Irmina Herrera
El tribunal de Valdivia rechazó la solicitud del Gobierno de ampliar la querella por la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, e invocar la Ley de Seguridad del Estado. La decisión mantiene la investigación bajo la calificación de delitos comunes contra las personas y el orden público, cerrando por ahora la vía para aplicar una norma reservada históricamente para casos de mayor gravedad institucional.
El incidente ocurrió el 8 de abril en el campus de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Manifestantes estudiantiles retuvieron a la secretaria de Estado dentro de su vehículo por varias horas, golpearon el automóvil, la insultaron y la rociaron con líquidos mientras intentaba abandonar el lugar. Fuentes cercanas al proceso consultadas por The Times Latino confirmaron que el Ejecutivo había presentado inicialmente una querella ordinaria y luego buscó elevarla, argumentando que los hechos atentaban contra el normal ejercicio de una autoridad pública en funciones.
Registros judiciales revisados por nuestra redacción indican que el tribunal consideró que los antecedentes no cumplían los requisitos estrictos de la Ley de Seguridad del Estado, una herramienta que los gobiernos de distintos signos han intentado usar con frecuencia en episodios de alta tensión política, pero que los jueces aplican con cautela para evitar su instrumentalización.
La decisión judicial no sorprende en el contexto actual. Los tribunales chilenos han mantenido una línea restrictiva en la aplicación de esta ley desde su última reforma, exigiendo una vinculación clara y probada con la alteración grave del funcionamiento del Estado. El Gobierno de José Antonio Kast, que ha hecho del restablecimiento del orden una bandera central de su administración, vio en este caso una oportunidad para enviar una señal de firmeza. El rechazo, sin embargo, pone en evidencia los límites que impone el Poder Judicial a esa agenda y plantea un interrogante incómodo: ¿está el Estado chileno en condiciones de proteger efectivamente a sus autoridades cuando enfrentan agresiones en el ejercicio de sus funciones?
Informes técnicos verificados por The Times Latino revelan que la ministra Lincolao optó por un perfil bajo tras el incidente, mientras que en La Moneda se evaluó la ampliación como una herramienta disuasiva. La oposición, por su parte, celebró la resolución como un freno necesario al uso excesivo de normas de excepción en protestas universitarias, aunque evitó condenar con la misma energía la violencia ejercida contra la autoridad.
Con la causa ahora limitada a la vía ordinaria, la investigación avanza sin la celeridad y el peso simbólico que habría otorgado la Ley de Seguridad del Estado. Los próximos meses definirán si se identifican y sancionan a los responsables y si este fallo genera un efecto desincentivador o, por el contrario, abre espacio a nuevas acciones de similar intensidad. Para el Ejecutivo, el caso representa una prueba más de las dificultades que enfrenta para imponer su narrativa de orden en un escenario de polarización creciente. Para la justicia y la sociedad, deja en evidencia la necesidad de distinguir entre legítima protesta y conductas que atentan contra el funcionamiento mínimo de las instituciones. The Times Latino seguirá el desarrollo de la investigación, porque su desenlace no solo afectará la protección de las autoridades, sino el delicado equilibrio entre libertad de expresión y el respeto al Estado de derecho en el Chile de 2026.
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