Diego Arenas
El gobierno del presidente Donald Trump ha recalibrado su estrategia de deportaciones masivas, transitando de tácticas agresivas y de alto perfil a un enfoque más discreto en la aplicación de las leyes migratorias, aunque insiste en que no renuncia a sus ambiciosos objetivos de expulsión. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, enfatizó durante su audiencia de confirmación la necesidad de mantener al departamento fuera de las portadas de los periódicos, un contraste marcado con las acciones iniciales que generaron controversia pública.
Atrás quedaron los videoclips en redes sociales del ahora retirado comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, enfrentándose a manifestantes. La predecesora de Mullin, Kristi Noem, realizó su primer viaje como secretaria a la ciudad de Nueva York para efectuar arrestos junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En cambio, Mullin viajó a Carolina del Norte para supervisar los esfuerzos de recuperación tras el paso de un huracán.
El gobierno republicano parece estar recalibrando su enfoque respecto a una política fundamental que contribuyó a devolver a Trump a la Casa Blanca, alejándose de tácticas agresivas y de cara al público. “Claramente se han distanciado de las tácticas bovinistas de antaño”, señaló Mark Krikorian, presidente del Centro de Estudios de Inmigración. “Pero no está claro si esto significa que realmente se estén alejando del tema migratorio”.
El año pasado, las operaciones en ciudades gobernadas por demócratas dispararon los arrestos en redadas a gran escala, lo que provocó enfrentamientos y, según informes, derivó en la muerte por disparos de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis. Desde entonces, la agenda antiinmigratoria ha perdido popularidad entre los votantes y no se han lanzado nuevas operaciones de alto perfil.
“Seguimos haciendo cumplir las leyes de inmigración. Seguimos deportando a indocumentados que no deberían estar aquí. Seguimos yendo tras lo peor de lo peor, pero lo estamos haciendo de una manera más discreta”, declaró Mullin en una entrevista con CNBC el pasado 16 de abril. Las detenciones realizadas por ICE han caído en los últimos meses y el número de personas bajo custodia ha descendido desde un máximo de aproximadamente 72.000 en enero hasta las 58.000 de esta semana.
Sin embargo, ICE afirma en documentos presupuestarios que planea expulsar a un millón de personas durante este año fiscal y el próximo, en comparación con las aproximadamente 442.000 expulsadas el año pasado. La agencia cuenta con fondos más que suficientes tras la asignación de más de 170.000 millones de dólares por parte del Congreso al Departamento de Seguridad Nacional para la agenda migratoria.
El gobierno tiene como objetivo disponer de espacio suficiente para detener a unas 100.000 personas, duplicando con creces el promedio del año anterior, mediante la adquisición de 11 almacenes distribuidos por todo el país. “Están trabajando para construir, realmente, un sistema colosal”, afirmó Doris Meissner, exdirectora del Servicio de Inmigración y Naturalización e investigadora principal en el Instituto de Política Migratoria.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes se preparan ante la expectativa de que el gobierno centre su atención en despojar de sus protecciones a migrantes con estatus legal temporal. El número de tarjetas de residencia aprobadas se redujo a la mitad en el transcurso de un año, con caídas pronunciadas en visas humanitarias destinadas a refugiados o a personas que reunían los requisitos para solicitar asilo. El gobierno también ha impulsado la revocación del Estatus de Protección Temporal a cientos de miles de personas, mientras la Corte Suprema conoce un caso clave sobre si se han excedido sus facultades.
Esta tendencia permite al departamento operar sin el espectáculo público que conllevan las redadas en los lugares de trabajo o las detenciones domiciliarias, enviando al mismo tiempo un mensaje intimidatorio a las comunidades de inmigrantes.
ICE ha establecido acuerdos con diversas jurisdicciones en todo el país, facultando a las fuerzas del orden locales y estatales para llevar a cabo una gama cada vez más amplia de tareas de control migratorio. Estos acuerdos, conocidos como 287(g), han pasado de 135 en 20 estados antes de que Trump asumiera el cargo a más de 1.400 en 41 estados y territorios en la actualidad. Algunos estados, muy notablemente Florida y Texas, han hecho obligatorias diversas formas de cooperación.
Se espera que el zar de la frontera Tom Homan priorice nuevas conversaciones sobre cómo las ciudades y los estados pueden cooperar con ICE. “A fin de cuentas, es muy posible que parte de esto logre aumentar las cifras”, indicó Meissner.
Conservadores que abogan por más deportaciones sostienen que la única manera de combatir verdaderamente la inmigración ilegal es dificultar tanto el trabajo para los migrantes que estos terminen marchándose por su propia voluntad. La administración ya ha tomado medidas para complicar la vida de las personas que se encuentran ilegalmente en el país, entre ellas restringir el acceso a la vivienda pública en función del estatus migratorio, compartir información de Medicaid con ICE y exigir que las personas en situación irregular se registren ante el gobierno federal.
Se sugieren auditorías reiteradas y sistemáticas de los formularios I-9, cartas de alerta de la Administración del Seguro Social a empleadores y posibles exigencias a bancos para recopilar información sobre la ciudadanía de sus clientes. Mike Howell, miembro de la Coalición para la Deportación Masiva, insiste en que “las cifras de deportación son, sencillamente, demasiado bajas” y urge medidas para alcanzar realmente la meta de un millón anual.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró que no se ha producido ningún cambio en la estrategia del presidente. “La máxima prioridad del presidente Trump ha sido siempre la deportación de los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales que ponen en peligro a las comunidades estadounidenses”.
Este recalibramiento permite al gobierno avanzar en sus objetivos sin generar el mismo nivel de oposición pública que acompañó las operaciones iniciales. Aunque las cifras visibles de detenciones han disminuido, la expansión de capacidades, la eliminación selectiva de protecciones y la multiplicación de alianzas locales sugieren un esfuerzo sostenido por construir un sistema migratorio más robusto y extendido. Analistas coinciden en que el éxito de esta aproximación dependerá de su capacidad para equilibrar discreción operativa con resultados concretos en un panorama político donde la opinión pública muestra señales de fatiga ante políticas de línea dura.
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