Tensión en Peñalolén: Vecinos Luchan Contra el Proyecto Hijuelas-Quilín

Santiago, Chile – 30 de abril de 2025. Un centenar de vecinos y dirigentes sociales de Peñalolén se manifestaron frente a la Corte Suprema, en un claro acto de resistencia. Acompañaron al concejal Claudio Hernández en la presentación de una acción legal destinada a detener el controvertido proyecto inmobiliario Hijuelas-Quilín, una iniciativa que, según los manifestantes, ha sido impulsada por la municipalidad sin la debida consulta a la comunidad. La tensión entre desarrollo urbano y demandas ciudadanas ha escalado en esta comuna del oriente de Santiago, famosa por su diversidad social y sus acalorados debates sobre la planificación territorial.

El proyecto Hijuelas-Quilín, lanzado en 2019, busca construir 24 torres de entre 11 y 15 pisos, con más de 2.000 departamentos y un Strip Center de 20 locales comerciales, sobre una superficie edificable de 191.808 metros cuadrados. Desde su anuncio, la propuesta provocó una fuerte oposición. Los vecinos y organizaciones locales argumentan que esta iniciativa incrementaría la congestión vehicular, alteraría la armonía urbanística y prolongaría los tiempos de desplazamiento en un sector ya saturado. En 2023, el Tribunal Ambiental anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) previamente aprobada, marcando un revés considerable para los promotores del proyecto.

Sin embargo, la historia no se detuvo ahí. La administración del alcalde Miguel Concha (Frente Amplio) reanudó las negociaciones que su predecesora, Carolina Leitao (DC), había dejado. El 10 de abril, el Concejo Municipal aprobó un acuerdo extrajudicial que ajusta el proyecto, reduciendo las torres a un máximo de nueve pisos y eliminando 54 departamentos, lo que representa menos del 10% del plan original. La votación fue casi unánime, excepto por el concejal Hernández, quien se opuso firmemente: “Nos preocupa la legitimidad de los tres vecinos que firmaron este acuerdo. No está claro si representan a las organizaciones que han luchado contra el proyecto desde el principio”, afirmó Hernández. “No estoy contra el desarrollo, pero este debe ser justo, participativo y legal”.

La comunidad, lejos de calmarse, intensificó su resistencia. Eduardo Gisen, miembro de la ONG Viento Sur, denunció que la gestión municipal prioriza los intereses empresariales sobre los ciudadanos. “Este acuerdo perpetúa la segregación socioespacial en Peñalolén. Aunque los impactos ambientales son menores que en la versión inicial, siguen siendo excesivos para este sector y contradicen el espíritu del nuevo Plan Regulador Comunal que se está discutiendo”, explicó Gisen. Su discurso refleja una preocupación mayor: el proyecto no solo amenaza la calidad de vida, sino que ignora las necesidades habitacionales de una comuna donde el déficit de vivienda continúa siendo un problema crítico.

Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, calificó el acuerdo de “burlesco” y anunció que su organización se unirá a la causa en la Corte Suprema (Rol N° R-334-2022). “Este acuerdo entre una municipalidad intimidada y una empresa que busca revivir un permiso de edificación ilegal de 2018 es inaceptable. Debería incluir viviendas sociales para las familias que las necesitan desesperadamente”, propuso. Su crítica destaca un dilema ético: mientras el mercado inmobiliario avanza, las comunidades vulnerables quedan relegadas.

Desde las bases, Natalia Garrido, vocera del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) de Peñalolén, urgió a la comunidad. “Decimos no a Hijuelas-Quilín desde los territorios. Este proyecto beneficia a los poderosos de siempre y no aporta soluciones al déficit habitacional ni a la calidad de vida”, afirmó Garrido, instando al Concejo Municipal y al alcalde Concha a revertir su decisión y abrir un diálogo auténtico con los vecinos.

La escena en la Corte Suprema marcó el inicio de una batalla legal que podría sentar un precedente. Los opositores sostienen que el proceso ha estado lleno de irregularidades: desde la aprobación inicial del permiso de edificación de 2018, actualmente cuestionado, hasta la falta de participación ciudadana en las recientes negociaciones. Argumentan que la reducción del proyecto es meramente cosmética y no aborda los problemas subyacentes que llevaron a la anulación de la RCA en 2023. Por otro lado, tanto la inmobiliaria como la municipalidad defienden el acuerdo como un “equilibrio” entre desarrollo y sostenibilidad, aunque no han logrado convencer a sus detractores.

La situación en Peñalolén resalta las profundas implicaciones sociales de cualquier decisión relativa al uso del suelo. Hijuelas-Quilín no es solo un proyecto inmobiliario; representa un símbolo de las prioridades de una administración que, según sus críticos, ha privilegio el lucro sobre el bienestar colectivo. Este conflicto trasciende lo local, exponiendo las contradicciones del Frente Amplio en el poder.

El alcalde Miguel Concha, un joven progresista que llegó al cargo en 2021 con promesas de participación ciudadana y justicia social, ahora se encuentra atrapado entre el pragmatismo político y las expectativas de su base. Fuentes del municipio sugieren que Concha intentó evitar un enfrentamiento con la inmobiliaria para no desincentivar la inversión privada, un desafío en tiempos de recuperación económica postpandemia (El Mercurio, 15 de abril de 2025). Sin embargo, esta estrategia ha debilitado su credibilidad entre los movimientos sociales que alguna vez lo apoyaron.

El concejal Claudio Hernández se presenta como una figura disruptiva. Su voto en contra y su liderazgo en la Corte Suprema lo posicionan como un potencial contrapeso dentro del Concejo, aunque su capacidad para movilizar apoyo a largo plazo aún está por verse. Organizaciones como la Fundación Defendamos la Ciudad aportan peso técnico a la causa, mientras el MPL inyecta la energía de la calle. Juntos, forman una coalición heterogénea pero poderosa, que podría complicar los planes de Concha de cara a las elecciones municipales de 2026.

Desde una perspectiva más amplia, este caso refleja el desafío de Chile para reconciliar crecimiento y equidad en un contexto de crisis habitacional. Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el déficit de viviendas supera las 650.000 unidades a nivel nacional (MINVU, 2024). Proyectos como Hijuelas-Quilín, enfocados en el mercado de renta alta, difícilmente contribuirán a la solución de este problema, reforzando la narrativa de segregación que denuncian los opositores. The Times en Español subraya que este conflicto no es solo jurídico, sino también político: un verdadero test para el Frente Amplio y su promesa de transformar la gestión pública desde abajo.

Cuestionable conciliación en Peñalolén: Fundación Defendamos la Ciudad exige transparencia en megaproyecto Hijuelas Quilín