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Santiago, Chile 9 de abril de 2025 — El senador Juan Castro Prieto, del Partido Social Cristiano (PSC), salió al paso de las acusaciones tras un reportaje publicado por The Clinic que lo señala como uno de los parlamentarios que habrían mantenido vínculos contractuales con el Estado, en un contexto marcado por la reciente destitución de la senadora Isabel Allende (PS) por el Tribunal Constitucional. Según el medio, Castro estaría relacionado con la Constructora Indemma, una empresa controlada por una red de sociedades familiares que ha recibido más de $3.000 millones de organismos públicos desde que él asumió su cargo en el Senado en 2018.
En su defensa, el senador afirmó: “Yo soy empresario por naturaleza, pero yo no he firmado contratos con el Estado”. Castro insistió en que no participa directamente en la gestión de la constructora y que su rol se limita a una participación indirecta a través de familiares, lo que, según él, no infringe la normativa constitucional. Sin embargo, registros públicos analizados por The Clinic muestran que hasta al menos 2020 figuraba como dueño indirecto de parte de las sociedades involucradas, lo que ha generado dudas sobre la legalidad de su situación bajo el artículo 60 de la Constitución, el mismo que llevó a la salida de Allende.
El caso de Juan Castro se suma a una creciente ola de escrutinio sobre los nexos entre parlamentarios y el Estado, desatada tras el precedente sentado por la destitución de Isabel Allende. La defensa del senador, basada en su identidad como empresario y en la supuesta desvinculación de los contratos, choca con la evidencia de una estructura societaria que podría interpretarse como un intento de eludir las restricciones constitucionales. Mientras Castro apela a la literalidad de no haber firmado contratos personalmente, el espíritu de la norma —evitar conflictos de interés— pone en cuestión si su red familiar actúa como un mecanismo para mantener beneficios indirectos.
La reacción del PSC y del propio senador contrasta con la contundencia del fallo contra Allende, quien fue removida por una operación que ni siquiera se concretó. Este doble estándar aparente podría avivar el debate sobre la necesidad de una aplicación más uniforme de la ley, así como de una reforma que clarifique las inhabilidades de los legisladores. Por ahora, el caso de Castro promete mantener la tensión en el Congreso, donde otros nombres como Luciano Cruz-Coke y Fidel Espinoza también enfrentan escrutinio similar, sugiriendo que la “caja de Pandora” destapada por The Clinic está lejos de cerrarse.
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