Victor Manuel Arce Garcia
El cambio en el cálculo del MEPCO por parte del gobierno de José Antonio Kast ha llevado a un alza notable en el precio de la bencina. A través de un decreto administrativo, el promedio de precios internacionales se extiende de 2 a 4 semanas. Esto se traduce en costos más altos para los consumidores y millones en recaudación para el fisco. Aquí analizamos cómo un mecanismo que buscaba proteger a los chilenos se ha convertido, en la práctica, en un nuevo impuesto.
Juan Pérez, taxista de 48 años en la Región Metropolitana, detiene su auto frente a una bomba de Copec en Providencia. Mientras llena el estanque, observa el cartel: bencina de 93 octanos a$1.475 por litro. “Antes de este cambio, habría pagado menos”, murmura. Según cálculos basados en el precio internacional actual y el funcionamiento del mecanismo, sin la modificación reciente, el valor habría sido $1.454. Esta diferencia de $21 por litro, multiplicada por los millones de litros vendidos diariamente, impacta directamente en el bolsillo de millones de familias, transportistas y pequeños empresarios.
El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), creado en 2014 durante el gobierno de Michelle Bachelet, fue diseñado para evitar que las fuertes fluctuaciones del petróleo en el mercado global afectaran a los consumidores chilenos. Su funcionamiento original actuaba como un colchón: cuando el precio internacional subía, el Estado subsidia parte del alza mediante un ajuste en el impuesto específico a los combustibles. Cuando los precios bajaban, ese mismo impuesto se recuperaba gradualmente, suavizando las variaciones en la bomba. Como consignó el medio The Clinic
Sin embargo, el 23 de marzo de 2026, el gobierno de José Antonio Kast publicó un decreto supremo que amplió el período considerado para calcular el "precio de paridad de importación" de 2 a 4 semanas, permitiendo incluir precios más altos que afectan la base del cálculo. Este ajuste, sin debate previo en el Congreso, eleva artificialmente el costo de referencia, encareciendo el precio al consumidor.
Este detalle técnico es crucial: al promediar más semanas hacia atrás, el valor de referencia se mantiene elevado incluso cuando el barril de petróleo disminuye. Como resultado, el mecanismo que antes protegía al consumidor ahora representa un mayor cobro a través del impuesto específico. Fuentes del Ministerio de Hacienda han indicado que esta decisión busca contener el gasto fiscal en un contexto de estrechez presupuestaria. Estimaciones recientes sugieren que el fisco habría recaudado cerca de $5.000 millones solo en la última semana.
Expertos coinciden en que el MEPCO aún opera legalmente, pero sus parámetros han sido modificados. “Antes amortiguaba alzas; ahora acelera el traspaso de costos cuando el mercado internacional se relaja”, resume un informe de la Comisión Nacional de Energía.
La decisión fue adoptada ante un escenario internacional complicado, donde los precios del petróleo habían aumentado por tensiones geopolíticas y el fondo de estabilización presentaba un costo creciente para el Estado. En menos de 48 horas, este cambio entró en vigencia el 26 de marzo, provocando alzas históricas: el precio de la bencina de 93 octanos subió alrededor de $370 por litro en promedio nacional, y el diésel incrementó cerca de $580.
Para los sectores más vulnerables, el impacto se multiplica. Camioneros y propietarios de flotas de transporte público advierten que el mayor costo del diésel se traslada inevitablemente a los precios de alimentos y fletes. Familias que dependen de su auto para trabajar o que utilizan parafina para calefacción enfrentan un encarecimiento que erosiona su poder adquisitivo. “No es solo la bencina; es la cadena completa”, señala un dirigente del gremio de transportistas.
Desde La Moneda, el argumento ha sido la responsabilidad fiscal. “No podemos seguir endeudando al país para subsidiar combustibles indefinidamente”, ha reiterado el ministro Quiroz. A pesar de los anuncios de ayudas focalizadas —como subsidios a taxistas y congelamiento temporario de tarifas de transporte público—, estas medidas solo benefician a una parte de la población.
La oposición ha calificado el ajuste como una decisión política que prioriza ciertos intereses sobre el bienestar ciudadano. Diputados de diversas bancadas han presentado proyectos para revertir el decreto e restaurar los parámetros anteriores, argumentando que el Congreso debería haber sido parte de esta significativa modificación.
Más allá de los números y los decretos, la historia del MEPCO bajo el actual gobierno indica un cambio de filosofía. Lo que era un instrumento de protección se ha convertido, a través de un simple ajuste administrativo, en una herramienta que genera recaudación adicional para el Estado. Mientras tanto, Juan Pérez y millones de chilenos como él siguen enfrentando la diferencia en cada llenado de estanque.
El mecanismo continúa disponible sobre el papel. Pero para los conductores chilenos, la pregunta es clara: ¿realmente protege al consumidor o prioriza las finanzas públicas? El tiempo y los próximos ajustes de precios brindarán la respuesta definitiva.
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