Cooper solicitó intervenir el celular de Boric por sospechas de financiamiento irregular en su campaña con dineros de la Fundación ProCultura.
09 de mayo de 2025
Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile - En un giro inesperado de los acontecimientos políticos en Chile, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ha solicitado autorización para interceptar las comunicaciones del Presidente Gabriel Boric, en el marco de una investigación que sugiere un presunto financiamiento irregular de su campaña presidencial a través de la Fundación ProCultura. Este caso ha comenzado a tomar fuerza desde el 15 de noviembre de 2024, cuando el tribunal de Antofagasta rechazó la solicitud, al considerar que las conexiones entre Boric y la fundación no son suficientes para justificar tal medida intrusiva.
El caso ProCultura se ha convertido en un foco de atención mediática y política en Chile tras la denuncia de irregularidades en la forma en que se han manejado los fondos públicos destinados a organizaciones no gubernamentales. La Fundación ProCultura ha recibido grandes cantidades de dinero del Estado, lo que ha llevado a un exhaustivo escrutinio por parte del Ministerio Público. Según detalló Cooper en su solicitud, se sospecha que estos fondos se utilizaron para cubrir deudas relacionadas con la campaña electoral de Boric, quien asumió la presidencia en marzo de 2022.
La solicitud de Cooper se sostiene en veintiséis páginas donde se documentan diversas interacciones entre miembros del Gobierno y la Fundación. De acuerdo con el fiscal, la relación personal que existe entre Boric y el director de la fundación, Alberto Larraín, plantea dudas sobre el uso adecuado de los recursos públicos.
Entre los nombres mencionados se encuentra Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, quien ha sido citado como imputado en la investigación. La firma de un convenio por más de $1.6 mil millones para el fomento de la salud mental ha desatado una serie de preguntas sobre la correcta asignación de los fondos, ya que Orrego y Larraín tienen vínculos cercanos.
La naturaleza de este acuerdo ha llevado al fiscal a destacar la pertinencia de investigar las interacciones entre los funcionarios públicos y la Fundación ProCultura. “El hecho de que el Director Ejecutivo de la fundación estuviera también en la directiva de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo agrega un nivel de complejidad al ya intrincado entramado burocrático que rodea los convenios”, argumentó Cooper.
El caso no se limita a la Región Metropolitana; también se ha extendido a otras regiones, incluyendo Biobío, Los Lagos, Ñuble y Magallanes, donde se han detectado irregularidades en la transferencia de recursos públicos a organizaciones similares. La expansión de las investigaciones sugiere un patrón más amplio de posibles malversaciones dentro de diversos convenios en los que ProCultura ha estado involucrada.
Uno de los hallazgos más preocupantes se refiere a un convenio para financiar un proyecto en Punta Arenas que, según el informe del fiscal, fue aprobado por el gobierno regional poco después de que la organización se constituyera. Esta relación entre la fundación y los gobiernos locales plantea interrogantes adicionales sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Dentro de la evidencia recopilada por la Policía de Investigaciones (PDI), se han descubierto conversaciones que involucran a distintos actores políticos y miembros de la fundación. En uno de los diálogos, la cofundadora de ProCultura, Patricia Csillag, revela que Larraín le compartió que había utilizado fondos de la fundación para saldar deudas de la campaña electoral de Boric, lo que podría tener graves repercusiones legales y éticas para el Presidente.
“Gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”, fue una de las declaraciones que podría comprometer no solo a Larraín, sino también a Boric, quien ahora se encuentra en el centro de una investigación que podría sacudir los cimientos de su administración.
Desde el Palacio de La Moneda, la reacción ha sido de cautela. Aunque Boric ha asegurado que su administración se mantendrá transparente y que colaborará en las indagatorias, el rechazo del tribunal a interceptar sus comunicaciones ha generado un ambiente de incertidumbre. Los críticos han argumentado que la situación puede tener un impacto duradero en la credibilidad del gobierno, que ha estado bajo el escrutinio público desde su asunción.
El contexto político en Chile es frágil, con partidos opositores aprovechando la situación para cuestionar la integridad de Boric y la coalición de izquierda que lo respalda. La incertidumbre generada por este caso podría ser un factor decisivo en futuros procesos electorales y en la estabilidad del actual gobierno.
Este desarrollo en el caso ProCultura marca un hito importante en la política chilena, exigiendo una reflexión sobre la forma en que se manejan los recursos públicos y la transparencia en las campañas electorales. Los escándalos de financiamiento irregular a menudo tienen un efecto desestabilizador en los gobiernos, y la administración de Boric no es la excepción. La situación pone de manifiesto la necesidad de revisar y reformar las normativas que regulan el financiamiento de campañas y la gestión de las organizaciones públicas.
Las recientes encuestas sugieren que la popularidad de Boric ha comenzado a sufrir en medio de estas acusaciones. Este caso podría convertirse en un referente sobre cómo el manejo ineficaz de recursos públicos no solo afecta a los involucrados, sino que también puede comprometer la confianza pública en las instituciones democráticas.
En conclusión, el caso ProCultura y las sospechas de financiamiento irregular para la campaña de Boric son una llamada de atención para todos los actores políticos en el continente. Este escándalo no solo arroja luz sobre la corrupción en Chile, sino que también indica que la justicia debe ser un pilar fundamental en la gobernanza, a fin de restaurar la confianza en la administración pública.
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