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En la práctica, esto implica que, tras dos años de servicio, sólo los tribunales pueden evaluar su estabilidad laboral, limitando la intervención administrativa. "Este cuestionado dictamen supone un cambio en la jurisprudencia sobre el principio de "Confianza Legítima", el cual, desde 2016, había sido clave en la regulación de los despidos arbitrarios en el sector público", advierte Stipicic.
La edil manifestó su apoyo a los docentes de Punta Arenas, quienes rechazan la interpretación adoptada por el órgano contralor. "Este dictamen, que ampara la precariedad laboral bajo el concepto de "confianza legítima", no sólo vulnera derechos fundamentales, sino que también atenta contra la dignidad de cientos de trabajadores que han dedicado años de esfuerzo al servicio público, particularmente en el ámbito educativo", aseguró.
Alicia Stipicic afirmó que "el traspaso de los establecimientos educacionales al Servicio Local de Educación (SLEP) buscaba mejorar la educación, pero la decisión de la Contraloría hace que la educación se transforme en un botín para el gobierno de turno. Es fundamental que se reestablezca un verdadero compromiso con la estabilidad laboral del Magisterio y que el SLEP no se preste para ser una trinchera política, garantizando así un entorno laboral digno para quienes se dedican al servicio público. La educación y el bienestar de nuestra sociedad dependen de ello".
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