Funcionarios públicos van a paro: ¿Se acortará plazo de renovación de contratas?

El gobierno enfrenta presiones: Empleados públicos en huelga y oficialistas buscan reducir plazos para renovar contratos. La protesta se desarrolla en el marco de las negociaciones salariales con el Ejecutivo. Jeannette Jara, Ministra del Trabajo, considera que la paralización carece de sentido. 
  
 Este jueves, funcionarios del sector público llevarán a cabo un paro en 15 ciudades del país mientras se negocia el reajuste salarial entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público. La movilización busca presionar para que se atiendan las demandas de los trabajadores estatales y se cumplan los compromisos del Ejecutivo, centrándose en imponer su postura en lo referente a los trabajadores contratados. 
  
 El debate surgió a raíz de una nueva jurisprudencia de la Contraloría, que determinó que el principio de confianza legítima para los trabajadores a contrata ya no será revisado por el ente fiscalizador, sino por los tribunales de justicia. Anteriormente, se podía invocar este principio ante la Contraloría después de dos renovaciones sucesivas, pero ahora la Corte Suprema ha establecido que debe esperarse cinco años. Esta decisión ha generado molestia entre los funcionarios públicos, quienes exigen una modificación en este criterio para no quedar desprotegidos. 
  
 La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha declarado que el objetivo del paro es garantizar la estabilidad laboral y salarial, así como proteger a miles de trabajadores cuyos puestos de trabajo podrían estar en riesgo debido a la renovación de contratos. La movilización iniciará a las 11.00 horas, con una marcha en Santiago desde Santa Rosa hasta la Alameda. A pesar de esto, la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha expresado su desaprobación hacia la huelga. 
  
 Mientras tanto, un grupo de diputados oficialistas ha presentado un proyecto de ley para reducir a dos años el plazo de renovación automática de contratos, desafiando la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema que establecía cinco años. El Gobierno ha optado por no oponerse a la decisión de la Contraloría Pérez por el momento y aún no ha avanzado en posibles modificaciones legales.

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