Los diputados socialistas Manouchehri y Cicardini consideran que Luis Hermosilla debe permanecer en prisión preventiva y aislado de otros imputados debido a su peligrosidad y capacidad de influir en la investigación por delitos de corrupción, señalando que liberarlo sería una amenaza a la justicia y a la credibilidad del sistema judicial chileno.
Chile18 de marzo de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Los parlamentarios del Partido Socialista Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes actúan como acusadores en el caso Hermosilla, han expresado su opinión sobre la necesidad de que el abogado Luis Hermosilla continúe bajo prisión preventiva. Esta postura se plantea en vísperas de la audiencia de revisión de las medidas cautelares prevista para el próximo jueves 20 de marzo a las 09:00 horas en el Centro de Justicia de Santiago.
Desde agosto de 2024, Hermosilla ha permanecido detenido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, en medio de las investigaciones en su contra por cargos relacionados con delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el denominado Caso Audios.
Manouchehri afirmó que la forma de actuar de Hermosilla es ampliamente conocida: utilizando presiones, contactos e influencias en la oscuridad. Su liberación representaría un riesgo genuino para la investigación en curso. Por lo tanto, sería inaceptable que el tribunal le otorgara la libertad, dado que no se puede permitir que un individuo experto en prácticas turbias interfiera en el proceso.
Por su parte, Cicardini destacó que Hermosilla no es un acusado común, sino más bien el cerebro de una red de corrupción que ha permeado todas las instancias de nuestras instituciones públicas. Dejarlo en libertad sería un ultraje a la justicia y una invitación abierta para que continúe operando impunemente.
En resumen, tanto Manouchehri como Cicardini coinciden en que la prisión preventiva de Hermosilla no solo debe mantenerse, sino que además se debe considerar su aislamiento de los demás acusados, dada su capacidad probada de influir y manipular situaciones en su propio beneficio. De lo contrario, se estaría poniendo en entredicho no solo la justicia del caso, sino la credibilidad de todo el sistema judicial chileno.
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