Diego Arenas
La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha una campaña de amplio alcance para neutralizar lo que considera una amenaza existencial a la soberanía estadounidense: la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. El secretario de Estado Marco Rubio lo anunció el 13 de julio de 2026 a través de un video y un comunicado oficial del Departamento de Estado, marcando una escalada significativa en la histórica desconfianza de Washington hacia el tribunal.
En su mensaje, Rubio acusó directamente a la CPI de “librar una guerra contra nuestro país” mediante estatutos, pactos y la fuerza del llamado derecho internacional. Según el secretario, el tribunal está impulsado por una red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas y gobiernos hostiles que comparten una enemistad hacia Estados Unidos. La intromisión en operaciones militares y policiales estadounidenses, argumentó, no solo representa una extralimitación de sus competencias, sino que podría llevar al “fin de Estados Unidos como nación soberana e independiente”.
El Departamento de Estado fue más preciso en su comunicado: la CPI “reclama la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en interés nacional”. Los estadounidenses, subrayó el texto oficial, “nunca aceptaron esto” y todos los presidentes desde la creación del tribunal han sostenido que carece de jurisdicción sobre ellos.
El núcleo de la posición estadounidense radica en la ausencia de consentimiento. Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma en 2000 pero nunca lo ratificó. Para Washington, permitir que un tribunal internacional juzgue a sus ciudadanos —especialmente a quienes portan armas en nombre de la nación— equivale a ceder el control del destino nacional a una instancia ajena a su Constitución y a su sistema democrático.
Rubio lo expresó con crudeza: aceptar la CPI significaría que “nuestra decisión y nuestro pueblo quedarían a merced de la CPI y de sus colaboradores en la comunidad internacional”. La independencia, insistió, “es nuestro derecho innato” y no se intercambiará “por el dominio de un clero autoproclamado del derecho internacional”.
Esta retórica conecta con una tradición más amplia de excepcionalismo estadounidense: la idea de que las fuerzas armadas de EE.UU. operan bajo reglas distintas porque defienden un orden liberal global del que otros se benefician sin asumir los mismos riesgos. La CPI, desde esta óptica, invierte esa lógica al pretender someter a los más poderosos a las mismas normas que aplican a Estados más débiles.
La oposición no es nueva. Tras la firma del Estatuto de Roma bajo Bill Clinton, la administración de George W. Bush lo “desfirmó” en 2002 y promovió la Ley de Protección a los Miembros del Servicio Estadounidense (ASPA). Esa legislación autoriza incluso el uso de fuerza para liberar a personal estadounidense detenido por la CPI y prohíbe la cooperación con el tribunal.
Durante el primer mandato de Trump, Washington impuso sanciones al fiscal jefe de la CPI por la investigación sobre Afganistán, que incluía posibles crímenes de fuerzas estadounidenses y de la coalición. La administración Biden las levantó en parte, pero la investigación nunca se cerró por completo. Ahora, con Trump de regreso, la respuesta pasa de sanciones puntuales a un esfuerzo sistemático por debilitar la institución en su conjunto.
El comunicado del Departamento de Estado detalla un enfoque “gobierno completo” para “deshabilitar sistemáticamente” la capacidad de la CPI de amenazar la soberanía estadounidense. Entre las acciones en consideración figuran:
Llamadas diplomáticas de alto nivel a gobiernos aliados y socios para que rechacen la jurisdicción de la CPI sobre estadounidenses y, en muchos casos, se retiren del tribunal. Países que dependen de asistencia de seguridad o cooperación militar con Washington enfrentarán mayor escrutinio si se niegan. También se contempla presionar a naciones no parte del Estatuto de Roma para que actúen en la misma dirección.
En el plano práctico, se prevén revocaciones de visas y prohibiciones de entrada a personal de la CPI, así como un aumento de sanciones contra el tribunal y organizaciones vinculadas. Ninguna opción diplomática queda descartada.
La campaña llega en un momento delicado. La CPI mantiene investigaciones activas en Palestina —donde emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, además de líderes de Hamás— y en Ucrania. Para muchos en Europa y en sectores de América Latina, el tribunal representa un mecanismo de rendición de cuentas cuando los sistemas nacionales fallan. Para Washington, sin embargo, se ha convertido en un instrumento que puede ser utilizado contra sus aliados más cercanos y, eventualmente, contra sus propias fuerzas.
La presión sobre socios que reciben ayuda estadounidense podría tensar relaciones en la OTAN y en regiones donde la cooperación militar es clave. Al mismo tiempo, el movimiento refuerza la narrativa de que las grandes potencias pueden moldear —o desmantelar— las instituciones multilaterales según sus intereses estratégicos.
Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado la iniciativa de “reprobable” y un ataque contra la justicia internacional construida en las últimas ocho décadas. La Unión Europea ha expresado que las amenazas contra la CPI son inaceptables. Críticos dentro de Estados Unidos, como la congresista Ilhan Omar, advierten que debilita la rendición de cuentas global en un momento de conflictos en Gaza y Ucrania.
Desde la perspectiva de la administración Trump, sin embargo, la CPI nunca gozó de legitimidad universal porque nunca contó con el consentimiento de la principal potencia militar del planeta. El argumento central sigue siendo el mismo que ha guiado la política exterior estadounidense durante más de dos décadas: ningún tribunal extranjero puede juzgar las decisiones soberanas de defensa nacional de Estados Unidos.
La campaña anunciada por Rubio no busca solo aislar a la CPI; busca redefinir los límites de lo que Washington está dispuesto a aceptar en materia de gobernanza global. En un mundo cada vez más multipolar, esa redefinición podría tener consecuencias duraderas tanto para la institución de La Haya como para el equilibrio entre soberanía nacional y normas internacionales compartidas.
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