En Chile, 53 legisladores rechazan el proyecto minero Dominga por su impacto en el Archipiélago de Humboldt y vínculos con corrupción. La Corte Suprema decidirá su futuro.
12 de junio de 2025
Irmina Herrera
Santiago, Chile,– Un grupo de 53 legisladores chilenos ha expresado su rechazo al proyecto minero y portuario Dominga, ubicado en La Higuera, Región de Coquimbo. En una declaración oficial, afirmaron que el proyecto representa una amenaza significativa a la biodiversidad del Archipiélago de Humboldt y cuestionaron la integridad de las instituciones públicas por sus supuestos vínculos con corrupción. En medio de un proceso judicial que se encuentra en manos de la Corte Suprema, el proyecto ha reabierto el debate sobre la necesidad de equilibrar el desarrollo económico y la protección ambiental en un país dependiente de la minería.
Dominga, impulsado por la empresa Andes Iron, contempla la construcción de dos minas a cielo abierto, un puerto y una planta desaladora, situados a solo 16 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Este ecosistema alberga aproximadamente el 80% de los pingüinos de Humboldt, además de delfines de aguas frías y unas 560 especies marinas. Los legisladores subrayaron que "ese equilibrio es muy frágil. Si se destruye, es irrecuperable y se pierde para siempre".
El proyecto, valorado en 2.500 millones de dólares, ya ha enfrentado tres rechazos por parte del Comité de Ministros, apoyados por informes de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Estos documentos indican que Dominga subestima sus impactos ambientales y presenta deficiencias en la evaluación de rutas de navegación y efectos en el medio marino. A pesar de estos antecedentes, Andes Iron ha recurrido a la Corte Suprema, que se prepara para anunciar una decisión que podría marcar un precedente en la política ambiental chilena.
El asunto de Dominga no se limita solo a los impactos ambientales. Los legisladores advirtieron sobre los vínculos entre el proyecto y escándalos de corrupción como el Caso Penta, los Pandora Papers y el Caso Hermosilla, que resultaron en la renuncia del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz. Además, la falta de inhabilidades en el Tribunal Constitucional ha generado preocupaciones sobre la "sensación de captura institucional" por intereses privados.
Particularmente controversial es la figura del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, quien no se inhabilitó a pesar de su relación con un abogado vinculado al proyecto. Este abogado presentó una querella contra la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, lo que ha intensificado las dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial. Los parlamentarios afirmaron que "las inhabilidades cuestionadas en el Tribunal Constitucional debilitan la confianza pública".
En La Higuera, la comunidad permanece dividida respecto al proyecto. Algunos vecinos ven en Dominga una oportunidad de desarrollo económico que promete 10.000 empleos directos durante la construcción y 1.500 empleos permanentes durante su operación. Sin embargo, muchos temen que el proyecto convierta la región en una "zona de sacrificio". La alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, indicó que el proyecto "ha dividido a la comuna; es el daño más grande que hemos tenido". Grupos locales como Alianza Humboldt están liderando protestas y acciones legales para defender el Archipiélago de Humboldt.
Rodrigo Flores, presidente de la Mesa Consultiva del Archipiélago de Humboldt, aseguró: "No hay apoyo para la minera en la comunidad". Por su parte, Alejandra Donoso, directora de la Defensoría Ambiental, criticó un fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que había ordenado al Comité de Ministros una nueva votación tras anular un rechazo previo, señalando que "no se ajusta a derecho" y que se presentarán recursos ante la Corte Suprema para revertirlo.
El rechazo a Dominga, según los parlamentarios, no implica un rechazo a la minería como fuente de desarrollo, sino que se enfoca en un proyecto que no respeta los estándares de una "minería moderna" que beneficie a la comunidad. "No se trata de estar en contra de la minería, sino de exigir una minería con reglas claras", señalaron.
En respuesta, Andes Iron defiende que el proyecto generaría 500 millones de euros anuales en impuestos y ayudaría a reducir los altos índices de pobreza en la región. Sin embargo, los legisladores argumentaron que los datos contradicen las afirmaciones de progreso, apuntando a estudios independientes que sugieren que los impactos negativos en la biodiversidad y las actividades económicas locales eclipsarían cualquier beneficio a corto plazo.
Desde su ingreso en 2013 para evaluación ambiental, el caso de Dominga ha estado sujeto a diversos rechazos. En 2017, el proyecto fue invalidado por deficiencias, y aunque el Tribunal Ambiental solicitó nuevas votaciones en 2018, la Corte Suprema determinó que el primer rechazo fue legal. A pesar de continuar por el camino judicial, Dominga ha enfrentado una resistencia constante.
Organizaciones como Oceana y Alianza Humboldt han destacado que el Archipiélago de Humboldt es un área protegida creada recientemente para resguardar su biodiversidad única. "Dominga generaría impactos irreversibles", aseguró Ezio Costa, abogado de Alianza Humboldt, quien criticó el uso inadecuado del derecho por parte de las instituciones para favorecer intereses privados.
El caso de Dominga se ha convertido en un barómetro crítico de la salud institucional y política de Chile. La oposición de 53 parlamentarios demuestra un consenso creciente para priorizar la sostenibilidad y la transparencia. La decisión de Andes Iron de continuar buscando la aprobación por medio de procesos judiciales evidencia las tensiones entre el poder económico y el bienestar público.
Los vínculos del proyecto con corrupción, incluyendo los Pandora Papers y el Caso Hermosilla, alimentan la percepción de que ciertos sectores buscan influir en decisiones estatales para su propio beneficio. La falta de inhabilidades del ministro Jean Pierre Matus y las decisiones cuestionadas en el Tribunal Constitucional intensifican la desconfianza en un momento en que el país lidia con desigualdad y crisis climática. Este caso será una prueba del compromiso del gobierno de Gabriel Boric con una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible.
El debate sobre Dominga también se alinea con la discusión global sobre la transición energética y la explotación responsable de recursos. Con un aumento en la demanda de cobre y hierro por su rol en tecnologías verdes, proyectos como este enfrentan un escrutinio mayor por su impacto en ecosistemas vulnerables. La resolución de la Corte Suprema no solo definirá el futuro de Dominga, sino que también establecerá un precedente sobre cómo Chile balancea la crecimiento económico con la protección de su patrimonio natural y la integridad de sus instituciones.
A medida que La Higuera y el Archipiélago de Humboldt esperan la decisión de la Corte Suprema, el rechazo de los 53 parlamentarios subraya que el desarrollo no debe comprometer la biodiversidad ni la confianza pública. En un país donde la minería ha sido un motor económico, el caso de Dominga plantea interrogantes profundas sobre el modelo de desarrollo y el rol de las instituciones en el interés público. Una resolución judicial será un hito, no solo para Coquimbo, sino también para el futuro de Chile como líder en sostenibilidad y transparencia.
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