En un comunicado se detalló que tras concluirse el proceso administrativo pena, la Santa Sede determinó la pena en contra del presbítero, para lo cual se recibió la autorización de la Congregación para la Doctrina de la Fe, organismo que estudió la documentación y los antecedentes enviados desde la Diócesis.
La investigación canónica fue enviada a la Santa Sede a mediados del 2018, luego de lo cual la Congregación para la Doctrina de la Fe derogó la prescripción de los delitos cometidos entre 1985 y 1991.
El proceso penal administrativo dio además origen a otras dos denuncias y diversos testimonios que han llevado a declarar al sacerdote, de acuerdo a la normativa de la Iglesia, culpable de delicta graviora contra sextum cum minoribus.
El sacerdote ya fue notificado de la pena impuesta, y tiene 10 días para solicitar a la Congregación de la Doctrina de la Fe la eventual revocación o enmienda del Decreto del Obispado, explica el documento.
