propuso distinguir entre consumo personal y narcotráfico, así como garantizar un acceso responsable. Sin embargo, hasta mayo de 2025, no se ha presentado un proyecto integral desde el Ejecutivo para regular el uso recreativo o el autocultivo. Aunque un proyecto impulsado por la diputada Ana María Gazmuri en abril de 2025 busca permitir el autocultivo de hasta seis plantas por persona y el porte de 40 gramos, aún está en trámite en la Cámara de Diputados. La Ley Antinarcos de 2023 permite el autocultivo medicinal pero no aborda de manera clara el uso recreativo, manteniendo un vacío legal que sigue perjudicando a los ciudadanos.
El debate sobre la legalización de la marihuana y el autocultivo ha permeado profundamente la sociedad chilena, donde la Ley 20.000 permite el consumo personal y privado de marihuana, pero sigue penalizando la producción y comercialización—excepto en casos medicinales con receta. Aunque la Ley Antinarcos de 2023 ha despenalizado parcialmente el autocultivo medicinal, la falta de claridad sobre la cantidad de plantas permitidas y la persecución de cultivadores recreativos generan preocupación. Organizaciones como Fundación Daya han criticado esta ambigüedad, que deja a los usuarios en una situación de vulnerabilidad. En X, los usuarios expresan frustración ante el estancamiento en la regulación, acusando al gobierno de priorizar temas divisivos y descuidar promesas concretas como la "legalización del cannabis."
La oposición ha utilizado estas promesas incumplidas como evidencia de una gestión ineficiente, acusando a Boric de no cumplir con su programa de gobierno. Según una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), la aprobación presidencial ha caído al 22%, reflejando una creciente desilusión ciudadana. En plataformas como X, se expresan críticas hacia otras promesas, como la condonación del CAE, la eliminación del nepotismo y la reducción de sueldos altos, que también han quedado estancadas.
A pesar de los incumplimientos, el gobierno destaca algunos logros, como el aumento del salario mínimo a 539 mil pesos, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Según Rumbo Colectivo, el 62,7% de los compromisos se han cumplido total o parcialmente (42,6% total y 20,1% parcial). Sin embargo, un informe de Ciudadanía Inteligente indica que solo el 38% de las 216 promesas legislativas han avanzado, con áreas como Cultura, Defensa y Pueblos Indígenas sin progreso alguno.
La última Cuenta Pública 2024 de Gabriel Boric encapsula las tensiones inherentes a un gobierno que llegó al poder con un ambicioso programa transformador. A lo largo de su administración, ha enfrentado obstáculos estructurales y políticos que han limitado su capacidad de implementar cambios significativos. La falta de una mayoría parlamentaria ha sido un factor clave en el estancamiento de reformas cruciales, tales como la "legalización del cannabis," la "eutanasia" y el "aborto legal." Esta situación ha mostrado lo difícil que puede ser poner en marcha transformaciones ambiciosas en un Congreso fragmentado, donde la oposición ha capitalizado los incumplimientos para poner en duda la gestión de Boric.
La promesa de la legalización de la marihuana y el autocultivo es particularmente emblemática. Aunque responde a una demanda social creciente, especialmente entre sectores jóvenes, su falta de avance representa una estrategia gubernamental tímida. Esta tendencia parece motivada por la intención de no generar confrontación con sectores más conservadores en un año electoral. Esto ha resultado en descontento entre la base de Apruebo Dignidad, cuyo espectro esperaba un liderazgo más decidido en asuntos sociales progresistas.
Desde un punto de vista político, el gobierno de Boric parece estar enfrentado a la desconexión entre su narrativa de cambio y los retos de un sistema político que exige consensos. La baja aprobación presidencial, según el CEP, sugiere que los ciudadanos perciben una discrepancia entre las promesas y los resultados. La Cuenta Pública 2024 fue una oportunidad para redefinir el mensaje, pero la falta de avances concretos ha reforzado la percepción de un gobierno en una trayectoria de estancamiento.
La cobertura de la Cuenta Pública 2024 y sus promesas incumplidas, particularmente en torno a la legalización de la marihuana, ilustra el desafío de informar sobre un gobierno que opera en un contexto polarizado. Desde The Times en Español, se evidencia que los medios chilenos a menudo tienden a polarizar el debate; algunos destacan logros parciales mientras que otros amplifican los fracasos. Este enfoque binario dificulta una comprensión matizada de las razones detrás de los incumplimientos, que van más allá de la gestión directa del gobierno.
Tomando el caso de la "legalización del cannabis," es notable que el tema genera gran interés en Google Noticias y plataformas como X, pero la falta de avances tangibles reduce su cobertura a titulares sensacionalistas. Un periodismo comprometido debería profundizar en los obstáculos legislativos y sociales que enfrentan estas iniciativas, así como examinar las experiencias de países como Uruguay o Canadá, que podrían servir de modelo para Chile. Una discusión pública más rica y matizada sobre estos temas permitiría evaluar de manera más efectiva la situación de Boric y su administración.
A menos de un año del fin de su mandato, Gabriel Boric enfrenta retos serios al intentar cumplir con las promesas en su Cuenta Pública 2024. La legalización de la marihuana y el autocultivo, junto con otros compromisos cruciales, permanecen pendientes, influenciados por un Congreso dividido y una preparación cuestionada. En Santiago, Chile, la gestión de Boric sigue arrojando luces y sombras, mezclando logros notables con una serie de expectativas frustradas que dominan el panorama político actual.
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