
Alza de costos de construcción por guerra en Medio Oriente: cómo afecta el precio de las viviendas
Victor Manuel Arce Garcia
Alerta en el sector inmobiliario: Construcción proyecta un alza de casi 20% en sus costos debido a la crisis petrolera por la guerra en Medio Oriente
El encarecimiento global del crudo impacta de forma directa las cadenas de suministro del rubro, elevando el valor del transporte, las operaciones de faena y materiales base como el asfalto, el hormigón y las tuberías. Gremios advierten presiones sobre los precios, aunque el alto stock residencial amortiguará el golpe inmediato.
Las esquirlas económicas de la prolongada inestabilidad geopolítica internacional comienzan a traspasarse con fuerza a las estructuras de costos de la actividad productiva local. Al cumplir casi tres meses de hostilidades ininterrumpidas, la guerra en Medio Oriente ha consolidado un fuerte shock en los mercados energéticos globales que golpea de forma directa al sector inmobiliario chileno. Los comités técnicos del rubro estiman un incremento de casi 20% en los costos de construcción, un escenario que amenaza con estresar los presupuestos de las obras civiles y reconfigurar las proyecciones de inversión para el segundo semestre.
Desde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) explicaron que la persistente escalada en el precio internacional del petróleo actúa como un multiplicador inflacionario dentro de la matriz del sector. El encarecimiento del crudo no solo encarece los fletes marítimos y terrestres de la logística global, sino que impacta de forma severa el costo operativo de las maquinarias pesadas en faena y la fabricación de insumos críticos donde los hidrocarburos operan como materia prima directa, tales como el asfalto, el hormigón, las pinturas arquitectónicas y las tuberías plásticas de PVC.
Presión tarifaria y el colchón del stock disponible
La magnitud de este incremento ha encendido las alertas en las principales corporaciones del rubro. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) advirtió que un desajuste de estas proporciones en la base productiva ejerce una presión alcista inevitable sobre el valor final de las propiedades residenciales y comerciales en el mediano plazo, complicando los planes de acceso a la vivienda en los nudos urbanos del país.
No obstante, las plataformas de analítica sectorial introducen una cuota de cautela respecto a la velocidad con la que los compradores percibirán este incremento en los contratos de promesa:
Traspaso diferido en el tiempo: De acuerdo con las mediciones de la consultora tecnológica Iconstruye, el traspaso de este encarecimiento del 20% a las listas de precios al público no se ejecutará de forma inmediata en las salas de venta.
El factor de la sobreoferta: La ralentización que arrastra el mercado inmobiliario desde los ejercicios previos ha generado un alto stock de viviendas terminadas y en verde, lo que forzará a las empresas constructoras a absorber transitoriamente los mayores costos operativos para mantener la competitividad y dar salida al inventario disponible.
El escenario macroeconómico ante la Cuenta Pública
Este nuevo flanco de presión de costos sobre un sector intensivo en mano de obra como la construcción ocurre en una ventana política clave para el palacio de La Moneda. El biministro de Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, se encuentra articulando las prioridades que el presidente José Antonio Kast presentará ante el Congreso Nacional en la Cuenta Pública del 1 de junio, una instancia donde el Ejecutivo busca reactivar la confianza empresarial a través de la Ley de Reconstrucción y los planes de subsidio al empleo regional.
Para los equipos de planificación financiera, la contención de este shock externo dependerá de la estabilización de las rutas marítimas en el extranjero y de la flexibilidad que muestren las entidades bancarias locales para el financiamiento de los capitales de trabajo de las constructoras. El desafío de la industria de cara al cierre de este complejo mes de mayo consistirá en optimizar los procesos de gestión interna para evitar que la crisis de los suministros energéticos devenga en una parálisis de las obras en ejecución, resguardando la regularidad del empleo y la actividad económica en los diversos territorios del cono sur.


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