Las severas condiciones meteorológicas que azotan la zona centro y sur de Chile, abarcando desde Atacama hasta Los Ríos, han forzado al Ejecutivo a tomar medidas económicas inmediatas. Con un balance oficial que reporta tres personas fallecidas, más de 150 aislados y decenas de viviendas con daños de diversa consideración, el Presidente José Antonio Kast confirmó la habilitación de fondos de emergencia regionales.

Sin embargo, la medida no solo representa un salvavidas de liquidez para las zonas afectadas, sino que ha puesto sobre la mesa las tensiones históricas entre el poder central y los gobiernos locales respecto a la administración de los recursos del Estado.

¿Cómo operan estos fondos excepcionales?

La herramienta activada por La Moneda —formalizada recientemente por la Subsecretaría del Interior— se basa en la Ley de Presupuestos 2026. Esta normativa permite a las autoridades locales utilizar una fracción de su propio capital de inversión para enfrentar catástrofes, agilizando la burocracia estatal.

Sus características principales son:

• Disponibilidad inmediata: Los fondos pueden comenzar a ejecutarse sin tener que esperar a que el trámite administrativo esté completamente cerrado, un factor vital cuando hay vidas e infraestructura en riesgo.

• Cobertura integral: El dinero no está restringido a la reconstrucción. Puede usarse en fases preventivas, de respuesta directa durante el temporal y en la posterior recuperación.

• Filtro técnico: Las decisiones de gasto deben pasar por las evaluaciones de los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) y priorizar las urgencias municipales.

Además, para garantizar la transparencia, cada Gobierno Regional (Gore) deberá rendir cuentas de forma trimestral a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y al Congreso.

La discrepancia de los gobernadores: ¿Autonomía o sacrificio?

Aunque la agilidad de la medida fue valorada por los líderes territoriales, también destapó una crítica profunda al diseño del financiamiento público. Desde la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), su presidente Alejandro Santana transparentó el dilema que enfrentan las regiones.

La legislación contempla originalmente un 5% para contingencias. No obstante, en la práctica, el Ejecutivo central retiene un 3% al inicio del año para un fondo centralizado, dejando a las administraciones locales solo con un 2% nominal.

Esto genera un efecto colateral: el dinero que hoy los Gores destinarán a despejar caminos, ayudar a damnificados o reparar infraestructura, saldrá directamente de su presupuesto de Inversión Regional. Es decir, los gobiernos locales deberán pausar o sacrificar proyectos de desarrollo territorial previamente aprobados para costear la emergencia, reavivando el llamado a una mayor independencia fiscal.

Una precisión necesaria: No es el 2% Constitucional

Es habitual que en el debate público se confunda esta herramienta con el "2% Constitucional". Se trata de mecanismos completamente distintos:

1. 2% Regional (Actual): Proviene del dinero ya asignado a las regiones. Es una reasignación interna de los Gores para emergencias locales.

2. 2% Constitucional: Es una facultad presidencial extraordinaria y de alcance nacional, que permite al Jefe de Estado inyectar recursos no contemplados en la ley. Solo se ha usado en crisis de magnitud histórica reciente, como el rescate financiero del Transantiago (2008) y los planes de contención durante la pandemia de Covid-19 (2020).

Presidente Kast despliega copamiento de medios y presencia en terreno mientras el sistema frontal golpea su punto más crítico en el centro-sur