Victor Manuel Arce Garcia
El proyecto de Reconstrucción Nacional dejó atrás el Senado y ahora enfrenta su prueba más delicada en la Cámara de Diputados. El Gobierno reconoce que el tercer trámite constitucional será más complejo que la negociación desarrollada en la Cámara Alta, donde el Ejecutivo logró despachar la iniciativa tras intensas conversaciones. El margen de maniobra se ha reducido y las piezas del tablero político se mueven con rapidez.
Los cálculos del Ejecutivo muestran un panorama ajustado. Durante el primer trámite en la Cámara Baja, el Partido de la Gente aportó 14 votos que resultaron decisivos. Ahora, tras las conversaciones sostenidas entre el ministro de Hacienda Jorge Quiroz y el fundador del partido Franco Parisi, La Moneda estima que solo cuatro diputados del PDG estarían dispuestos a respaldar nuevamente la iniciativa. Entre ellos se mencionan Javier Olivares, Alex Nahuelquín, Patricio Briones y Zandra Parisi.
Esta reducción del apoyo coloca al Gobierno en una situación de alta vulnerabilidad. Con el oficialismo manteniendo sus respaldos habituales y sumando únicamente esos cuatro votos del PDG, la iniciativa alcanzaría alrededor de 79 apoyos en una Cámara de 155 diputados. Esa cifra representa apenas uno por encima del quórum necesario para ratificar las modificaciones introducidas por el Senado.
Cualquier desmarque adicional podría impedir la aprobación de algunos artículos modificados y obligar a conformar una comisión mixta entre ambas cámaras. Esa instancia retrasaría la entrada en vigencia de una de las principales reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo y abriría un nuevo espacio de negociación donde participan parlamentarios críticos del contenido del proyecto.
Los diputados del Partido de la Gente vuelven a ocupar un rol protagónico. Zandra Parisi sostuvo esta semana una reunión con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, para abordar el avance del proyecto de devolución del IVA para pañales y medicamentos, una de las principales demandas de la colectividad.
Tras el encuentro, la diputada evitó comprometer su voto de manera definitiva. “Mi voto no está… Veamos si está para aprobar, para rechazar o para una abstención”, declaró, a la espera del texto definitivo despachado por el Senado. Desde el PDG insisten en que los compromisos deben respetarse y que los acuerdos tienen valor. Javier Olivares, en cambio, adelantó que mantendrá su respaldo porque “la patria necesita avanzar en medidas que permitan acelerar la reconstrucción de las familias y comunidades afectadas por distintas catástrofes”.
El Gobierno ha reiterado que no existe condicionamiento de votos a cambio del cumplimiento de otros compromisos legislativos. Sin embargo, la dinámica política muestra que el PDG evalúa caso a caso y que su apoyo no está garantizado de manera automática. La ministra del Trabajo y otros integrantes del gabinete ya trabajan en agilizar los proyectos pendientes con esta colectividad para reducir riesgos en el tercer trámite.
Una comisión mixta representa el peor escenario para el Ejecutivo en esta etapa. Por la integración reglamentaria, podrían participar la senadora Daniella Cicardini (PS) y el diputado Daniel Manouchehri (PS), dos de los parlamentarios que con mayor fuerza han cuestionado el contenido del proyecto y la conducción del ministro de Hacienda durante toda la tramitación.
El Gobierno ya diseña una estrategia para que la Cámara ratifique únicamente aquellas modificaciones del Senado que cuentan con respaldo oficial, minimizando el riesgo de abrir una negociación adicional que complique aún más el texto final. El objetivo es cerrar el trámite lo antes posible y evitar que el proyecto quede entrampado en instancias de conciliación entre ambas cámaras.
La experiencia de otras reformas económicas muestra que las comisiones mixtas suelen extender los plazos y generar nuevos puntos de fricción. En un contexto de alta polarización legislativa, cualquier demora adicional afecta la implementación de medidas destinadas a acelerar la reconstrucción de zonas afectadas por catástrofes naturales.
Mientras el Ejecutivo concentra esfuerzos en el tercer trámite, los partidos del Socialismo Democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista ya iniciaron la coordinación de una ofensiva jurídica. Una vez despachado el proyecto por el Congreso, presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional para impugnar algunos de sus principales pilares.
El principal cuestionamiento apunta al régimen de invariabilidad tributaria. La oposición estima que esta cláusula limita la capacidad de futuros gobiernos y mayorías parlamentarias para modificar la política tributaria del país. Durante la discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Daniel Núñez (PC) anunció reserva de constitucionalidad argumentando que ningún Gobierno ni el Congreso puede “amarrar a Chile por décadas” ni impedir que futuras mayorías democráticas definan la política tributaria.
El senador Diego Ibáñez (FA) respaldó esa posición y confirmó que la oposición también recurrirá al TC por las normas medioambientales incorporadas durante la tramitación legislativa. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, ratificó la estrategia: “Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional porque estimamos que la invariabilidad tributaria vulnera principios constitucionales y compromete decisiones que corresponden a futuras mayorías democráticas”.
En el oficialismo transmiten tranquilidad y sostienen que el articulado fue construido respetando plenamente el marco constitucional. Sin embargo, reconocen que un eventual pronunciamiento adverso del TC podría afectar la implementación de uno de los ejes centrales de la reforma.
En paralelo al cierre del proyecto de Reconstrucción, el Ejecutivo ya comienza a preparar el siguiente ciclo legislativo. Una vez despachada esta reforma, el foco se trasladará hacia una batería de proyectos laborales comprometidos por el Presidente durante su Cuenta Pública y liderados por el Ministerio del Trabajo.
Entre las prioridades destacan la modernización de la negociación colectiva, la reforma al sistema de capacitación laboral, modificaciones al Seguro de Cesantía, el fortalecimiento de la Dirección del Trabajo, nuevas medidas para fomentar el empleo juvenil y proyectos destinados a profundizar la conciliación entre la vida laboral y familiar, incluyendo modificaciones al cálculo de las 40 horas.
En el ámbito de la seguridad, el Gobierno buscará acelerar la tramitación de iniciativas vinculadas a inteligencia, fortalecimiento del sistema penitenciario, persecución del crimen organizado y otras reformas consideradas prioritarias para el segundo semestre. La hoja de ruta del Ejecutivo contempla avanzar simultáneamente en ambos frentes una vez que se resuelva el trámite de Reconstrucción.
El escenario que enfrenta el Gobierno refleja la fragilidad de las mayorías en el Congreso actual. La dependencia de apoyos puntuales del Partido de la Gente y la amenaza de recursos ante el Tribunal Constitucional evidencian un equilibrio de fuerzas inestable. Cualquier error de cálculo en el tercer trámite podría retrasar medidas destinadas a acelerar la reconstrucción de familias y comunidades afectadas por distintas catástrofes.
Para las zonas damnificadas, el proyecto representa una herramienta clave para agilizar procesos administrativos, mejorar la coordinación entre servicios públicos y canalizar recursos de manera más eficiente. Un retraso adicional o modificaciones sustantivas introducidas en comisión mixta podrían impactar directamente los plazos de recuperación en regiones que aún enfrentan secuelas de eventos recientes.
La estrategia opositora de recurrir al TC introduce un elemento adicional de incertidumbre. Un pronunciamiento del Tribunal que limite o anule la cláusula de invariabilidad tributaria podría alterar las expectativas de inversionistas y afectar la percepción de estabilidad regulatoria en el mediano plazo. Al mismo tiempo, la defensa del proyecto por parte del Ejecutivo busca resguardar un marco que considera esencial para dar certidumbre a los procesos de reconstrucción.
El Gobierno mantiene el optimismo respecto del desenlace final, aunque reconoce que el escenario político cambió tras el quiebre del acuerdo con el PPD durante la discusión en el Senado. La capacidad de articular apoyos en la Cámara de Diputados y de blindar el texto frente a eventuales impugnaciones constitucionales definirá si la reforma logra su objetivo de acelerar la reconstrucción o si queda entrampada en instancias adicionales de negociación y revisión.
En las próximas semanas, la atención del Congreso y del Ejecutivo estará puesta en el tercer trámite y en los movimientos que definan el apoyo del PDG. La resolución de este capítulo legislativo marcará el tono de la segunda mitad del año y determinará el margen de maniobra del Gobierno para impulsar su agenda laboral y de seguridad.
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