Diego Arenas
El Gobierno de Chile ejecutó el primer vuelo chárter del año 2026, concretando la expulsión de 83 personas extranjeras en un operativo organizado por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y la Policía de Investigaciones (PDI). Este vuelo tuvo como destino Bolivia y Colombia. Del total de expulsiones, 56 fueron de carácter administrativo y 27 por resoluciones judiciales. La acción tiene como objetivo cumplir con la legislación migratoria vigente y reforzar la seguridad pública, enfocándose en aquellos que han cometido delitos o tienen antecedentes policiales o penales.
El director nacional del Sermig, Luis Eduardo Thayer, señaló que este operativo marca el vuelo chárter número 23 desde que comenzó la actual administración, acumulando un total de 4,421 expulsiones desde 2022. "La regularidad en la ejecución de estas medidas refleja una clara priorización por asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria y fortalecer la seguridad del país. Se trata de una política de Estado que debe sostenerse a largo plazo", añadió Thayer.
La prefecto Polly Ureta Aburto, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana de la PDI, especificó que entre los expulsados se encontraban 52 ciudadanos colombianos y 31 bolivianos, todos con órdenes de expulsión vigentes. La mayoría de las expulsiones administrativas se debieron a delitos graves, incluyendo homicidio, robo, delitos sexuales, y violaciones a la ley de drogas y de armas.
Las autoridades enfatizaron que estas expulsiones son resultado de las fiscalizaciones permanentes realizadas por unidades especializadas de la PDI y del Servicio Nacional de Migraciones en todo el territorio nacional. Durante el año 2025, se concretaron 1,117 expulsiones, mientras que en lo que va del presente año, ya se han contabilizado 128 expulsiones de personas del país.
Este tipo de operativos se inscribe dentro de un esfuerzo más amplio por parte del Gobierno para abordar los desafíos migratorios y garantizar un control más riguroso en la frontera, en consonancia con las directrices internacionales y la protección de la seguridad nacional. La ejecución de estas medidas no solo busca asegurar el respeto de las leyes migratorias, sino también promover un ambiente de seguridad y bienestar para todos los ciudadanos.
De este modo, el Gobierno de Chile reafirma su compromiso en la implementación de políticas migratorias eficientes y efectivas, respetando siempre los derechos fundamentales de los involucrados en este proceso. Las cifras, aunque altas, reflejan una realidad compleja que exige atención y acción decidida por parte de las autoridades en todos los niveles.
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