Irmina Herrera
El Senado chileno aprobó, en tiempo récord y por un estrecho margen, una ley que autoriza al Gobierno de José Antonio Kast a aumentar su techo de endeudamiento en US$6.200 millones para el año 2026. Esta votación, caracterizada por divisiones políticas evidentes, pone de manifiesto las crecientes presiones fiscales que enfrenta la administración, debido a un déficit que supera las proyecciones iniciales.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la revisión de las proyecciones macroeconómicas ha revelado un panorama fiscal más complejo, con un incremento de US$3.800 millones para cerrar la brecha fiscal, US$900 millones atribuibles a la apreciación del peso chileno, y US$1.500 millones destinados a compromisos ineludibles, tales como deudas a proveedores y la liquidez del Tesoro. El ministro Jorge Quiroz destacó que esta medida no equivale a un “cheque en blanco”, sino que es una modificación necesaria para enfrentar la realidad fiscal vigente.
La utilización de estos fondos se llevará a cabo a través de decretos supremos que delinearán tanto los destinos como las fuentes de financiamiento, con la obligación de informar a las comisiones de Hacienda del Congreso.
Durante el debate, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expresó sus reservas. Su presidenta, Paula Benavides, alertó que la deuda bruta podría alcanzar entre el 43,1% y el 43,6% del PIB, acercándose al límite prudente del 45%. “Esto incrementa de manera permanente el gasto en intereses y reduce los márgenes de maniobra ante posibles choques adversos”, advirtió, instando a implementar medidas de consolidación fiscal con carácter urgente.
La mayoría de la oposición rechazó la propuesta, argumentando que exacerba el deterioro fiscal. No obstante, el oficialismo y algunos apoyos puntuales lograron asegurar los votos necesarios para su aprobación. La rápida tramitación de esta ley contrasta con otros debates legislativos que han sido más extensos y se produce en un año en el que el manejo de las finanzas públicas será objeto de un escrutinio exhaustivo por parte de mercados e inversionistas.
Este nuevo endeudamiento busca asegurar la continuidad de los programas y obligaciones estatales, planteando al mismo tiempo un debate renovado sobre la sostenibilidad fiscal en Chile. Los expertos coinciden en que, aunque resuelve brechas fiscales inmediatas, también exige una disciplina rigurosa en el gasto para evitar futuras presiones sobre las tasas de interés y el crédito privado.
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