EE.UU. sanciona a Juan Carlos Muñoz, Claudio Araya y al jefe de gabinete

El gobierno de Estados Unidos ha impuesto restricciones de visa a tres altos funcionarios del Ejecutivo chileno, acusándolos de comprometer la infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectar la seguridad regional. Entre los sancionados se encuentran el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete del ministro  Guillermo Petersen.

Acusaciones y Reacciones del Gobierno Chileno

Según una declaración del Departamento de Estado, las sanciones están relacionadas con el cableado submarino entre Chile y China, así como la compra de maquinaria eléctrica para el transporte público. La administración estadounidense señaló que estos funcionarios “dirigieron y autorizaron actividades que comprometieron la seguridad regional”.

En respuesta, el Gobierno de Chile expresó su sorpresa y rechazó categóricamente las acusaciones. A través de un comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, convocó al embajador de EE.UU. en Chile para obtener aclaraciones y cuestionó la falta de notificación previa, resaltando la importancia de las relaciones bilaterales.

Consecuencias de las Sanciones

A raíz de esta medida, los tres funcionarios y sus familiares directos se verán inhabilitados para ingresar a Estados Unidos, y sus visas vigentes han sido revocadas. El Departamento de Estado destacó que esta decisión forma parte de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para proteger la seguridad nacional y los intereses en la región.

Críticas y Consecuencias Políticas

En el comunicado, EE.UU. criticó directamente al gobierno del presidente Gabriel Boric, argumentando que su legado se verá perjudicado por acciones que socavan la seguridad regional. Además, el Departamento de Estado reafirmó su intención de tomar medidas contra aquellos que intenten desestabilizar el hemisferio.

Washington también dejó entrever su disposición para colaborar con una futura administración liderada por José Antonio Kast, enfocándose en prioridades compartidas, especialmente en materia de seguridad.

Hasta el momento, el gobierno chileno no ha proporcionado una declaración oficial sobre la medida ni ha ofrecido detalles sobre los hechos que motivaron las sanciones.