Desafíos de la Defensa Nacional en el Chile Contemporáneo

En Chile, la defensa nacional suele considerarse un tema técnico reservado para especialistas, documentos oficiales y debates académicos. Sin embargo, la defensa de un Estado es, en esencia, una cuestión profundamente humana, política y ética. La Política de Defensa 2025, que actualmente se está revisando en la Contraloría General de la República, es clave para entender la dirección estratégica del Estado y para formar una opinión informada sobre sus implicaciones. A pesar del avance en diagnósticos y conceptos, persiste una inquietante evasión a la decisión política fundamental.

No se puede afirmar que Chile todavía conciba la defensa únicamente en términos de guerra convencional. El documento reconoce una variedad de amenazas no tradicionales, como la infraestructura crítica, el crimen organizado, la ciberseguridad y la industria militar. A pesar de este esfuerzo por ampliar el marco conceptual, faltan decisiones estructurales y un respaldo político efectivo. Se analizan los fenómenos, pero no se proporcionan las herramientas necesarias para enfrentarlos, ampliando las misiones sin reforzar el aparato estatal para sostenerlas.

El siglo XXI ha transformado la naturaleza del poder. Actualmente, se puede influir o desestabilizar sin necesidad de ocupar territorios o disparar. Las herramientas de poder incluyen la presión económica, el control de cadenas de suministro, la manipulación informativa y la coerción diplomática. Ejemplos contemporáneos, como en Venezuela y Groenlandia, muestran que el ejercicio del poder puede ser no militar, y que los conflictos pueden ser híbridos y prolongados. La defensa moderna ya no puede limitarse a guerras tradicionales; debe anticipar situaciones complejas.

Chile enfrenta riesgos que trascienden lo militar clásico. Geopolíticamente, la Antártica, el Atlántico Sur, los corredores bioceánicos y las tensiones regionales crean un panorama complejo. Desde un enfoque natural, catástrofes como terremotos y sequías amenazan la estabilidad del país, mientras que la pandemia reveló la fragilidad de la coordinación institucional. En el ámbito tecnológico, la ciberguerra y la manipulación informacional afectan sistemas vitales. Además, la expansión de la infraestructura crítica implica que la defensa del siglo XXI involucra, en gran medida, la protección de sistemas.

Asimismo, el desplazamiento humano masivo ha dejado de ser solo un problema humanitario; la migración irregular, cuando es manejada por redes criminales, se transforma en un desafío de seguridad estratégica. Reconocer esta realidad no implica criminalizar la migración, sino entender que la pérdida de control territorial debilita la soberanía estatal.

La expansión de economías ilegales, como el contrabando y la evasión tributaria, también son cuestiones que deben abordarse como un fenómeno estructural que debilita al Estado. La saturación de centros comerciales vinculados a cadenas de suministro de baja trazabilidad es otro aspecto que requiere un análisis más profundo, más allá de la lógica comercial, ya que puede generar dependencia y opacidad financiera.

Los incendios forestales ahora son una amenaza estratégica que exige sistemas preventivos y de inteligencia territorial. Igualmente, la explotación ilegal de recursos estratégicos revela la vulnerabilidad del Estado frente a amenazas no militares.

La dimensión más olvidada de la defensa es la humana. La defensa efectiva no se construye solo con doctrinas, sino con personas. A pesar de que el relato militar tradicional ha sido valorado, ya no es suficiente. Hay una brecha entre las expectativas y la realidad, especialmente en lo que respecta al servicio militar. La reinserción de soldados y la modernización del servicio deben incluir formación técnica en áreas clave.

También es esencial incorporar reservistas activos y capacitados en la defensa moderna, sin embargo, la falta de presupuesto para su formación contradice la llamada a servir. La fragmentación institucional, como la falta de coordinación entre fuerzas armadas, ha mostrado ser un obstáculo en la historia del país.

La continuidad estratégica es otro de los problemas centrales. La política de defensa no puede depender del estilo de liderazgo del comandante en jefe o cambiar cada cuatro años. Sin una política de Estado clara, la defensa se convierte en improvisación, lo que erosiona la confianza institucional. La continuidad no es un lujo, sino una condición esencial para la soberanía.

Finalmente, la defensa no es solo un dilema técnico; también es ético. La promesa de modernización debe ir acompañada de un respaldo político firme. La ética pública en defensa exige coherencia entre lo que el Estado declara y lo que realmente sostiene.

La Política de Defensa 2025 es un paso adelante, pero revela una limitación estructural: Chile ha aprendido a describir amenazas, pero no ha decidido abordarlas con la profundidad necesaria en el siglo XXI. La defensa de la soberanía ya no se sostiene únicamente en el uso de armas; depende de la continuidad estratégica, la capacidad institucional, el capital humano y la coherencia ética.

En este siglo, no se proclama la defensa; se ejerce. Y ejercerla implica reconocer una verdad incómoda: el verdadero problema no es la falta de ideas, sino la falta de decisiones efectivas para materializarlas en políticas de Estado.