Victor Manuel Arce Garcia
El Ejecutivo concreta este domingo el tercer vuelo oficial de expulsión con 80 ciudadanos extranjeros. El diseño estratégico, elaborado por el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, busca plasmar la doctrina de tolerancia cero de la administración: "Migrante que no regularice su situación será expulsado".
El Palacio de La Moneda ha entrado en una fase de despliegue de máxima velocidad para cumplir con el núcleo duro de su agenda de orden público. Bajo una intensa presión transversal por exhibir resultados empíricos y contundentes en materia de seguridad ciudadana, el Gobierno busca acelerar el proceso de deportaciones en los próximos ocho días, activando un plan de contingencia destinado a materializar una de las promesas de campaña más emblemáticas del presidente José Antonio Kast y a neutralizar las críticas de la oposición de cara a la Cuenta Pública del 1 de junio.
Como muestra de este endurecimiento operativo, el Ejecutivo tiene previsto concretar durante la jornada de este domingo el despegue de su tercer viaje institucional con 80 migrantes expulsados, quienes abandonarán el territorio nacional bajo la estricta custodia de las unidades especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI). Este movimiento logístico opera como la antesala de un diseño mayor y de alcance estructural que el Mandatario pretende capitalizar políticamente en los próximos días para retomar de forma definitiva la iniciativa comunicacional en los nudos urbanos del país.
El esqueleto técnico de esta ofensiva migratoria fue diseñado directamente en las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones, bajo la conducción del exdiputado Frank Sauerbaum. El plan de acción —que fue visado por el comité político en las últimas horas tras el reciente cónclave ministerial presencial en el Palacio de Cerro Castillo— establece una reingeniería en los criterios de permanencia en el país, clausurando la etapa de flexibilizaciones administrativas que arrastraban los gobiernos precedentes.
Fuentes del círculo íntimo del Jefe de Estado adelantan que Kast prepara un anuncio de proporciones "masivas" y "contundentes" sobre control fronterizo, el cual se cimentará sobre una premisa jurídica inamovible:
Fin a la ambigüedad migratoria: El plan mandata que la totalidad de los ciudadanos extranjeros residentes en el país deben contar con su situación de visado e identidad plenamente regularizada en las bases de datos del Estado.
Aplicación de la fuerza legal: Aquellos individuos que ingresaron por pasos no habilitados o que no cumplan con los plazos perentorios de fiscalización dictados por la autoridad del ramo serán expulsados de forma inmediata del territorio nacional, activando puentes aéreos permanentes con los países de origen de la macrozona norte y el Caribe.
El factor temporal no es aleatorio para las huestes oficialistas. La decisión de concentrar las expulsiones en una ventana crítica de ocho días responde al diseño político del biministro de Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, y del subsecretario Máximo Pávez, quienes buscan limpiar los flancos de fricción legislativa y dotar de densidad ejecutiva el discurso del 1 de junio en Valparaíso.
Al exhibir aviones de la FACh despegando con decenas de expulsados judiciales y administrativos, el "gobierno de emergencia" pretende validar ante la ciudadanía la efectividad de sus ministerios sectoriales y respaldar los nuevos lineamientos de control territorial que lidera el ministro de Seguridad, Martín Arrau. La Moneda se juega así su carta más audaz del trimestre, intentando demostrar al espectro político que el cumplimiento de su doctrina de fronteras seguras no se detendrá ante las complejidades presupuestarias o los reparos de los comités de derechos humanos internacionales, instalando un estándar de rigurosidad técnica destinado a marcar el rumbo de la convivencia social en el cono sur de las Américas.
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