Irmina Herrera
El presidente José Antonio Kast admitió hoy un "error por desconocimiento", al organizar un almuerzo privado con excompañeros de la universidad en el Palacio de La Moneda, señalando que hubo financiamiento público para el servicio de dicha actividad.
Durante un seminario del Consejo para la Transparencia, el Mandatario se refirió a la controversia generada tras el encuentro, que tuvo lugar hace dos semanas con exestudiantes de Derecho de la Universidad Católica. "Está claro que cometí un error por desconocimiento, y no se va a volver a repetir”, afirmó, generando risas entre los asistentes cuando añadió que, a partir de ahora, "nadie se puede sentir invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial".
En un posterior punto de prensa en La Moneda, Kast aclaró que si bien "en el tema del almuerzo no hubo financiamiento público", esta afirmación se limitaba al evento en su totalidad, ya que el servicio fue cubierto con recursos fiscales. Además, defendió que en un cóctel en el Palacio no hubo gastos públicos.
El Presidente confirmó que la Contraloría General de la República está realizando diligencias de fiscalización tras las denuncias de la oposición, y aseguró que su Gobierno ha respondido a todos los oficios de fiscalización recibidos. "Esperamos que pronto la Contraloría, con todos los antecedentes, dictamine", añadió Kast.
La controversia surgió a raíz de denuncias presentadas por diputados del Partido Socialista, quienes acusaron el posible uso de recursos públicos en una actividad privada. Inicialmente, La Moneda había sostenido que el almuerzo había sido financiado completamente por el Presidente.
Kast también defendió los gastos de la Oficina del Presidente Electo (OPE) durante la transición, comparándolos con prácticas de administraciones pasadas. “Esos antecedentes se le han entregado a la Contraloría”, reiteró, afirmando que su administración está comprometida con una auditoría exhaustiva del aparato estatal, con la colaboración de más de mil auditores internos.
Con estas declaraciones, el Presidente busca cerrar la polémica y reafirmar el compromiso de su Gobierno con los estándares de transparencia y probidad. La Contraloría debe aún emitir su dictamen final sobre el caso.
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