Patricio Herman
En anteriores columnas hemos abordado dos situaciones confusas y potencialmente corruptas en el sector de Vivienda y Urbanismo, las cuales siguen sin resolverse, ni por la Corte Suprema ni por la Contraloría General de la República. Por ello, es crucial ofrecer información que permita a los lectores formarse sus propias conclusiones.
Expropiación de Terreno de Copec en Las Condes
Hemos informado que Copec, en busca de una mayor indemnización por la expropiación de un terreno de 1.725 m2 en El Golf, Las Condes, impugnó la suma de $4.226.250.000 determinada por tasadores del Ministerio de Obras Públicas (MOP). La empresa argumentó que el terreno tenía potencial para construir una torre de 15 pisos, lo que justificaría un monto más elevado.
Surge entonces la pregunta: ¿por qué nunca construyó una torre allí ni ofreció el terreno a un precio elevado en el mercado inmobiliario? Este intento comercial es cuestionable, dado que el terreno está designado como espacio público para vialidad en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) consideró injustificada la indemnización otorgada por los tasadores, alegando que el terreno tiene un interés de utilidad pública. El CDE llevó el caso a los tribunales para salvaguardar los intereses fiscales y la legalidad del marco regulatorio.
Un dato que resalta la incompetencia administrativa es que la utilidad pública sobre ese terreno estaba contemplada en el Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) de 1960, pero no fue incluida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994 por los responsables de ese documento, un error que no ocurrió en el PRC de Las Condes de 1995.
Recordemos que la expropiación afecta a un terreno relacionado con la construcción de una estación de la suspendida Línea 7 del Metro. El 5 de enero de 2026, la Corte Suprema adoptó una decisión que validó la indemnización de los tasadores del MOP, creyendo erróneamente que se trataba de una simple conciliación, sin tener en cuenta el Certificado de Informaciones Previas (CIP) emitido por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, que es un documento vinculante.
¿Qué es el Certificado de Informaciones Previas? - SCS Arquitecto
Los abogados de Copec, ansiosos por ganar el juicio, rechazaron el CIP con argumentos poco sólidos. Dado el fallo del tribunal, hicimos un llamado a Gloria Ana Chevesich, presidenta de la Corte Suprema, para que se revisara el caso en su totalidad.
Recientemente, supimos que ambas partes interpusieron recursos de reposición. Copec insiste en que el terreno, que ya no posee, es apto para edificar oficinas y solicita una indemnización de casi $7.000.000.000. Por su parte, el CDE persiste en respaldar el CIP que declara el terreno como de utilidad pública.
Estaremos atentos al desenlace del juicio, que debería favorecer al CDE y, por ende, confirmar que la indemnización de $1.951.121.325, basada en los equipos en el terreno, es justa.
Por otro lado, la empresa Fundamenta, no tan bien vista por el ex juez Sergio Muñoz, consiguió en Ñuñoa un permiso de edificación "a la chilena". Un día antes de que se aprobara una modificación al PRC de Ñuñoa, la empresa presentó un anteproyecto para construir cuatro torres de 32 pisos en un terreno donde anteriormente se ubicaba el estadio y gimnasio Manuel Plaza.
Los inversores de Fundamenta y Frontal Trust estaban al tanto de que el nuevo PRC limitaba la altura de estas edificaciones a 15 pisos, y como la normativa flexible permitía "derechos adquiridos" mediante un simple anteproyecto, el 12 de octubre de 2018 obtuvieron el permiso de edificación N° 296, aprovechando esa circunstancia.
Sabíamos que el Estudio de Conos de Sombra relacionado con estas torres era ilegal, hecho que el ex juez Muñoz había detectado. El 14 de octubre de 2024, denunciamos esta situación ante la Contraloría General de la República, y el 12 de junio de 2025, a raíz de una reunión con el ingeniero Rodolfo Acha, que trabajó en la División de Desarrollo Urbano del Minvu, expusimos el caso al subcontralor general, Víctor Hugo Merino. Ante la falta de respuesta, solicitamos una audiencia con Gabriela Soto, jefa de la división de Infraestructura y Regulación, para explicar los fundamentos que evidencian la ilegalidad del mencionado Estudio.
Sin embargo, el 23 de diciembre de 2025, Soto argumentó que los documentos debían ser presentados por medios oficiales, y rechazó nuestra solicitud de audiencia el 15 de enero de 2026. Ante la imposibilidad de continuar solicitando entrevistas, subrayamos que, como indica Rodolfo Acha, el Estudio no contempló correctamente la proyección de sombras establecida en el PRC de Ñuñoa.
Esto resultó en una manipulación artificial de las sombras, lo que contrasta con el hecho de que, a pesar de tal estrategia, la diferencia de sombras entre el volumen teórico y el proyecto apenas es de 0,26 m2.
Sería justo pedir disculpas al ex juez Sergio Muñoz por el daño injusto que se le infligió, y sugerir a la Contraloría la posibilidad de que trabajemos juntos para esclarecer este episodio, aún a pesar de la prescripción. Estamos convencidos de que esta colaboración mejorará significativamente la eficiencia del rol estatal en este ámbito.
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