Victor Manuel Arce Garcia
El fisco chileno se ahorró US$928 millones en abril de 2026 gracias al ajuste realizado en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), según un informe de JPMorgan. Sin embargo, esta decisión significó que los hogares chilenos asumieran directamente el impacto del alza en los precios internacionales del petróleo, trasladando la carga fiscal a los consumidores y afectando su capacidad de gasto en otras áreas.
El ajuste, concretado mediante decretos del Ministerio de Hacienda y Energía a finales de marzo, modificó la fórmula de cálculo del componente variable de los impuestos específicos a los combustibles. De esta manera, se redujo el subsidio estatal que absorbía las fluctuaciones del crudo, permitiendo un alivio inmediato para las cuentas públicas en un momento de presión por el encarecimiento global de la energía.
El MEPCO fue creado para actuar como un amortiguador frente a la volatilidad de los precios de la bencina, el diésel y el kerosene. En periodos de alzas pronunciadas del petróleo, el mecanismo ha implicado importantes desembolsos fiscales para mantener estables los precios al consumidor. Con tensiones geopolíticas impulsando el barril por encima de niveles críticos, las proyecciones indicaban un costo semanal elevado si se mantenía el esquema anterior.
En este escenario, la administración priorizó la disciplina presupuestaria. Aunque voceros de Hacienda habían señalado ahorros fiscales más modestos en torno a US$150 millones en etapas iniciales, el análisis de JPMorgan cuantifica en US$928 millones el beneficio neto para el erario solo en el mes de abril. Esta diferencia resalta la intensidad del cambio implementado.
De acuerdo con el banco de inversión, la magnitud del ajuste es notable. El ahorro representa cerca del 0,3 por ciento del PIB proyectado para 2025 y el equivalente al 0,4 por ciento del gasto total de los hogares. Esta última proporción implica que las familias chilenas destinaron recursos que, de otro modo, habrían sido utilizados en consumo de bienes, servicios o ahorro, lo que según los analistas ha contribuido a un enfriamiento en el ánimo de los consumidores.
El efecto no se limita al bolsillo individual. Mayores precios de los combustibles inciden en los costos operativos del transporte de carga y pasajeros, con potenciales repercusiones en la cadena de suministro y, eventualmente, en la inflación general. Así, la medida que favorece el equilibrio fiscal genera trade-offs en el frente de la demanda interna y el crecimiento económico.
Los hogares de ingresos medios resultan particularmente expuestos, ya que dependen del vehículo particular para la movilidad diaria sin contar con alternativas de transporte público óptimas en todas las regiones. Por su parte, los sectores más vulnerables, aunque menos dependientes del automóvil propio, enfrentan alzas en el transporte colectivo y en el precio de productos básicos transportados. Este patrón subraya la importancia de evaluar el impacto distributivo de las políticas fiscales.
La decisión ha generado reacciones en el espectro político. Sectores de la oposición han impulsado proyectos, incluyendo iniciativas de reforma constitucional, para derogar los decretos y restablecer los parámetros anteriores del MEPCO. Argumentan que el ahorro para el Estado se logra a expensas del poder adquisitivo de las familias en un contexto económico ya desafiante.
Desde la perspectiva gubernamental, el ajuste forma parte de un esfuerzo más amplio por contener el gasto y reducir el déficit, que ha sido una prioridad declarada. Recortes en ministerios y revisión de subsidios generales buscan liberar recursos para usos más focalizados o para mejorar las perspectivas de inversión y estabilidad macroeconómica.
A futuro, el desafío para las autoridades será perfeccionar instrumentos como el MEPCO para que cumplan su función estabilizadora sin generar presiones insostenibles sobre el presupuesto. Una posible vía apunta a focalizar los beneficios en el transporte público y en combustibles utilizados por hogares de menores recursos, como el kerosene, minimizando el impacto en vehículos particulares de mayor consumo.
El caso ilustra el complejo equilibrio que enfrentan los policymakers en economías expuestas a shocks externos: mantener la credibilidad fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas, al mismo tiempo que se preserva el bienestar de los ciudadanos y se fomenta el dinamismo económico. El monitoreo cercano de los indicadores de consumo y confianza será clave para calibrar futuras intervenciones.
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