Lucía Rivas Pereira
En el contexto educativo chileno, donde la seguridad y el aprendizaje son fundamentales para miles de estudiantes, la reciente decisión del Ministerio de Educación ha desatado un intenso debate sobre la protección real y el impacto de la ideología política.
Este 28 de abril de 2026, la Superintendencia de Educación anunció la derogación de tres circulares —781 y 782 (diciembre de 2025) y 202 (marzo de 2026)— que actualizaban los reglamentos internos de los colegios. Estas normativas promovían la autonomía progresiva y la perspectiva de género en la educación parvularia. Aunque aún no habían entrado en vigencia, los establecimientos seguirán operando bajo regulaciones anteriores mientras se preparan nuevas instrucciones para antes del 1 de julio.
La ministra María Paz Arzola y la superintendenta Pamela Adriazola argumentaron que la derogación es un alivio necesario para las comunidades educativas, reduciendo la burocracia ante la llegada de la Ley 21.809, que obliga a prevenir y sancionar la discriminación y el acoso escolar. Sin embargo, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ha reaccionado enérgicamente, calificando esta medida como un acto de ideologización de la política pública, cediendo ante las presiones de la ultraderecha.
“Los delirios de la ultraderecha han encontrado eco en esta derogación”, afirmó el Movilh, añadiendo que las directrices derrocadas no eran radicales, sino que reforzaban derechos ya consagrados. Esta decisión, aunque no modifica el marco legal vigente, envía un mensaje regresivo a millones de estudiantes al cambiar el enfoque hacia la inclusión y el respeto.
La controversia no se limita a la normativa, sino que también afecta a docentes, padres y estudiantes. Un profesor de la Región Metropolitana expresó: “Cada vez que hay un caso de bullying por orientación sexual o identidad de género, necesitamos claridad en las herramientas. No es ideología, es convivencia básica”. Las familias de niños trans y no binaries temen que la falta de referencias explícitas a la perspectiva de género exponga a sus hijos a silencio institucional.
Desde el gobierno, se sostiene que la derogación no implica un retroceso en derechos, sino un ordenamiento normativo necesario. Sin embargo, el Movilh enfatiza que el simbolismo de estas decisiones es crucial: “Cuando se critica la ideologización de la educación y se actúa de una manera similar para ganar aplausos, se está fallando a la niñez que solo pide dignidad”.
Este episodio destaca una tensión persistente en Chile: cómo equilibrar la autonomía de los establecimientos, la carga docente y la protección efectiva de estudiantes vulnerables. A medida que se desarrollan nuevas directrices, la comunidad sigue esperando que las aulas sean espacios de aprendizaje y no de controversias ideológicas. La verdadera prueba radicará en cómo se implemente la Ley 21.809 en la práctica cotidiana.
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