Proyecto Parque Pümpin en Valparaíso: Un intento de lucro desmedido

El pasado 24 de enero de 2026 el diario El Mercurio, en destacado reportaje de media página, publicó "Inmobiliaria pide indemnización de $ 34 mil millones por fallido proyecto de parque Pümpin en Valparaíso", demanda radicada en el 3er Juzgado Civil de esa ciudad. La empresa que temerariamente le exige esa cuantiosa suma de dinero a la Municipalidad de Valparaíso se denomina Sogin SpA, la que, buscando en el ciberespacio, inició sus actividades mercantiles en marzo de 2021: ese medio publicó que tal empresa, vulgar aparecida, se siente perjudicada por los daños que le causó la anulación de un antiguo permiso para construir 26 edificios en los terrenos del ex Jardín Suizo de la ciudad puerto. Se debe saber que este negocio es de la Inmobiliaria del Puerto SpA del empresario y político de extrema derecha Nicolás Ibáñez.

La artificiosa demanda fue interpuesta por Sogin SpA en octubre de 2024, argumentando que es sucesora de la Inmobiliaria de Ibáñez y su propósito es buscar una conciliación judicial con la municipalidad para, después de los prolongados dimes y diretes de los respectivos abogados, pueda obtener una interesante compensación económica, equivalente a un cierto porcentaje de la suma reclamada. Esta figura de la conciliación, con la asistencia mediática de la prensa, es utilizada recurrentemente por ciertos avispados actores privados para obtener suculentos beneficios económicos extraídos de los organismos del Estado.

En octubre de 2021, mismo año de la creación de Sogin SpA, el Diario Financiero publicaba que Ibáñez había desechado su proyecto, pues el mismo siempre iba a tener oposiciones por parte del alcalde Jorge Sharp, del Concejo Municipal y de la comunidad, motivo por el cual había decidido vender el terreno y que su caso, que él consideraba de estudio, sería publicado en un libro cuyo propósito era entregarlo a todas las universidades del país, ello a pesar de que en el transcurso de ese año, la 3a Sala de la Corte Suprema, en fallo dividido 3 versus 2, acogió un reclamo de ilegalidad presentado por la Inmobiliario del Puerto SpA. Quienes votaron a favor de la inmobiliaria eran la hoy conocida Ángela Vivanco, Mario Carroza y el abogado integrante Enrique Alcalde y los votos que favorecían al municipio eran de los jueces Sergio Muñoz y Adelita Ravanales.

Un poco de historia. A mediados del año 2013, acogiendo unas demandas ciudadanas, la Municipalidad de Valparaíso tomó la decisión de aplicar el artículo 117º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) para proteger el valor patrimonial del barrio O’ Higgins de esa ciudad y así fue como se congelaron los ingresos, tanto de las solicitudes de anteproyectos como de los permisos de edificación en la Dirección de Obras Municipales (DOM).

La Inmobiliaria del Puerto SpA ingresó en la DOM, al día siguiente de conocerse el Decreto Alcaldicio que fijaba el congelamiento, una solicitud de anteproyecto por 26 edificios en altura en un terreno de 10 hectáreas, aprovechando que tal Decreto todavía no se había publicado en el Diario Oficial. Es decir, el titular del negocio aprovechó información privilegiada para su prevista inversión de US$ 80 millones.

Pues bien, como consecuencia de la ingeniosa maniobra de la inmobiliaria, la comunidad puso el grito en el cielo porque entendía que con esa avivada del privado se perdían para siempre, entre otros, las áreas verdes de unos parques y el inmueble del jardín Pümpin, espacios que iban a ser declarados como Zona de Conservación Histórica en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Valparaíso. Por ello los dirigentes vecinales recurrieron ante la Contraloría General de la República para que investigara todo lo acontecido con la tramitación de esa oportunista solicitud de anteproyecto.

El ente fiscalizador en sus dictámenes Nº 59.619 y Nº 16, de los años 2014 y 2015, respectivamente, firmados ambos por el contralor Ramiro Mendoza, concluyó que en la tramitación del anteproyecto se cometieron vicios que debían ser corregidos por la DOM, por cuanto esta oficina técnica municipal había aceptado el reemplazo de documentación en el anteproyecto, con lo cual se alteró el mismo, quedando en evidencia que la solicitud de ese acto administrativo preliminar solo perseguía burlar el congelamiento.

Pero la sagaz municipalidad, regida en esa época por el alcalde UDI, Jorge Castro, en lugar de invalidar el anteproyecto, utilizando el falaz argumento de que la empresa, por haber procedido de “buena fe” disponía de “derechos adquiridos”, muy suelta de cuerpo, desobedeciendo el mandato vinculante de la Contraloría, otorgó a esa inmobiliaria el 30 de mayo de 2015 el permiso de edificación Nº 301, acto administrativo de interés general que no fue notificado, luego, vulnerándose la ley.

Ahora bien, existió un tercer dictamen de la Contraloría, Nº 18638, del 19 de octubre de 2015, ahora firmado por el titular, Víctor Hugo Merino, de su sede regional de Valparaíso, mediante el cual reafirma los dos anteriores. En efecto, entre otras cosas, certifica que la DOM no se ajustó a derecho al autorizar el anteproyecto, pues en la tramitación de éste se vulneraron disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y que las solicitudes de reconsideración de la Municipalidad y de la Inmobiliaria del Puerto SpA ya habían sido desestimadas. Más claro imposible.

El tercer dictamen del órgano fiscalizador también fue desacatado, motivo por el cual la comunidad organizada de esa zona urbana porteña presentó un recurso de ilegalidad, ahora ante el nuevo alcalde del Frente Amplio, Jorge Sharp, el que fue acogido con fecha 21 de septiembre de 2017, actuación que fue publicada en el Diario Oficial. Así las cosas, el permiso de edificación N° 301 del año 2015 fue dejado sin efecto por el municipio.

A todo esto, la sede central de la Contraloría se dio una curiosa voltereta para aceptar el reclamo de la inmobiliaria y así fue como su contralor, Jorge Bermúdez, expresó que el anteproyecto estaba bien tramitado, ordenando reconsiderar el dictamen del contralor regional de Valparaíso y, por lo tanto, desdeñando además los 2 anteriores del ex contralor Mendoza.

A todo esto, el 17 de abril de 2020 la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ante un recurso de la inmobiliaria, también declaró la ilegalidad de los decretos alcaldicios de Sharp, teniéndose en cuenta que los proyectados edificios se redujeron a 23. Ese fallo fue rechazado por la comunidad del barrio O´Higgins y el municipio, apoyando a los vecinos, llevó la controversia a la Corte Suprema, cuya 3a Sala llamó a una conciliación, la que no se produjo por decisión del municipio.

En resumen, como ya se dijo, el fallo de la Suprema favoreció a la empresa de Ibáñez, cuyo anunciado libro relatando el episodio no se encuentra en las librerías, de tal forma que la fantasiosa acción judicial de octubre de 2024, en contra de la Municipalidad de Valparaíso, presentada por la novata empresa Sogin SpA solo pretende un indebido y jugoso lucro.

Finalmente, recordemos que el 27 de Septiembre de 2024, el entonces alcalde Sharp, con motivo de las filtraciones de audios, le solicitó al Consejo de Defensa del Estado que le pida al Fiscal Nacional, "entregar toda la información que, eventualmente podría existir entre el señor Hermosilla y Vivanco sobre el caso Pumpin en Valparaíso". Reproduciéndose notas periodísticas "él quería saber si en los chats de la ministra Vivanco y Hermosilla este caso fue comentado”. Quien suscribe esta columna de opinión no conoce la gestión efectuada por el organismo persecutor. En todo caso era esperable, por todo lo que se ha conocido, que en el fallo de la Suprema Vivanco haya favorecido a la inmobiliaria, al contrario de los votos estrictamente apegados a la ley de Muñoz y Ravanales.

En todo caso, asociado a la grave denuncia del abogado Eduardo Lagos, involucrado en la trama bielorrusa, en cuanto a que en la 3a Sala de la Suprema existía la "venta de fallos" (sic) por parte de Vivanco, lo que se refleja en nota del 27/01/2026 de El Mercurio, dada la similitud de ambos acontecimientos, sería muy necesario que el fiscal, Ángel Valencia, tome cartas en el asunto para conocer lo sucedido con el negocio de Ibáñez en Valparaíso.