Recurso de protección contra ministra Aguilera en Punta Arenas

PORVENIR, Chile – En el extremo austral del país, donde el viento patagónico corta como navaja y las distancias se miden en esfuerzo más que en kilómetros, Fernanda Carolina Subiabre Neguelquin, una madre y dueña de casa de Porvenir, ha elevado su voz hasta la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Su lucha no es solo personal, sino un grito colectivo de una comunidad que se siente abandonada por promesas incumplidas. El blanco de su recurso de protección: la ministra de Salud, Ximena Aguilera, acusada de actos “arbitrarios e ilegales” que amenazan derechos fundamentales como la vida, la integridad física y psíquica, y la protección a la salud.

Todo comenzó con una esperanza tangible. El 12 de julio de 2024, la ministra Aguilera llegó a Porvenir, una pequeña comuna en Tierra del Fuego, y anunció con bombos y platillos la construcción de un Centro de Diálisis. “Antes de que termine el año”, prometió, respaldada por el eco del presidente Gabriel Boric, quien había visitado la Región de Magallanes meses antes. El alcalde local, Gabriel Parada, reforzó la noticia con entusiasmo: el terreno ya estaba identificado, el proyecto era viable y el personal sería capacitado para operar sin necesidad de un nefrólogo permanente. Para una comunidad donde los pacientes renales deben viajar tres veces por semana a Punta Arenas –un trayecto agotador de varias horas–, la noticia fue un bálsamo.

Fernanda, como muchos otros, respiró aliviada. “Soy paciente renal desde hace un año. Viajar a Punta Arenas para mi hemodiálisis es un desgaste físico, emocional y económico. Dejo a mis hijos solos, y cada viaje es un sacrificio”, relata en el recurso presentado ante la justicia. La promesa de un centro local no era solo una mejora logística; era, literalmente, una cuestión de vida o muerte.

El giro que rompió la ilusión

Pero la esperanza duró poco. El 15 de abril de 2025, un reportaje de La Prensa Austral destapó una realidad opuesta: Verónica Yáñez, directora del Servicio de Salud de Magallanes, confirmó que el Centro de Diálisis no estaría operativo hasta diciembre de 2028. Un comunicado oficial detalló que el anteproyecto comenzó en mayo de 2024, pero los estudios de terreno, licitaciones y procesos de construcción extenderían el plazo más de cuatro años desde la fecha original. La excusa: trámites administrativos y presupuestarios. La reacción en Porvenir fue inmediata: desconcierto, rabia y una sensación de traición.

“La ministra dijo que estaría listo en 2024. Ahora dicen 2028, y yo no sé si estaré viva para entonces”, sentencia Fernanda con una mezcla de resignación y desafío. Su abogado, Juan Sdranovic Arcos, no se anda con rodeos: “Esto es incomprensible e injustificado. La postergación amenaza derechos constitucionales y contradice compromisos internacionales de Chile en derechos humanos”. En el recurso, argumenta que el retraso no solo vulnera el artículo 19 de la Constitución –que protege la vida y la salud–, sino que ignora la urgencia de una región aislada donde el acceso a tratamientos vitales es un lujo inalcanzable para muchos.
Una rutina de supervivencia al límite

La vida de Fernanda es un reflejo de la precariedad que enfrentan los pacientes renales en zonas extremas. Tres veces por semana, debe levantarse antes del amanecer, dejar a sus hijos al cuidado de vecinos o solos, y emprender un viaje que combina ferry y carretera hasta Punta Arenas. Cada sesión de hemodiálisis –esencial para reemplazar la función de sus riñones– le cuesta horas de traslado, además de dinero que no sobra en su hogar. “No puedo mudarme a Punta Arenas. No tengo cómo pagar arriendo, comida ni transporte allá. Mis hijos tienen su vida aquí, su escuela, sus amigos. Desarraigarlos sería otro golpe”, explica.

El Centro de Diálisis prometido representaba más que infraestructura: era la posibilidad de estabilidad, de reducir el estrés de una rutina que desgasta cuerpo y alma. Pero con la nueva fecha de 2028, esa posibilidad se desvanece en un horizonte lejano. “Es una incertidumbre constante. ¿Qué pasa si mi salud empeora? ¿Qué pasa con mis hijos si no resisto?”, se pregunta Fernanda, cuya voz tiembla al imaginar un futuro que no controla.

La justicia como última esperanza

El recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones busca revertir esta situación. Juan Sdranovic Arcos sostiene que el cambio de plazo es “arbitrario” y carece de justificación suficiente, especialmente considerando la gravedad del problema. “No estamos hablando de un lujo, sino de un tratamiento vital en una zona donde el aislamiento agrava todo”, afirma. La acción no solo apunta a la ministra Aguilera, sino al Ministerio de Salud en su conjunto, exigiendo que se cumpla el compromiso original o se adopten medidas inmediatas para garantizar el acceso a la hemodiálisis en Porvenir.

La comunidad fueguina, aunque pequeña, ha comenzado a movilizarse. Vecinos y pacientes han compartido sus historias en redes sociales y medios locales, amplificando el caso de Fernanda. “No es solo por mí, es por todos los que estamos en esta situación”, dice ella, decidida a no bajar los brazos.
Análisis político: promesas al viento y un gobierno en la cuerda floja

Desde una perspectiva política, este caso expone las fisuras de un gobierno que llegó al poder con la bandera de la justicia social y la descentralización. Según The Times en español, “el retraso del Centro de Diálisis en Porvenir es un ejemplo más de cómo las promesas grandilocuentes del Ejecutivo chocan con la realidad burocrática y la falta de priorización”. Fuentes del medio señalan que el anuncio de Aguilera en 2024 pudo haber sido una jugada mediática para capitalizar la visita presidencial, sin un plan sólido detrás. “Es el típico caso de vender la piel del oso antes de cazarlo”, ironiza un columnista del diario, quien no duda en calificar al Ministerio de Salud como “un elefante blanco en regiones extremas”.

. El caso también pone en jaque la credibilidad de Boric, cuya base electoral en el sur esperaba resultados tangibles. Si la Corte falla a favor de Fernanda, el gobierno podría verse obligado a acelerar el proyecto o enfrentar un precedente incómodo. Si pierde, el descontento en Magallanes podría convertirse en un dolor de cabeza electoral.

Un grito que resuena más allá de Tierra del Fuego

La batalla de Fernanda Subiabre no es solo un titular pasajero; es una advertencia sobre las desigualdades que persisten en Chile, especialmente en salud y acceso equitativo. Mientras la Corte de Apelaciones delibera, los ojos de Porvenir –y de quienes buscan justicia en las periferias del país– están puestos en el fallo. Para Fernanda, el tiempo no es un lujo: es una carrera contra la incertidumbre, con su vida y la de otros en juego.

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